La primera decisión del recién nombrado Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha sido desautorizar al jefe de la Fiscalía de Madrid, José Javier Polo, después de que este renunciase por su cuenta y en contra de los fiscales especializados en urbanismo a imputar a un alto cargo del Ministerio de Justicia que preside Rafael Catalá en una denuncia relacionada con una recalificación de suelo.

Todo está vinculado con el llamado caso Hoyo de Manzanares, que arranca con el intento de segregación de una parcela en este municipio madrileño presuntamente en contra del planeamiento municipal para edificar más de un centenar de viviendas. Las diligencias previas las llevaba el fiscal César Estirado, que cuando se decidió a denunciar pidió la imputación del alcalde del ayuntamiento, Ramón Regueira (del Partido Popular), a varios miembros de su Gobierno y además a dos altos cargos de la Universidad Antonio de Nebrija, la propietaria de la finca.

Entre las personas que se proponía denunciar estaba también el  director general del registro y del notariado del Ministerio de Justicia, Javier Gómez Gálligo. La denuncia en el juzgado la acabó firmando el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, quien decidió no incluir entre los acusados al alto cargo de Justicia.

Durante la instrucción del caso en el juzgado, el papel de la Fiscalía volvió a asumirlo el representante del ministerio público que conocía el asunto de primera mano, César Estirado, quien insistió en citar como imputado al director general de Justicia. El fiscal jefe de Madrid volvió a negarse y entonces Estirado invocó el artículo 27 del Estatuto de la carrera, que exige convocar a la junta de fiscales cuando uno de ellos tiene una controversia con un superior. En esos casos, la junta de fiscales, que en Madrid agrupa a más de 200 debe votar, si bien su decisión no es vinculante. 

La reunión de los fiscales de Madrid se celebró la semana pasada y allí ante el fiscal jefe uno por uno, todos los responsables de urbanismo, se manifestaron a favor de imputar al alto cargo de Catalá. En la sala se oyeron también algunas opiniones contrarias. Pero Polo, el fiscal jefe de Madrid impidió que se celebrase la votación. 

Así que la polémica llegó hoy al Consejo Fiscal, en la primera reunión que presidía el recién nombrado Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar. Los dos miembros de la Unión Progresista de Fiscales, la asociación a la que pertenece Estirado, plantearon su queja formal y lamentaron que se hubiera incumplido el Estatuto al impedir votar a la junta de Madrid para escuchar su opinión sobre las discrepancias en el caso de Hoyo de Manzanares. 

Según fuentes presentes en esa cita, el máximo representante del Ministerio Público decidió desautorizar al fiscal jefe de Madrid, y declarar nula la junta de fiscales de la semana pasada en Madrid y ordenar que vuelva a celebrarse. 

Así, todos los fiscales de la provincia deberán posicionarse sobre la imputación o no del alto responsable del ministerio de Catalá.

Entretanto, el asunto de la denuncia por la parcela de Hoyo de Manzanares lo asignó Polo a la fiscal decana de Alcobendas, que no está especializada en urbanismo, y que de momento sigue al frente de la instrucción. El director general del ministerio de Justicia, pese a la insistencia del fiscal que inició el caso, sigue sin estar imputado.

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