El presidente polaco, Andrzej Duda, ha promulgado las dos leyes que reforman el sistema judicial, desafiando con ello las críticas de Bruselas, que ha abierto un procedimiento que podría culminar en la suspensión de su derecho de voto por atentar contra el Estados de derecho.

“He tomado la decisión de promulgar estas leyes”, ha anunciado Duda en una declaración retransmitida en directo por la televisión polaca, reaccionando así al anuncio realizado por el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

“Con gran pesar hemos activado el artículo 7.1 (del Tratado de la Unión Europea), pero los hechos no nos dejaban otra opción”, ha anunciado Timmermans, subrayando que la decisión llega tras dos años intentando sin éxito establecer un diálogo con Varsovia para tratar de enmendar la controvertida reforma de la judicatura que preocupa a Bruselas, porque a su juicio concede al Gobierno ultraconservador polaco todo el control sobre el Poder Judicial.

Con todo, el vicepresidente comunitario ha negado que Bruselas esté recurriendo al “botón nuclear” y ha subrayado que sigue abierto al “diálogo 24 horas al día, siete días a la semana”. En este sentido, ha asegurado que si Varsovia da marcha atrás en sus reformas y ponen en práctica las enmiendas que le pide Bruselas, entonces el Ejecutivo comunitario, de acuerdo al Consejo y la Eurocámara, podría “reconsiderar” la aplicación del Artículo 7.

El Gobierno dirigido por el partido conservador Ley y Justicia (PiS) se ha mostrado dispuesto a dialogar con las instituciones comunitarias y con el resto de Estados miembros, pero señaló que no puede aceptar “opiniones unilaterales e injustas”. Su intención, agregó, es “continuar con la reforma de su sistema judicial” porque el Gobierno se lo debe a sus “votantes”, argumento esgrimido por PiS para aprobar sucesivos cambios en los principales tribunales y organismos de la judicatura desde que llegó al poder en 2015.

Comenzó con la reforma del Tribunal Constitucional y continuó con leyes que han modificado el funcionamiento y la constitución del Tribunal Supremo, el Consejo Nacional de la Judicatura (el organismo que designa a los jueces), los tribunales ordinarios y la fiscalía.

Ha seguido su camino a pesar de las continuas protestas en las calles y las críticas internacionales y de la oposición, que alerta, como Bruselas, de que las reformas violan la separación de poderes y aumentan la capacidad de control político sobre la justicia, que puede dejar de ser independiente en Polonia.

Ley y Justicia, el primer partido que ha conseguido mayoría absoluta en la historia moderna de Polonia, sostiene que cuenta con un mandato democrático para reformar el sistema judicial y recuerda que éste nunca ha sido verdaderamente “purgado” tras la caída del comunismo, a pesar de ser corrupto e ineficiente.

“La reforma judicial actual es muy necesaria. El diálogo entre la Comisión y Varsovia debe ser abierto y honesto. Creo que la soberanía de Polonia y la idea de una Europa unida pueden reconciliarse”, ha escrito en su cuenta de Twitter el nuevo primer ministro del país, Mateusz Morawiecki, que accedió al cargo la semana pasada tras una remodelación del Gabinete.

En opinión de su Gobierno, el proceso abierto por la CE supone “estigmatizar innecesariamente” a un país y “ejercer una presión política innecesaria” y debería ser el Tribunal de Justicia de la UE el encargado de decidir si un Estado miembro incumple alguna de las obligaciones que marcan los tratados.

Uno de los apartados más polémicos de la reforma del Supremo es la rebaja de la edad obligatoria de jubilación para los jueces, que pasa de 70 a 65 años, lo que obliga a parte de los 87 magistrados en activo a dimitir a menos que el presidente del país les exima de manera individual de esa exigencia.

Por su parte, la reforma del Consejo Nacional de la Judicatura da al Parlamento, donde el PiS cuenta con mayoría absoluta, el poder de elegir a 15 de los 25 magistrados de este órgano, que hasta ahora eran nombrados por otros jueces.

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