El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha planteado una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremopara que dirima si debe ser él quien investigue una supuesta filtración al ex presidente madrileño, Ignacio González, de una “magistrada amiga” de que estaba siendo investigado.

En una exposición razonada a la que ha tenido acceso La Vanguardia, el instructor remite este asunto al alto tribunal después de que un Juzgado de Madrid quisiera asumir esa investigación por un delito de revelación de secretos tras una denuncia de un abogado que tuvo conocimiento de los hechos por la prensa. García Castellón sostiene que la investigación ya estaba iniciada en su juzgado en el marco del caso Lezo y por eso debe continuar dentro del procedimiento que se investiga a González y por lo que fue enviado a prisión en abril del pasado año, y no dejarlo en manos de un Juzgado de Madrid, tal y como pretende este último.

Conflicto de competencias

El instructor de la Audiencia Nacional remite este asunto al alto tribunal después de que un Juzgado de Madrid pida asumir esa parte de la investigación por un delito de revelación de secretos

Es más, cuando el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid decidió asumir la investigación, la Fiscalía Anticorrupción recurrió la resolución ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que dio la razón al Ministerio Público y avaló su tesis de que la supuesta filtración a González de que estaba siendo investigado debe formar parte de la investigación por organización criminal. Aún así, el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Madrid decidió continuar con el asunto y por eso, ahora será el Tribunal Supremo el que deba resolver de qué juez es la investigación.

“Práctica criminal mafiosa”

Anticorrupción considera que este hecho forma parte de la “práctica criminal mafiosa” del entorno de González, quien disponía de contactos en el mundo judicial y político que le ayudaron a conocer que existía una investigación abierta sobre él.

Tanto el tribunal de la Audiencia Nacional como el magistrado del ‘caso Lezo’ entienden que se debe mantener el criterio de la Fiscalía de investigar ese ‘chivatazo’ dentro de la organización criminal supuestamente liderada por el ex presidente madrileño. Para el fiscal, la capacidad del entorno de González de influir y tener información privilegiada de procesos judiciales es esencial para el mantenimiento de la organización criminal y su impunidad.

Según recuerda García Castellón en la exposición razonada, de las conversaciones intervenidas a González por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desprende cómo el 22 de noviembre de 2016, es decir cinco meses antes de su detención, se detectó una conversación al ex presidente madrileño en la que manifestó que “una magistrada amiga de la casa les alertó de que le estaban grabando las conversaciones”.

Un mismo caso

Anticorrupción considera que el hecho forma parte de la “práctica criminal” del entorno del ex presidente madrileño, por lo que entiende que le corresponde a la Audiencia Nacional investigarlo

Parte de la organización criminal

Así, hace suyos los argumentos de la Fiscalía, que explica que “desde la perspectiva global de la investigación, estos hechos refuerzan claramente los indicios de la existencia de una organización criminal de la que forman parte los principales investigados”.

”Esta plataforma delictiva se ha utilizado presuntamente para la consecución de la actividad criminal y para lograr la impunidad de sus acciones. La instrucción judicial ha constatado la existencia de hechos presuntamente delictivos cometidos por la organización, así como la concurrencia de vínculos entre los investigados, permanentes y estables a lo largo de los años”, recogía el Ministerio Público.

Así, destacaba que “estos vínculos han trascendido de la mera relación afectiva (familiar o de amistad) o profesional (en el seno de la administración pública de la Comunidad de Madrid), para forjarse como una unión delictiva, es decir, una unión cuyo principal nexo es el conocimiento, la participación y la ocultación de componendas ilícitas pagadas con dinero público”.

Influencias en la carrera judicial y fiscal

El informe del fiscal al respecto recogía que los investigados “han ampliado su círculo de acción a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, todo ello para lograr la impunidad de sus acciones. En el caso que nos ocupa, aparece un ejemplo claro de práctica criminal mafiosa como es el uso de los medios de comunicación para protegerse frente a la acción de la justicia”, subraya.

La Fiscalía hace referencia a los contactos de González con altos cargos de medios de comunicación, como el presidente de La Razón, Mauricio Casals, persona que habría alertado a González de que estaba siendo investigado, tal y como le había dicho una “magistrada amiga de la casa”.

Respecto a sus influencias en el mundo judicial y fiscal, de las conversaciones intervenidas se desprende cómo González medió para conseguir que el fiscal Manuel Moix fuera nombrado fiscal jefe Anticorrupción, como así ocurrió.

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