El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha aceptado la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de dar un nuevo empujón en el ‘caso Lezo’ que investiga las irregularidades de la Comunidad de Madrid en torno a la empresa de agua Canal de Isabel II (CYII).

El magistrado ha acordado una veintena de citaciones como investigados entre el 10 y el 15 de enero por las irregularidades en la época de Alberto Ruiz Gallardón como presidente madrileño.

Entre ellos se encuentra en el ex concejal Pedro Calvo y el actual presidente de ADIF -ex concejal de Hacienda-, Juan Bravo. Todos ellos formaban parte del Consejo de Administración del Canal en 2001 cuando se acordó comprar la empresa colombiana Inassa por un precio muy superior al de su valor real, según recoge un auto al que ha tenido acceso La Vanguardia.

El instructor ha acordado una batería de diligencias para esclarecer los hechos y conocer la totalidad de las personas que estuvieron involucradas en la operación y entre las que podría acabar apareciendo el propio Ruiz Gallardón.

Según sostenía la Fiscalía, existe una constatación de que en el precio de adquisición de Inassa pagado por Canal Extensia SA (empresa del Canal) -73 millones de dólares- “pudo existir una sobrevaloración claramente perjudicial para los intereses de CYII, no constando que el ente público adoptara los controles necesarios para asegurarse que las condiciones pactadas -especialmente las económicas- eran ajustadas al valor real que correspondía al objeto de su operación”.

Para el magistrado, se omitieron, entre otras comprobaciones, la realización de actuaciones tan relevantes como la práctica de una valoración interna minuciosa y validada por asesores externos especializados, “limitándose a realizarla con la información suministrada por los trabajadores de CYII que se desplazaron a Colombia, entre los que se encontraban José Antonio de Cachavera, Juan Pablo López, Gregorio Arias y Javier Malia”, respecto de quienes pide su imputación.

A su juicio, éstos sustentaron parcialmente su valoración en las efectuadas por los asesores contratados por Tecvasa y Rothschild, sociedades ambas con intereses contrapuestos a los del ente público.

Batería de diligencias

El magistrado ha requerido a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid “para que, de forma urgente y, en su caso, en un plazo no superior a 10 días, complete la información que adjuntó y entregue, tal y como se le requirió, el expediente completo relativo a este acuerdo”, en referencia a la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001.

Entre otros datos, el instructor ordena que se haga una identificación completa de todos los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) que dictaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2001 así como el acta que, en su caso, se redactó de la reunión celebrada para adoptar el mencionado acuerdo. Asimismo, quiere saber qué documentación se le trasladó a los miembros de dicho consejo para valorar esta operación “y, consecuentemente, sustentar su decisión, especificando claramente si, como consta en el acta del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de CYII de 14 de noviembre de 2001, se les trasladó el mismo dossier de documentación”.

También ha requerido a Canal Isabel II para que, de forma urgente entregue la certificación o documentación que acredite la totalidad de documentación remitida al Consejo de Gobierno de la CAM tras la celebración del Consejo de Administración de CYII de fecha 14 de noviembre de 2001, “debiendo detallar toda la información que obre en su poder sobre dicha remisión -fecha, vía utilizada para su remisión y personas que gestionaron la misma-”.

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