Siguen los problemas para presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En pleno escándalo por su máster, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica, Manuel García Castellón, acaba de reconocer en un auto que Cifuentes incurrió en una incompatibilidad cuando adjudicó un contrato en la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, a su vez donante del PP madrileño del que ella pertenece.

En una resolución judicial a la que ha tenido acceso La Vanguardia, el instructor rechaza archivar el caso respecto de la responsable de los servicios jurídicos que formó parte de la adjudicación, Tatiana Recoder, investiga precisamente por la adjudicación del servicio de cafetería al Grupo Cantoblanco.

Por esta misma adjudicación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntó ya en varios informes que Cifuentes podría haber cometido un delito de prevaricación y otro de cohecho por adjudicar de manera irregular a la empresa de Arturo Fernández cuando éste a su vez había donado dinero al PP a través de Fundescam, fundación vinculada al partido y de la que Cifuentes formaba parte cuando el empresario hizo los pagos.

Además, a la hora de adjudicar el contrato, Cifuentes formó parte tanto de la mesa de contratación como del comité de expertos, a pesar de que según la normativa es incompatible estar en ambos órganos encargados de las adjudicaciones. Pero todavía más, la UCO señalaba que Cifuentes no podía formar parte del comité de expertos al no ser experta en restauración.

“Potenciales imputaciones”

Desde que se dio a conocer ese informe de la Guardia Civil aportado en la instrucción del caso Púnica ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción habían dado un peso para investigar a Cifuentes. Sin embargo, sí que imputaron a otras personas que participaron en esa adjudicaciones, como es el caso de Recoder.

En esta última resolución, García Castellón explica que se opone al sobreseimiento de la causa respecto de la jefa de los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid “pues los hechos que se instruyen tienen gran complejidad y calado para establecer las potenciales imputaciones”.

El magistrado rechaza la afirmación de la investigada de que no existe ninguna evidencia de su responsabilidad “respecto de los hechos que se investigan, en su caso por formar parte como miembro del comité de expertos en la licitación del año 2009 y por ser letrado de la Asamblea de Madrid que elaboró el informe jurídico de aprobación de los presupuestos en la licitación del año 2009”.

Ignorancia o intencionalidad

Según recuerda el juez, Recoder asumió como responsabilidad propia de su cargo, la conformidad del pliego a la legalidad de contratación pública. Pero además, le señala por no apreciar, “sin que pueda determinarse aún si por ignorancia o con intencionalidad, la incompatibilidad de ser miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos de Cristina Cifuentes”.

Cuando en mayo de 2016 se dio a conocer el informe de la UCO, Cifuentes contraatacó contra la Guardia Civil señalando directamente al agente que había elaborado el documento. Sin embargo, fuentes de la investigación ya explicaron que aquel documento había sido visado por todos los responsables de la unidad y habían concluido que Cifuentes había adjudicado irregularmente ese contrato a sabiendas de que era para un donante del PP madrileño. Arturo Fernández está investigado precisamente por la presunta financiación irregular del partido en la época que lo dirigía Esperanza Aguirre, además de estar condenado por la Audiencia Nacional por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.

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