El exdirector general de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, ha negado que forma parte de las decisiones que desde el Govern se adoptaron para convocar el referéndum el pasado 1 de octubre. “En el momento de acceder al cargo, la opción política públicamente manifestada de los máximos dirigentes políticos de la Generalitat era la de celebrar un referéndum pactado. Por supuesto, ninguna aportación tuvo ni podía tener Soler en decisiones políticas ni estratégicas”, apunta su letrado.

Según recoge en el recurso contra el auto de procesamiento dictado por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra la cúpula de los Mossos por delitos de sedición y organización criminal, la defensa de Soler sostiene que su nombramiento como director general del cuerpo policial “no podía tener un designio político marcado toda vez que la estrategia política estaba por definir”.

En su defensa, Pere Soler niega que el 1-O fuera un acto de sedición, rechaza que se le diera la orden a los Mossos de que no actuaran para impedir la votación y rechaza que forme parte de una organización criminal liderada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien ni siquiera está imputado por ese delito.

Puigdemont, líder sin procesar de la organización

A su juicio, la existencia de una organización criminal ha quedado descartada por el propio Tribunal Supremo cuando rechazó incorporar a la causa que se sigue por rebelión al mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, “al no apreciar conexión material inescindible entre los hechos por los que se investiga a este último y aquéllos que se atribuyen a los ahora procesados en el Tribunal Supremo”.

Entre los procesados por el magistrado Pablo Llarena se encuentra el propio Puigdemont, considerado por la instructora Carmen Lamela como el líder de la organización criminal, y quien “paradójicamente” no está procesado por este delito, según recoge el letrado Oriol Guardiola en su escrito.

“No hubo un levantamiento”

Respecto del delito de sedición, Soler por un lado niega que se diera la orden a los Mossos para no actuar. Pero es que además, considera que esa “pretendida pasividad” el 1-O “su subsume, sin más, un delito de sedición que precisa de un levantamiento, sublevación o insurrección”.

“Esta acción típica no queda colmada por la simple presencia de ciudadanos frente a los colegios electorales ni tampoco por el ejercicio del voto”, subraya. Así, recuerda que la sedición “precisa la concurrencia de una insurrección que, por demás, esté dotada de fuerza o actitudes hostiles y esté enfilada al impedimento que iba a ejercer la autoridad policial por mandato judicial”.

Además, recuerda que el actual máximo responsable de los Mossos, elegido por el Gobierno central con la aplicación del 155, Ferrán López, aseguró en su declaración como testigo que la sustitución del antecesor de Soler y del conseller de Interior pocos meses antes del 1-O “no supuso un cambio de directrices en cuanto alas cuestiones operativas y técnicas de los dispositivos, que seguían siendo tomadas de forma autónoma por parte del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra”.

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