El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha establecido un límite del 50% en el importe que pueden gastar los ministerios y organismos autónomos este año hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2018, según el documento que prorroga las cuentas de 2017.

La limitación se recogería en los criterios de aplicación de la prórroga de los Presupuestos para 2018, que restringe la tramitación de nuevos expedientes de gasto en transferencias corrientes, inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros, sobre los que los departamentos ministeriales no podrán tampoco aprobar ni comprometer nuevas partidas de expedientes ya iniciados una vez superado el 50% del crédito inicial presupuestado.

No impactará sobre gastos corrientes como nóminas ni en la partida de pensiones o desempleo

De este límite de gasto se exceptúa, según el acuerdo ministerial recogido por Europa Press, las transferencias destinadas a financiar las pensiones públicas, las clases pasivas y el desempleo. Tampoco entran los gastos corrientes como la nómina de los funcionarios, los suministros o los arrendamientos. Afectará a políticas de gasto concretas, como las inversiones públicas o las transferencias corrientes.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros desconocer la limitación. “No ha habido ninguna decisión de limitar los gastos al 50%”, dijo, planteando que en este sentido el objetivo prioritario es cumplir con los objetivos de déficit acordados con Bruselas y que se verá la evolución de los ingresos y los gastos para tomar medidas en caso de ser necesario.

La oposición pide la comparecencia de Montoro; Hacienda niega que sea un recorte

Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidos-Podemos han registrado ya la petición de comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique esta medida. Fuentes de este Ministerio han explicado a Efe que “en absoluto” se trata de un recorte, sino de una medida de control para evitar que se comprometan partidas que luego no se puedan reflejar en los Presupuestos de 2018.

“Se podrá seguir gastando”, han asegurado las mismas fuentes, que han insistido en que se trata de una medida de vigilancia y no de un ajuste presupuestario, de forma que todos los organismos pidan autorización a Hacienda cuando lleguen a ese límite del 50%, lo que no implica que se les vaya a denegar el gasto solicitado.

Impacto en las cuentas

El límite de gasto podría afectar a la dotación para la Agencia Tributaria para fortalecer la lucha contra el fraude, la destinada a refuerzo escolar o las actuaciones de carácter social como la protección de la familia y la lucha contra la pobreza infantil y el sistema de dependencia.

También lo destinado a las becas y ayudas a estudiantes, las subvenciones al transporte marítimo y aéreo de los residentes no peninsulares, las transferencias a organismos públicos de investigación, la aportación al presupuesto de la UE o las cuotas en organismos internacionales.

Asimismo, podrían quedar limitadas las transferencias para RTVE y otros organismos públicos dependientes del Estado.

La financiación, también afectada

La restricción podría afectar a los créditos destinados a la subsidiación de préstamos, así como otros destinados a financiar programas de investigación, infraestructuras del transporte, transferencias a organismos autónomos o convenios con las comunidades autónomas.

También habría afectaciones en el capítulo de activos financieros, gran parte del gasto se destina al préstamo que concede el Estado a la Seguridad Social para proporcionar la cobertura adecuada a sus obligaciones y posibilitar su equilibrio presupuestario.

Asimismo, establece que “solo por causas excepcionales debidamente justificadas”, el Ministerio de Hacienda podrá autorizar la tramitación de expedientes una vez superado el límite fijado, siempre que no supere el nivel de ejecución del gasto de 2017.

Los gastos que superen el límite deberán ser autorizados

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