El Gobierno no ha esperado ni siquiera a que el Parlament presente la querella decidida por la mesa contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, para iniciar las actuaciones que pueden conducir a una acusación del Ejecutivo contra la Mesa del Parlament por malversación de caudales públicos. A través de la Abogacía del Estado, el Gobierno está recopilando documentación para poder presentar esa denuncia.

El Ejecutivo esperará, no obstante, a ver si los grupos piden a la Mesa del Parlament la reconsideración de la decisión, pero si no da marcha atrás está decidido a actuar contra la Mesa del Parlament, y esta vez no a través del Tribunal Constitucional, sino por la vía penal.

La justificación es que toda querella, y lo que ha decidido la Mesa del Parlament es una querella contra el juez Llarena, supone tener que ir asistido de abogado y procurador, y eso ya supone un gasto que a juicio del Gobierno puede suponer malversación de caudales públicos, porque “aquí cada uno se paga su abogado”, dijeron los fuentes consultadas.

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