El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado recoge, entre muchos guiños, lo que puede convertirse en una inyección extra de dinero para las arcas municipales en pleno año electoral, según ha avanzado este jueves el diario Expansión.

Disposición final décima octava, del texto presentado el día 3 de abril por Cristóbal Montoro contiene una propuesta de modificación de la Ley de Catastro que, entre otras cosas, contempla que la Dirección General del Catastro determine el precio de las viviendas en base al valor de mercado. Eso implica unificar los conceptos de valor de mercado y valoración catastral, que hasta ahora, y en líneas generales, era alrededor de la mitad que el de mercado.

De esta forma, todos aquellos conceptos cuya cuantía esté referida al valor catastral como es el caso, por ejemplo, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la plusvalía, etc, serán recalculados. Y en un momento de tendencia alcista de los precios, la cuantía de los tributos también subirá. De ahí, que muchos estén hablando ya de catastrazo.

El Gobierno evitó esta actualización cuando los precios dela vivienda estaban desplomados

La idea no es nueva. De hecho, la Ley del Catastro Inmobiliario ya establece que para calcular el valor catastral deben tenerse en cuenta los “valores del mercado” e insta al Ministerio de Hacienda a fijar un coeficiente de referencia del mercado para fijar dicho valor catastral.

El Gobierno del Partido Popular podía haber hecho esta modificación en cualquier momento desde que llegó al poder en 2011, pero en plena crisis eso hubiera implicado recortar ingresos a las ya depauperadas arcas públicas puesto que el valor de mercado ha llegado, en algunos casos, a estar por debajo del valor catastral.

Ahora, el contexto es mucho más amable. Por un lado, la mayoría de los ayuntamientos están en superávit y el contexto inmobiliario ha recuperado el entorno de subida de precios. La medida además llegaría como regalo extra, si es que se aprueba, para los ayuntamientos en un año de gastos extra derivados del calendario electoral.

Otras concesiones a los ayuntamientos

No es la única concesión que el Gobierno a hecho a las entidades locales. El pasado 23 de marzo el Consejo de Ministros aprobó un Decreto Ley que permitirá a los ayuntamientos reinvertir su superávit y flexibilizar las condiciones para utilizar el ahorro municipal puesto que amplia el concepto de inversiones financieramente sostenibles. En ese momento, el Ejecutivo reconoció que la medida era fruto del acuerdo con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) que reclamaba una compensación por el ajuste fiscal realizado durante la crisis.

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