El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena busca acreditar que desde la Generalitat se utilizaron fondos públicos para organizar el referéndum del 1 de octubre, a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional, lo que supondría la comisión de un delito de malversación de caudales públicos. Su objetivo ahora es conseguir acreditar una malversación de por lo menos 600.000 euros, a partir del cual consideraría que los miembros del ex Govern investigados podrían ser enjuiciados por el tipo agravado y ser condenados a la pena máxima de ocho años.

Según explican fuentes jurídicas a La Vanguardia, una vez quede acreditado el uso de esa cantidad, los máximos responsables de la Generalitat se sentarán en el banquillo por el delito de rebelión o en todo caso sedición y el de malversación de caudales públicos.

Podrían ser enjuiciados por el tipo agravado y condenados a la pena máxima de ocho años

Inicialmente, tras la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía, Llarena consideró que no había indicios de que hubieran utilizado fondos públicos y se negó a fijar la fianza de 6,4 millones de euros que solicitaba el Ministerio Público, como cantidad estimativa que podría haberse usado para organizar el 1-O.

Sin embargo, durante el desarrollo de la investigación por parte de la Guardia Civil se ha ido despejando ese presunto uso fraudulento de fondos públicos. Un primer informe del Instituto Armado adelantaba al instructor del pago a través de la Generalitat de dos campañas de publicidad por un valor de en torno los 500.000 euros.

Superan los 600.000 euros

A esta cantidad se le suma la detectada por cerca de 140.000 euros para pagar a observadores internacionales a pesar de que el referéndum estaba prohibido y tenían diversos mandatos judiciales de que no podía celebrarse al estar fuera de la ley.

El pasado jueves se hacía público que el magistrado ordenaba a la Guardia Civil que investigue tres transferencias remitidas a tres cuentas bancarias de la “Delegación de Catalunya davant la Unió Europea en Bruselas” y que suman 139.700 euros. El magistrado sospecha que son pagos realizados desde la Generalitat a los observadores internacionales del referéndum catalán saltándose el control de gasto al gobierno catalán por parte del Ministerio de Hacienda.

Según fuentes del caso, los investigadores ya tienen acreditado que efectivamente se pagó desde la Generalitat esa cantidad a través de intermediarios para abonar sus servicios a los observadores internacionales quienes, supuestamente, debían acreditar que el 1-O se hacía con todas las garantías.

El resto, al Tribunal de Cuentas

El objetivo del instructor es conseguir la prueba suficiente que acredite que la Generalitat utilizó por los menos 600.000 euros de fondos públicos para llevar a cabo actuaciones prohibidas o fuera de la ley y llevar al ex Govern a juicio.

De esta manera, pretende agilizar la instrucción y no esperar a que la Guardia Civil analice todas las cuentas de la Generalitat, adjudicaciones y subvenciones concedidas en busca de fondos utilizados en su plan de proclamar la independencia de Catalunya.

Fuentes de la investigación reconocen que analizar todos esos movimientos requiere tiempo y trabajo que Llarena no está dispuesto a dar. La alternativa es que una vez que los investigados en la causa de rebelión por el Tribunal Supremo sean llevados a juicio y en su caso condenados, la Guardia Civil siga investigando las cuentas.

Una vez concluya y fije la cantidad exacta presuntamente malversada podrá ser requerida en otro procedimiento o incluso directamente con reclamación de cantidad ante el Tribunal de Cuentas.

Complejidad de la causa

Por otro lado, el magistrado tendrá que decidir en abril si concluye la instrucción o la declara causa compleja para ampliar los plazos, tal y como exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras su última reforma de 2016. Aunque todo parece que Llarena pretende finalizar la causa antes, la Fiscalía solicitará su complejidad si considera que faltan flecos por resolver, según sostienen fuentes del caso.

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