El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid mantiene su intención de llevar al Pleno municipal la aprobación definitiva de la Operación Chamartín antes de las elecciones de mayo de este año. El Ejecutivo que dirige Manuela Carmena considera que las informaciones sobre este desarrollo urbanístico que ha desvelado eldiario.es “no afectan” al plan parcial que ellos han elaborado.

Así lo ha defendido la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, en la rueda de prensa posterior a Junta de Gobierno, donde ha asegurado, “no se ha comentado” esta cuestión. “S on documentos e informaciones que no afectan a la parte que tiene que ver con el Ayuntamiento de Madrid que es la del planeamiento urbano. “Son contratos entre privados que se han producido hasta la fecha y en este sentido no hay cambios”, ha asegurado la portavoz 

Distrito Castellana Norte (DCN), la sociedad privada formada por el banco BBVA y la constructora San José para la Operación Chamartín, también se ha referido a estas informaciones. La promotora ha emitido un comunicado a estas informaciones. En el escrito la promotora defiende que los contratos con Adif, la empresa pública propietaria de los terrenos, “se ajustan plenamente a la legalidad y no contienen irregularidad alguna”.

Este jueves eldiario.es publica un acta del consejo de administración de Distrito Castellana Norte del 30 de noviembre de 2015, en la que el presidente de la compañia, Antonio Béjar, defiende las “extraordinarias mejoras e incuestionables ventajas” la sociedad propiedad de BBVA y la Constructora San José había conseguido en el último contrato con Adif. 

El acta desgrana punto por punto las “extraordinarias mejoras” que la empresa privada consiguió de las administraciones públicas en esta renegociación –que se cerró con Ministerio de Fomento de Ana Pastor y el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Ana Botella–. Son siete puntos en total, muchos de ellos cuantificables en cientos de millones de euros, que demuestran al detalle, y en palabras del propio presidente de DCN, cuál fue el perjuicio para el Estado en la renegociación de ese contrato.




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