Veinte años después de la ley de liberalización del suelo de José María Aznar, que catalogó como urbanizables todos los terrenos salvo que estuviera expresamente  prohibido, el PP vuelve a retomar el espíritu de aquella norma. Buscaba dinamizar la construcción y muchos expertos la sitúan en los orígenes de la burbuja inmobiliaria que explotó una década más tarde dejando un peculiar paisaje rural con decenas de urbanizaciones y edificios sin terminar.

Ahora, el líder del PP, Pablo Casado, ha prometido suavizar las restricciones a la edificación en zonas rurales para combatir la despoblación si llega a gobernar. En paralelo, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunciaba el silencio administrativo positivo en los trámites parciales urbanísticos en Andalucía.

Casado cree que “hay zonas en las que tenemos cuatro casas y la ley del suelo impide hacer más”, u “obliga a hacer un adosado” prohibiendo que se construya una “piscina o una tapia para que los niños jueguen”. “Vamos a flexibilizar estas cuestiones de licencias de la Administración” para permitir que se construyan más inmuebles en zonas rurales despobladas. “Quien dice casa, dice negocio o una nave”, dijo, informó Cinco Días. Sus propuestas se enmarcan en la entrada en campaña del problema de la “España vaciada”, aquella que cuenta con una densidad de población que no llega a doce habitantes por kilómetro cuadrado, tras la masiva manifestación de la semana pasada.

“Debate desenfocado” y riesgo de descontrol

Las propuestas del PP, aún bastante inconcretas, suponen para el investigador del Instituto para la Democracia y el Municipalismo Mario Espinoza, fomentar el “neodesarrollismo” e inciden en las “fórmulas clásicas de la burbuja”. La idea de Casado de flexibilizar leyes del suelo en zonas rurales sin interrogarse, según este experto, sobre cuáles son las necesidades de tales entornos y por qué hay límites a la construcción, provocaría “una atracción de capitales dentro de un proceso especulativo”. “Se ponen todos los cimientos para que puedan darse las peores inercias del modelo financiero, inmobiliario y turístico de este país”.

Por su parte, un experto en suelo de una importante entidad, que no quiere ser identificado, considera que la propuesta de Casado está “desenfocada”. A su juicio estaría bien flexibilizar el régimen de usos de las ordenanzas urbanísticas, pero no solo en el medio rural. “De hecho, el medio rural es más susceptible a la comisión de tropelías, en ocasiones es más sensible desde el punto de vista medioambiental” lo que puede llevar al descontrol, admite. A su juicio, el problema del despoblamiento no es el urbanismo.

Varios de los urbanistas consultados coinciden en esta idea de que la construcción no es el remedio para unos territorios con población envejecida y cada vez más escasa. Raquel Rodríguez, arquitecta urbanista por la UPM y profesora asociada del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la ETSAM, expresa sus dudas al respecto. “Me extraña mucho que los problemas de pérdida de población estén vinculados con la posibilidad o no de construir. Primero porque en el mundo rural hay mucho patrimonio vacío y segundo porque creo que es un problema de redistribución de la riqueza y de modelo productivo”.

Las ciudades acumulan la renta y las oportunidades laborales, recuerda, y “extraen del mundo rural todo lo que necesitan para funcionar, sin devolver nada a cambio”. “No sé en qué va a mejorar la situación permitir que cualquiera haga una casa o una piscina como sugiere donde le vaya bien. Eso acabará con lo único potente que le queda a esa España vacía que es el territorio y su valor ambiental”, afirma Rodríguez, recordando además que se trata de una competencia autonómica.

Contra este criterio, la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), se muestra favorable a una ley  del suelo actualizada “que dé respuesta a los problemas y necesidades actuales y que, en este sentido, cuente con la flexibilidad necesaria para contribuir a la repoblación de estas zonas”.

Otras ideas que aportan son el paso de suelos demaniales (públicos) a patrimoniales para abordar “colaboraciones público-privadas de dinamización del entorno”, así como sustituir la obtención de licencia de primera ocupación por una declaración responsable, explica Jaime Fernández, de APCEspaña.

Andalucía y el silencio administrativo positivo

Por su parte, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunciaba también esta semana que “dentro de muy poquito” el Gobierno andaluz aplicará el silencio administrativo positivo para trámites urbanísticos parciales. Esto quiere decir que si se pide una licencia de obra y en quince días el Ejecutivo autonómico no contesta a la consulta realizada por los ayuntamientos, estos serán “libres para actuar”.

A este respecto, Espinoza se pregunta cómo se va a canalizar este silencio administrativo positivo y si se hará con declaraciones responsables. “Pero eso implica que por ejemplo cuando se construya cerca de un bien protegido, si uno puede hacerlo de manera rápida y sin necesidad de consulta, puede generar bastantes problemas, como por ejemplo que te cargues ese bien de interés cultural”.

“Va a ser un impulso al desarrollo en términos puramente económicos y de turistificación”, prevé Espinosa. “Si hay proyectos paralizados puede ser por algo, no meramente porque estén en un cajón, sino porque estén evaluándose por un caso particular”, concluye.

En el otro lado, de nuevo, se sitúa la Asociación de Constructores de España: “valoramos esta iniciativa siempre que produzca efectos legales, es decir, una aprobación de licencia automática. Por lo que subyace detrás de ella para el comprador de vivienda: ahorro de plazos y ahorro en el precio de la misma”. Según aseguran, “unos menores costes en la construcción–financieros y de estructura redundarían, lógicamente, en el precio”.

En el caso de la ley andaluza, pronto se conocerán los detalles, mientras que la estatal, que promovería Casado, dependerá del resultado de las próximas elecciones generales del 28 de abril.




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