“Que luego no digan que no sabían las consecuencias”. De esta forma tan gráfica se ha expresado el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ante el anuncio de la Mesa del Parlament de presentar una querella por prevaricación contra el juez Llarena por haber impedido la investidura de Jordi Sànchez. El Ejecutivo central considera que esta querella acordada en el seno del órgano rector de la cámara catalana puede incurrir en una posible “malversación, además de otros delitos”, en virtud de las advertencias de los letrados del Parlament, que han aconsejado que sean los grupos o los diputados afectados directamente quienes presenten la querella, en lugar del Parlament.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Vigo ha comentado que la iniciativa de la Mesa del Parlament “se lleva a cabo contra el parecer de los letrados”, que “afirmaban que la querella tenían que presentarla los grupos, pero no Parlament”, porque imputar a la cámara catalana esa querella “puede conllevar malversación además de otros delitos”. Por tanto, “que luego no digan que no sabían las consecuencias, porque se lo han advertido con toda claridad”, ha avisado el portavoz.

Mariano Rajoy

Lo único que tiene que hacer el Parlament es elegir un presidente de la Generalitat que esté en condiciones de gobernar y que cumpla le ley”

Un mensaje que ha ratificado este viernes por la tarde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras su encuentro con el primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen. El líder del Ejecutivo ha señalado que los letrados del Parlament ya han avisado que si el Parlament “paga una querella” contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena “puede ser una malversación”.

“Lo único que tiene que hacer el Parlament es elegir un presidente de la Generalitat que esté en condiciones de gobernar y que cumpla le ley”, ha reiterado insistiendo en su tesis de que las fuerzas independentistas deberían escoger a un president que no esté ni imputado ni preso.

“Que luego no digan que no sabían las consecuencias, porque se lo han advertido con toda claridad”

Pero el Gobierno parece que aún tiene que analizar la posibilidad de que pudiera prosperar una demanda como réplica a la presentación de la querella. De esta forma, Vigo no ha podido concretar si se llevaría a cabo una acción en el ámbito judicial ante estos posibles delitos y se queda en la primera valoración lanzada por el portavoz. En todo caso, el ministro ha insistido en “recordar que los cuerpos funcionariales (en referencia a los letrados) están al servicio de la cámara y es bueno seguirlos”.

La reacción del Gobierno concuerda en todo caso con la primera valoración lanzada por el PP de Catalunya esta misma mañana. El portavoz Alejandro Fernández ha comparecido en rueda de prensa desde el Parlament para advertir del mismo posible delito de malversación en la iniciativa aprobada por la Mesa de la cámara y ha hecho especial hincapié en lo comentado por los letrado en la reunión del órgano director.

Los letrados han recordado “que la acción penal siempre debe ser el último paso”, por lo que han aconsejado que “antes de presentar la querella, los impulsores pidieran asesoramiento a un penalista de prestigio”

Presente en dicha reunión, Fernández ha comentado que “leyendo un papel”, los letrados ha puesto de manifiesto tres cosas. La primera, que estos responsables no son especialistas en derecho penal y que en el temario de la acreditación formativa que se les reclama para acceder al cargo figura el derecho administrativo y constitucional, pero no el derecho penal. En segundo lugar, han recordado “que la acción penal siempre debe ser el último paso”, por lo que han aconsejado que “antes de presentar la querella, los impulsores pidieran asesoramiento a un penalista de prestigio”. Por último, los letrados “deducían tras la petición que el bien a proteger en ningún caso es el Parlament” sino una “legítima misión de un grupo o de un diputado”, en el caso de Jordi Turull o Jordi Sànchez. De esta forma, son ellos, como diputados, o los grupos a los que pertenecen, lo que tienen la posibilidad de emprender la acción penal “pero no usando al Parlament”, ha reclamado el diputado catalán.

Por eso el PPC está convencido de que si la Mesa del Parlament finalmente presentan esta querella estarán incurriendo en una posible “malversación de recursos públicos”, por usar el Parlament en pro del “interés particular”. “Sería un caso de libro de malversación”, ha insistido Fernández, que tampoco ha confirmado cuál sería la iniciativa a tomar para contrarrestar la aprobada por la mayoría independentista.

El tribunal alemán no ha exonerado de nada a nadie” y solo ha tomado una decisión en cuanto a las medidas cautelares del expresidente, “pero no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto”

Desde el Gobierno también han valorado la situación en que se encuentra el proceso de entrega de Puigdemont a la justicia alemana. En consonancia con lo expresado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, esta mañana, Vigo ha querido dejar claro que “el tribunal alemán no ha exonerado de nada a nadie” y que solo ha tomado una decisión en cuanto a las medidas cautelares del expresidente, “pero no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto”, ha recordado. Por tanto, “veremos a ver lo que pasa en el procedimiento”, ha emplazado.

Sobre la situación generada por la decisión de Llarena de no permitir que Sànchez pueda ser investido ni por vía telemática, el portavoz ha lamentado que “desde el 21-D, la situación no ha cambiado” y “sigue siendo la misma”. Así, aunque “las fuerzas políticas tiene posibilidad y mayoría, no se ponen de acuerdo sobre la persona del candidato que pueda tener esa mayoría para ser investido”. En este punto ha recordado que “Turull no la tuvo” y que lo único que proponen son “candidatos imposibles”.

Los independentistas “pueden elegir un candidato que cumpla con los requisitos, si bien es algo que depende del Gobierno”

El ministro ha sustentado este calificativo en la resolución del TC que “dice cuáles deben ser las condiciones para hacer posible la investidura”, ha recordado, a saber: que sea presencial y no por videoconferencia. De esta forma, “si hacen proposiciones una y otra vez imposibles, podemos estar así mucho tiempo, pero es más de lo mismo”, ha lamentado.

Según el ministro, las condiciones que hacen un candidato viable “las ha dicho el TC, no el Gobierno”, así que los independentistas “pueden elegir un candidato que cumpla con los requisitos, si bien es algo que depende del Gobierno”, que “sigue trabajando por ser el gobierno de todos los catalanes”, ha diferenciado.

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