La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha acordado nuevas condiciones para pagos y contratos que se realicen desde la Generalitat de Catalunya, de manera que se evite la financiación “de actuaciones ilegales”, que no estén amparadas por la ley o sean contrarias a las decisiones de los tribunales.

Las medidas han sido propuestas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y recogidas en una orden del pasado 22 de diciembre que publica hoy el BOE. Con respecto a los pagos, se reclama a la intervención general de la Generalitat una relación que incluya detalles sobre el acreedor, la entidad pagadora o la aplicación presupuestaria, entre otros conceptos, así como un certificado firmado por la interventora general o el órgano de control correspondiente asegurando que no se financia ninguna actividad ilegal.

Además, de manera excepcional y previa solicitud de la Intervención General, Hacienda podrá autorizar transferir fondos a Cataluña con cargo a las entregas a cuenta del sistema de financiación o con cargo a una cuenta corriente de remanentes, para pagos que no puedan realizarse por el procedimiento anterior. Todo deberá ir acompañado de los certificados que “garanticen el destino de los fondos”.

Declaraciones responsables

También pone más condiciones Hacienda para que Cataluña ordene pagos por medio de entidades de crédito contratadas, que deberán estar acompañados del correspondiente certificado del interventor o de una declaración responsable firmada por los titulares de las entidades y órganos competentes.

Estos certificados y declaraciones deberán ser comunicados al Ministerio de Hacienda porque de no hacerse, o de ser falso el contenido, no se podrá realizar el pago y dará paso a la exigencia de “responsabilidades de todo orden que procedan, incluida la penal”.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública dará traslado a su vez de la declaración responsable a las entidades que presten los servicios de pago, para que “tengan garantías de que el servicio no se dirige a la financiación de ninguna actuación ilegal, ni contraria a las decisiones de los tribunales”.

Además, a partir de esta orden ministerial, todas las operaciones de endeudamiento de cualquier entidad del sector público de la Comunidad Autónoma, tanto a corto como a largo plazo, deberán contar con autorización del Consejo de Ministros.

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