El juez del caso Taula se interesa por los gastos de la campaña de 2011, que se saltaron las propias normas internas

Carmen Navarro, tesorera del Partido Popular a nivel nacional, se ha visto obligada a entregar a la Justicia su escrito al Tribunal de Cuentas en 2012 en el que la formación intentó pasar como gastos electorales los más de 37.000 euros gastados en bocadillos y refrigerios ofrecidos a los periodistas que seguían a Mariano Rajoy y a los interventores del partido.

Tal y como informa ValenciaPlaza, Navarro le ha enviado el informe tras pedírselo el fiscal Anticorrupción y el magistrado que investiga el caso Taularelativo a la presunta financiación irregular del PP en la ciudad de Valencia durante la época de Rita Barberá.

El Tribunal de Cuentas rechazó gastos del Partido Popular durante la campaña electoral de las autonómicas de 2011. En concreto, varias facturas referidas a bocadillos, pinchos y refrigerios que sumaron un total de 37.724,69 euros. Y con gastos adjudicados a sospechosos habituales de la financiación del Partido Popular, como el grupo Arturo, del expresidente de la patronal madrileña.

Entre las facturas que el PP intentó colar hay una comida del ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los periodistas que le acompañaban en su caravana electoral. Una comida tradicional -de la que se excluye a los informadores cuyos medios no hayan pagado con la cuota que exige el PP- y que costó 1.892,16 euros que el PP facturó a la empresa La Blonda, pero que el Tribunal de Cuentas no aceptó como gasto de campaña.

La Blonda fue una de las empresas que más se benefició en esa campaña, pues recibió 14.179, 32 euros por dar comida y bebida a apoderados e interventores durante la campaña electoral, así como 1.169,12 euros por el aperitivo ofrecido en un acto con mujeres candidatas. También la empresa Abraham García facturó 16.200 euros como gastos de cátering de “interventores y y apoderados”.

Aunque una de las mejores facturas, en tierra propia, fue la de Arturo Fernández, investigado en Bankia y en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid, que cobró 3.240 euros por los bocadillos del cierre de campaña en el Palacio de Deportes de Madrid. El acto fue protagonizado por primeros espadas como Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy y la coordinación del evento correspondió a Ana Mato, pendiente de sentencia en el caso Gürtel.

En el escrito enviado al juez del caso Taula, la tesorera Carmen Navarro se esmera en justificar que “en pasadas elecciones se han incluido gastos similares”. Y alega que “los gastos de restauración, bocadillos y refrigerios, de periodistas y de personal que contribuye a la realización de actos de campaña, son un gasto más asociado a tales actos, como pueden ser el montaje, la iluminación, el sonido etcétera”.

Navarro señala que los gastos de cátering “no están específicamente recogidos” en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que regula lo que se entiende como gastos electorales “pero se pueden entender incluidos en el apartado C y H”. Dichos apartados a los que alude Navarro señalan que son gastos de campaña el “alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral” y “cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para las elecciones”.

Desde luego, nada que se parezca a bocadillos. Pero es que Navarro también ha entregado al juez las propias normas del PP para la campaña electoral de 2011, y ahí tampoco se permiten semejantes gastos. Sólo se señala que, en los gastos de viaje, como gasolina, autopista o comida, habrá que adjuntar el ticket y la fotocopia el DNI de quien lo haya necesitado.

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