“Prolongar, sí; agravar, no”. En la Moncloa cruzan los dedos para que, antes de dos meses, la mayoría independentista en el Parlament acuerde investir a un candidato a la presidencia de la Generalitat “viable”, esto es, que no esté en prisión provisional, ni huido de la justicia, ni incurso en ninguna causa judicial, como sucede con los tres aspirantes propuestos hasta ahora.

En la Moncloa suspiran porque antes de dos meses –el plazo que empezó a contar tras la fallida investidura de Jordi Turull el pasado 22 de marzo– haya un presidente de la Generalitat que forme un nuevo Govern, porque sólo entonces dejará de estar en vigor la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, según lo aprobó el Senado el pasado 27 de octubre del 2017. Hace ya, por tanto, más de cinco meses.

Altas instancias del Gobierno confían en que haya investidura dentro del plazo posible

Altas instancias del Gobierno confían en que haya investidura dentro del plazo posible, y no se tengan que volver a convocar unas elecciones autonómicas en Catalunya que quedarían fijadas –en caso de que no se logre constituir un nuevo Govern– para el próximo 15 de julio. Pero, desde luego, en la Moncloa no las tienen todas consigo. “Debería haber investidura, la mayoría independentista dispone de más de 60 diputados entre los que elegir un candidato”, alegan. Excluyendo, claro está, a los que consideran “inviables”, con Carles Puigdemont en cabeza de dichos aspirantes, a su juicio, imposibles.

Ahora bien, si dicha investidura no se consigue y la mayoría independentista del Parlament fuerza finalmente otra repetición electoral en julio, el Gobierno tiene muy claro que el artículo 155 seguirá estando en vigor en Catalunya. Mal que le pese, porque lo que anhela es darle carpetazo y que vuelva a tomar las riendas el autogobierno catalán. “Es urgente recuperar la normalidad en Catalunya”, reclamó el propio Mariano Rajoy en la última cita del comité de dirección del PP.

En la Moncloa descartan tajantemente una revisión de la aplicación del artículo 155

Pero en la Moncloa también descartan tajantemente una revisión de la aplicación de este artículo, según lo aprobado por el Senado, para “agravarlo o endurecerlo”. Según subrayan, el 155 se aplicó, por vez primera en 40 años de democracia, con dos únicos objetivos: desalojar a un Govern que a su juicio había in­currido en rebelión contra el Estado, saltándose la Constitución y el ­propio Estatut, y convocar lo más ­rápido posible la iniciativa que consideran “más democrática”, esto es, unas elecciones. “Y para nada más”, zanjan.

Por tanto, aseguran que si el 155 se tiene que prolongar en el tiempo, en ningún caso se endurecerá más con nuevas medidas. “Si se prolonga, no se agravará. Se mantendrá como ­está aprobado por el Senado”, ­concluyen.

Y eso que cabe pensar que no sería por falta de ganas, ante la irritación que siguen provocando algunas ­situaciones entre los miembros del Gobierno y de la dirección del PP. Es el caso concreto de la televisión ­pública catalana, TV3, cuyas co­berturas informativas de cada nuevo acontecimiento de la situación ­política en Catalunya hace que muchos de ellos, si no todos en la Moncloa y en Génova, se lleven las manos a la cabeza.

Hay que recordar, precisamente, que la intervención de todos los ­medios de comunicación públicos de Catalunya era una de las medidas que contemplaba el Gobierno, y así lo aprobó el Consejo de Ministros cuando diseñó la aplicación del ­artículo 155 de la Constitución para dinamitar el proceso indepen­dentista. Pero el líder del PSOE, Pedro Sánchez, exigió retirar esta ­medida para dar su respaldo a la aplicación del 155. Y lo consiguió. Aunque en la dirección del PSOE coinciden con la del PP y con la Moncloa en criticar el sesgo abiertamente independentista que atribuyen, singularmente, a TV3. “Es un gran aparato de propaganda hecho a la medida de los independentistas”, critica el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. “Pero la grandeza de la democracia es que ahí están funcionando”, asegura a renglón seguido, rechazando igualmente su intervención por parte del Gobierno central.

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