Prostitutas de tres en tres en hoteles de lujo, sobres con billetes de 500 euros, transferencias digitales de 15.000 euros, regalos de Hermès y, sobre todo, caviar.



Estas son las evidencias que ha encontrado el Equipo Independiente de Investigación sobre la Corrupción en el seno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) y que ha sido presentado en la sesión plenaria que se celebra a lo largo de esta semana. En el epicentro, el senador valenciano del PP Pedro Agramunt, que ha sido señalado por actividades de corrupción para favorecer a Azerbayán en la investigación del Consejo de Europa (COE) sobre los derechos de los presos políticos en ese país de Asia Central. Agramunt fue obligado a dimitir de la Presidencia del Consejo cuando salió a la luz pública la investigación de la diplomacia del caviar, como se la conocía.


Favores, regalos y dinero habrían sido utilizados por el lobby de Azerbayán para lograr un informe favorable en el Strässer Report y el beneplácito de los observadores internaciones del COE que viajaron a la capital, Bakú, durante las elecciones generales. Pero la conexión de Agramunt con el lobby azerí viene de años atrás, cuando logró la presidencia en el Grupo Popular Europeo dentro del Consejo. El informe ha sido presentado por Gerald Knaus, presidente del think tank European Stability Initiative (ESI), y autor de la investigación. En él se recogen detalles de cómo Agramunt pagó de su bolsillo el viaje de un miembro del Consejo para que pudiera votarle. Su país había vetado el viaje a este diputado nacional por una condena de violencia de género.

También se acusa al expresidente del grupo de centro-derecha en PACE, el italiano Luca Volonté, de cobrar 2,39 millones de euros a través de varias Fundaciones, a cambio de manipular los votos en el órgano parlamentario con el fin de proteger los intereses de Azerbaiyán. La principal diferencia de su caso con el del senador valenciano es que Volonté está siendo investigado por la Fiscalía de Milán por este presunto soborno. Ambos han sido acusados de no cumplir los estándares de GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción dentro del Consejo de Europa.

El problema, señalado por Agramunt en sus alegaciones a los investigadores, es que el Consejo de Europa no tienen capacidad para obligar jurídicamente a España ni tampoco es un órgano judicial vinculante. El COE es una organización supranacional en la que 44 Estados se comprometen a velar por la justicia, la democracia y los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras. Su órgano más importante es el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuyas resoluciones vinculan relativamente a los países miembros, ya que no tiene capacidad sancionadora, como sí ocurre con la Unión Europea.

En sus conclusiones, el informe acusa de actividades lobistas a los parlamentarios del COE Eduard Lintner, Sted Goris, Jaakko Laakso, Karin S. Woldseth y Göran Lindblad. También acusa de actividades corruptas a Luca Volonté, Elkhan Suleymanov y Muslum Mammadov. Y finaliza diciendo que hay una “fuerte sospecha” de que Pedro Agramunt ha sido parte o ha participado en “actividades de naturaleza corrupta”. Todos ellos habrían roto el Código de Conducta del Consejo.

Lo más significativo es que esta investigación se produjo mientras el senador Agramunt ostentaba la presidencia de la Asamblea Parlamentaria, lo que le obligó a presentar su dimisión antes de que finalizara su mandato de un año prorrogable por otro, el pasado 6 de octubre, presionado por el Consejo de Europa. El senador adujo en aquel momento “motivos personales”. La Asamblea del COE, reunida desde este lunes, ha urgido a debatir el informe presentado por ESI.




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