Durante unos días ha vuelto la cantinela por la eventual reforma de la Constitución. Debate absurdo donde los haya. No porque sea absurdo reformar nuestra Carta Magna, que tan bien ha sentado a nuestro país desde que fue fletada hace 39 años, y ya presenta unas cuantas goteras, sino porque resulta estéril y porque se mueve en el vacío.

El vacío lo genera la razonada falta de voluntad del Gobierno de Rajoy para afrontar la reforma y el hecho de que, como dicen en Moncloa, no existe un mínimo consenso sobre los aspectos del texto que deberían pasar por el taller del poder Legislativo. La consecuencia es que la tarea no está ni se la espera en una agenda política nacional ya bastante ‘cargadita’ con apremios tan espinosos como la erupción separatista en Cataluña, la puesta al día de la financiación autonómica o la propia estabilidad de un Ejecutivo en minoría.

El asunto no está ni se le espera en una agenda política cargada de apremios tan espinosos como la erupción separatista y la financiación autonómica

En estas circunstancias, los únicos enganches del reciente debate con la realidad han sido el aniversario de la Constitución y el especial empeño del PSOE en reformarla cuanto antes. O sea, la agenda de Pedro Sánchez y un cumpleaños. Dos únicas palancas políticas y mediáticas del ocasional interés por un tema recurrente desde que la crisis económica nos salió al paso.

Esa banda sonora nos acompaña desde que entonces empezamos a percibir la fatiga de materiales en el texto constitucional. Con señales tan visibles como la irrupción del populismo importado por el malestar social (los indignados entran en política), el desplome del PSOE por ruptura con sus electores y el pulso del nacionalismo catalán, planteado en un momento de debilidad del Estado con la pretensión de que Moncloa le ayudase a reventar el principio de soberanía nacional única e indivisible.

La aparición de Podemos incorporó al debate la eventualidad no de reformar la Constitución sino de demolerla. Eso explica en parte su complicidad con los inspiradores del ‘procès’. Cuando Iglesias Turrión menosprecia el régimen del 78, confiesa sus dificultades para pronunciar la palabra España o arremete contra la Monarquía proyecta su tesis de que la Constitución fue una forma de perpetuar el franquismo. Así que lo mejor es acabar con ella y proclamar la tercera República.

La agenda de Sánchez y el cumpleaños de la Carta Magna han sido las palancas políticas y mediáticas del ocasional interés por un asunto recurrente

Esos fantasmas que sacan a pasear los dirigentes de Podemos, a escala nacional, y los del independentismo, a escala catalana, empujan a Rajoy a utilizar el freno de mano cuando Pedro Sánchez le recuerda su compromiso de reformar la Constitución. El freno, como medida preventiva, claro. Para evitar una cirugía constitucional sin consenso previo sobre los órganos necesitados de reforma o extirpación.

No es grano de anís la renovación de un pacto constitucional que, siguiendo el pensamiento de José Ignacio Torreblanca, implique a partidos políticos, territorios y generaciones. Algo más, como se ve, que la reforma federal del PSOE o el encaje de Cataluña. Pero la necesidad de hacerlo sigue viva. En el aire, por ahora. Nada que hacer mientras las tres grandes fuerzas de inequívoco compromiso con el orden constitucional (PP, PSOE y Ciudadanos), que concentran la mayor capacidad de iniciativa legislativa, no se pongan de acuerdo para afrontar conjuntamente la tarea. En clave reformista, no derogatoria.

Rajoy usa el freno de mano cada vez que Pedro Sánchez le recuerda su compromiso de reformar la Constitución. El freno, como medida preventiva

De momento, el apremio lo pone el PSOE. Lo viene poniendo desde el 28 de octubre de 2015, aniversario de la barrida felipista de 1982. Fue el día elegido por Pedro Sánchez (primera época) para presentar “la reforma constitucional que necesita España”, después de los planes fallidos del Gobierno de Zapatero y la también fallida solicitud de crear una subcomisión parlamentaria ‘ad hoc’ en diciembre de 2014. Así hasta la reciente y desganada comisión modernizadora del Estado autonómico que, según sus promotores, debería desembocar dentro de seis meses en una vía abierta a la reforma de la Constitución.

Puro voluntarismo socialista. La puesta al día de una Constitución cansada como la nuestra para adaptarla a la España del siglo XXI sigue siendo una asignatura pendiente.

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