El Ministerio de Fomento asume este domingo la gestión de otras dos autopistas de peaje, la AP-7 Cartagena-Vera y la AP-7 Circunvalación de Alicante, de las nueve de las que se hará cargo por la quiebra de sus concesionarias.

Con estas dos autopistas, que serán gestionadas a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), ya son cinco las que revierten al Estado, que asume su explotación y el mantenimiento como consecuencia de la liquidación de sus sociedades concesionarias, que se encontraban inmersas en un procedimiento concursal.

Cinco autopistas rescatadas

El pasado 24 de enero, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid dictó sendos autos en los que aprobaba los planes de liquidación de Ciralsa y Aucosta, las dos sociedades concesionarias que explotaban estas dos autopistas, y estableció el 1 de abril como fecha de cese de actividad de las concursadas.

Estos dos tramos se suman a la R-4 entre Madrid y Ocaña (Toledo), la R-2 entre Madrid y Guadalajara, y la AP-36, que discurre entre Ocaña y La Roda, que ya han revertido a la empresa pública Seittsa.

Quedarán pendientes de rescate la R-3 Madrid-Arganda, la R-5 Madrid-Navalcarnero, la M-12 que une Madrid con el Aeropuerto de Barajas y la AP-41 Madrid-Toledo.

El millonario coste del rescate

En virtud del rescate, el Estado tendrá que pagar a las actuales concesionarias el importe que invirtieron en su construcción y que aún no habían recuperado con el cobro del peaje.

El plan de Fomento pasa por asumir las autopistas a medida que sus actuales concesionarias vayan entrando en liquidación y explotarlas durante unos meses, para garantizar que siguen en servicio para los usuarios, hasta que en la segunda mitad del año lance el concurso público para volver a cederlas a empresas privadas.

Se trata de una ‘factura’ que el Gobierno estima en unos 2.000 millones de euros, pero que los acreedores de las vías elevan hasta 4.500 millones.

Aminorar la factura

Fomento espera aminorar este monto con lo que saque de relicitar las vías, pero ya ha reconocido que no lo cubrirá en su totalidad y que la operación afectará en el déficit de este año. El Gobierno espera recaudar entre 700 y 1.000 millones de euros con la relicitación: el agujero, así, puede superar los 1.000 millones.

El Ministerio aborda el rescate de las autopistas más ‘jóvenes’, las de más reciente construcción, mientras que las más ‘veteranas’ comienzan a terminar el plazo de concesión y empiezan a revertir al Estado y coincidiendo con el debate que el Gobierno pretende abrir con otros grupos para decidir el futuro de estas vías, esto es, si vuelven a cederse a empresas privadas o si pasan a la red de carreteras del Estado.

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