El Partido Popular de Madrid no va a sancionar a los afiliados que realizaron comentarios machistas sobre una compañera de partido ni al diputado regional que coordinaba el grupo de Whatsapp ‘Populares Vicálvaro’, en el que se realizaron estas manifestaciones. El Comité de Garantías de la delegación madrileña ha decidido archivar el expediente, tras la denuncia interpuesta por la afectada. Entre la documentación aportada incluyó mensajes en los que se referían a ella como “mojón rubio o zanahoria”, dependiendo del color del tinte de su pelo.

La denunciante también destacó manifestaciones como “[el mojón] hoy venía oxidado … no me extraña… hay q tener estomago” o “creo q el negro cuando acabe con el mojon viene a por [un miembro del chat]” [sic]. Desde el gabinete de prensa del partido sostienen, que a pesar de que algunas de las manifestaciones realizadas en el canal de comunicación de los miembros del partido en el distrito madrileño Vicálvaro “son reprobables”, han decidido no sancionarlas porque se han realizado en  un “ámbito privado” y no de forma pública. 

Esta argumentación ya fue utilizada por los instructores del expediente iniciado tras la queja de la afiliada en el que proponían  al Comité archivar el caso. En este documento que la denunciante recibió en septiembre ya proponían el archivo de la causa. Los dos miembros del PP de Madrid que suscribían el documento alegaban que no podían aplicar los estatutos del partido porque estos comentarios se habían realizado en un “ámbito privado y por parte de los miembros de un grupo cerrado”.

Además, argumentaron en este escrito que se debía respetar “el derecho fundamental a la libertad de expresión”. Finalmente, concluyeron que “si esto se hubiera producido públicamente, podría haber sido calificado el supuesto como una infracción siempre y cuando hubieran sido manifestaciones públicas y a través de redes sociales”.

“Estoy muy dolida. Me siento humillada y vejada”, explicó a eldiario.es la mujer aludida en estos mensajes. Tras conocer la última decisión del PP de Madrid se siente “decepcionada” por el partido en el que ha participado activamente durante 25 años. “No voy a seguir siendo afiliada”, constata.

El grupo en el que se publicaron estos comentarios se creó para labores de coordinación de la campaña electoral autonómica del 2015. En él participaban afiliados de esa delegación política municipal, algunos son miembros del Comité Ejecutivo y otros vocales vecinos. El administrador del foro es el presidente del PP de Vicálvaro y diputado de la Asamblea de Madrid, Ángel Ramos.

La denunciante no era miembro del grupo, una de las personas que estuvo incluida durante dos años en este chat le alertó de estos mensajes degradantes y le facilitó un histórico de todas las conversaciones publicados en los dos últimos años. 

“No he recibido ninguna resolución oficial en la que me comuniquen el fallo. No sé cómo ni cuándo han tomado esa decisión”, lamenta esta mujer. Preguntados por este documento, desde el PP aseguran que sí ha recibido una respuesta oficial pero no han sabido detallar cómo se produjo.  La promotora de la causa se enteró del archivo en una de las llamadas que realizaba semanalmente a la sede de Génova para conocer cómo iba el expediente.

Expediente abierto contra la denunciada

A la vez que se instruía este caso, los miembros del grupo promovieron contra esta afiliada otra denuncia ante el Comité de Garantías que sí sigue en curso. En este caso, los instructores han dado por cierto y calificado como “infracción muy grave” la acusación de algunos de los implicados en el chat machista que aseguran que nueve afiliados de la agrupación del distrito madrileño de Vicálvaro – entre ellos, la aludida y su marido – les insultaron durante un pleno de distrito.

Los instructores de esta queja, que son los mismos que han promovido el archivo de los mensajes machistas, proponen que los denunciados hagan frente a la suspensión de militancia mínima de cuatro años e incluso a la expulsión por haber incurrido “en una manifiesta deslealtad al partido”. Sin embargo, esta mujer asegura que no acudió a ese evento (fechado el 11 de mayo de 2017) y aporta un certificado médico firmado ese mismo día por dos profesionales del servicio de oftalmología del hospital público Ramón y Cajal. En el informe estos profesionales sanitarios aseguran que se sometió a una intervención quirúrgica en ambos ojos, de la que fue dada de alta esa misma jornada.

“Yo he presentado todas las pruebas, todos los mensajes y lo archivan. Y resulta que tenemos otro expediente en el que no han podido presentar pruebas porque no las hay [en alusión a su informe médico] y sigue adelante. Eso demuestra que en el partido no tratan a todas las personas igual, porque esta causa está impulsada por un diputado regional”, finaliza la denunciante.

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