El Ministerio de Fomento rescatará, en la medianoche de este domingo 1 de abril, otras dos autopistas de peaje de las nueve que están en quiebra, la Circunvalación de Alicante y el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera. Las vías, pese a dicha quiebra y liquidación de sus actuales concesionarias, siguen en servicio para los usuarios.

De esta forma, el Departamento que dirige Íñigo de la Serna habrá asumido ya cinco de estas vías en problemas: en febrero y marzo se ha quedado con las radiales R-4 Madrid-Ocaña y R-2 Madrid-Guadalajara, y la AP-36 Ocaña-La Roda.

Así, estas otras dos vías revierten este domingo al Estado y Fomento, que a través de su sociedad Seittsa, asume su plantilla y su gestión, sustituyendo a sus actuales sociedades concesionarias. La Circunvalación de Alicante estaba gestionada por Ciralsa, firma concesionaria participada por ACS, Abertis y Globalvía que ha quebrado con una deuda de 251 millones de euros. La Cartagena-Vera estaba gestionada por Aucosta, concesionaria participada por Globalvía, Ploder y varias de las extintas cajas de ahorro, que quebró con un pasivo de 510 millones.

La Circunvalación de Alicante es una autopista de 33,2 kilómetros de longitud, con un tráfico de 4.621 vehículos al día. La Cartagena-Vera, de 112,62 kilómetros, cuenta con una media de 3.942 usuarios diarios. Se trata de las dos únicas autopistas en las que la fecha de su rescate fue fijada por el juez que aprobó el plan de liquidación de sus concesionarias. 

En cuanto a las otras autopistas quebradas es Fomento quien, en cada caso, va determinando las fechas en las que las asume. Así, este Ministerio tomará próximamente las otras dos radiales (la R-3 y la R-5) y la vía que une Madrid con el aeropuerto de Barajas. La AP-41 Madrid-Toledo será la última en rescatarse, dado que su proceso de concurso de acreedores aún no ha alcanzado la fase de liquidación.

Rescate y posterior privatización

Estas autopistas son las primeras que el Estado tiene bajo su gestión en más de una década. La Administración las asume seis años después de que en 2012, en plena crisis, se declararan insolventes y en concurso de acreedores por el desplome del tráfico y los sobrecostes de las expropiaciones.

Estas nueve vías suponen una casi una quinta parte (570 kilómetros) del total de la red de pago. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y actualmente soportan una deuda de 3.200 millones.

El plan de Fomento para estas autopistas pasa por asumir su gestión a medida que sus actuales concesionarias vayan entrando en liquidación y explotarlas durante unos meses, hasta que en la segunda mitad del año lance el concurso público para volver a privatizarlas y ceder de nuevo su explotación a empresas privadas.

Una vez que se resuelvan los contratos comenzará a correr el plazo de seis meses con que Fomento cuenta para determinar y pagar a las actuales concesionarias el importe que invirtieron en su construcción y que aún no habían recuperado con el cobro del peaje, la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA).

Se trata de una ‘factura’ que el Gobierno estima en unos 2.000 millones de euros, pero que los acreedores de las vías elevan hasta 4.500 millones.

Fomento espera aminorar esta cantidad con lo que saque de relicitar las vías, entre 700 y 1.000 millones de euros, pero ya ha reconocido que este importe no lo cubrirá en su totalidad y que la operación afectará así al déficit público de este año.

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