Aprobado el decreto para establecer diferencias entre taxis y vehículos VTC, una regulación que ha contentado a los primeros y indignado a los segundos, la Generalitat trabaja ahora en una ley conjunta para ambos sectores. Uno de los objetivos últimos de la futura norma, cuyos trámites se iniciarán a partir del mes de abril, es recuperar el control público de buena parte de las licencias tanto de taxi como de VTC mediante su compra a través de un fondo, empezando por las de aquellos taxistas que estén acercándose a la jubilación.

La nueva ley, según ha dejado entrever el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, prevé aumentar la regulación sobre la compra y la venta de licencias de taxis y de VTC hasta el punto de que la Generalitat se ha comprometido a crear un fondo para rescatar progresivamente estas autorizaciones.

Sin fijarse una cifra concreta de recompras (en Catalunya hay 14.000 licencias, 10.500 de las cuales en Barcelona), el plan del Govern pasa por ir adquiriendo las de aquellos propietarios que están más cercanos a la jubilación y que, por lo tanto, estén más cerca de haber amortizado su inversión. “Necesitaremos dinero”, ha admitido Calvet, que no ha querido ir más allá a la hora poner cifra a este fondo de rescate.

Lo que sí están barajando ya en la Generalitat es cómo sufragarlo, en una operación a la que se podría sumar el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Una de las medidas más llamativas que estudian por ahora es la creación de una tasa que se se añadiría al importe de cada viaje tanto de taxis como de VTC, aunque el conseller ha matizado que esto “lo acabará determinando el Parlament”.

La idea de un fondo no es nueva en el debate sobre el futuro de los taxis y las VTC, aunque hasta ahora se había lanzado desde el sector de las propias plataformas de transporte. Fue Cabify quien desveló recientemente que había ofrecido en septiembre al Ministerio de Fomento la creación de lo que llamó un “fondo de transición” para comprar todas las licencias de taxis. Tenía previsto destinar cinco céntimos por cada kilómetro recorrido para sumar unos 400 millones anuales con los que indemnizar a los 15.000 taxistas de Madrid.

Regulación de los precios

La norma deberá recoger también en qué términos la Generalitat va a conceder de nuevo las licencias que vaya adquiriendo. Una de las fórmulas sería a través de un concurso. Aun así, desde Territorio insisten en que no está decidido, igual que no aclaran los detalles de otro de los pilares de la futura ley: la regulación de los precios de las licencias. A lo único que se comprometen es a que la norma establezca unos importes que estén lejos de los actuales de mercado, que se sitúan en más de 140.000 euros por cada permiso.

Desde 2003, cuando se aprobó en Catalunya la ley del taxi y se liberalizó la transmisión de licencias, sus precios se han triplicado. Al haber un número cerrado de ellas, se ha fomentado un modelo especulativo en la venta de las autorizaciones con el que la Generalitat ha insistido que quiere acabar. 

Las VTC, en el aire

Pese a que el fondo que la Generalitat se ha comprometido a crear también prevé recuperar licencias de VTC, el futuro de estas transacciones es mucho más incierto. En primer lugar, porque no existe como en el sector del taxi la tendencia a vender la licencia una vez se llega a la jubilación, puesto que estos permisos los acumulan un puñado de empresas, como Vector Ronda Teleport o Moove, que tienen 600 y 400, respectivamente, de un total de 2.293. Las flotas de la primera operan con Cabify y las de la segunda, con Uber. Además, sobre la venta de licencias VTC hay una moratoria de dos años de la propia Generalitat para evitar que se disparara su valor en el mercado.

Pero por encima de todo esto, falta esclarecer cuál será la situación de estas firmas en las próximas semanas, puesto que la futura ley del Govern podría llegar a ser de aplicación cuando las principales empresas de VTC hayan ya despedido a la mayor parte de sus trabajadores, si acaban cumpliendo sus amenazas. Los responsables de las flotas de Uber y Cabify han manifestado por activa y por pasiva a la Generalitat que su decreto que fija en 15 minutos la precontratación de sus servicios (ampliables a una hora en Barcelona) supone el fin de su modelo de negocio. 

Más medidas para el taxi

El conseller Calvet ha asegurado que la nueva ley servirá también para abordar la modernización de otros aspectos del taxi más allá de las licencias. Algunos de ellos tienen que ver con servicios con los que Uber y Cabify han conseguido robarles clientela, como la posibilidad de que el precio de la carrera sea precontratado -en los taxis no se sabe el precio hasta que se llega a destino- o en la introducción de la tecnología en la reserva de coches, que se quiere generalizar a todo el sector (ahora son solo algunos los que utilizan ‘apps’ como MyTaxi).

Otra de las ideas planteadas es la implantación del taxi compartido con una tarifa única. “Hay que reconocer que el taxi se tiene que modernizar, que necesita una profunda reforma estructural”, ha señalado Calvet, que se ha comprometido también a poner negro sobre blanco un plan de “ambientalización” de la flota, en referencia a una transición del diesel y la gasolina hacia los coches híbridos y eléctricos. 




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