El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena investiga tres transferencias remitidas a tres cuentas bancarias de la “Delegación de Catalunya davant la Unió Europea en Bruselas” y que suman 139.700 euros. El magistrado sospecha que son pagos realizados desde la Generalitat a los observadores internacionales del referéndum catalán de independencia del 1 de octubre pasado saltándose el control de gasto al gobierno catalán por parte del Ministerio de Hacienda.

En una providencia, el instructor que investiga la causa por rebelión por parte de miembros del Govern para conseguir la independencia de Catalunya, solicita a la Guardia Civil que investigue estas tres transferencias bancarias en una sucursal del BBVA de Bruselas. Han sido precisamente los servicios jurídicos de la entidad los que han avisado al magistrado de estos movimientos bancarios.

El juez pide que se averigüe la posible relación de estas tres transferencias, que se realizaron entre los días 21 de septiembre y 10 de octubre de 2017, con lo previsto en la Orden de la Comisión de Asuntos Económicos del Ministerio de Hacienda, de 15 de septiembre de 2017, por la que se acordaba el control de los gastos de la comunidad autónoma de Catalunya.

En concreto, solicita que se identifique el “ordenante y destinatario, concepto en que se realizaron y destino actual de los fondos y, en su caso, aplicación de las respectivas cantidades de 58.250 euros (con destino a The Hague Centre for Strategic Studies); 61.450 euros (idéntica destinataria) y 20.000 euros con destino a la Delegación del Govern en Croacia”.

Reactiva la investigación a los Mossos

Por otro lado, Llarena ha citado en calidad de testigo para el 1 de febrero al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, encargado de la coordinación de los Mossos d’Esquadra, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ante la celebración del referéndum del 1 de octubre.

El magistrado acuerda también la citación como testigos de los exconsellers del gobierno catalán Jordi Jané i Guasch, Neus Monté Fernández, Meritxel Ruiz Isern, Jordi Baiget i Cantons, así como la del exdirector general de los Mossos d’Esquadra Albert Batlle i Bastardas. Las declaraciones de los tres primeros serán el 30 de enero y los dos últimos comparecerán el 31 de enero.

Llarena tiene pendiente resolver la petición de la Fiscalía de incluir en la causa del Supremo por rebelión al mayor de los Mossos, Jose Lluis Trapero. Parece previsible que no resuelva hasta que no escuche la versión de estos testifos.

Agenda de Jové

Por otro lado, el juez acuerda pedir al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum, de la agenda incautada en el registro practicado en el domicilio del ex número 2 de Economía, José María Jové, así como el testimonio del contenido de dos llamadas telefónicas: una mantenida el 7 de agosto de 2017 entre Josep María Jové y Oriol Soler Castanys, y otra entre Carles Viver y Margarita Gil.

En su providencia, el juez requiere a la Guardia Civil que aporte elementos objetivos para acreditar una serie de declaraciones atribuidas a diferentes exdirigentes de la Generalitat y de Anc y de Ómnium desde Carles Puigdemont, a Joaquin Forn, Josep Rull, Jordi Sánchez o Jordi Cuixart.

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