El Estado se va a quedar con los 60.000 euros de fianza que la número 2 de ERC, Marta Rovira, tuvo que pagar en febrero para evitar ingresar en prisión. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena fijó esa cantidad tras tomar declaración a la mano derecha de Oriol Junqueras en la formación independentista el pasado 19 de febrero.

La asociación ANC pagó la fianza y así evitó que Rovira ingresara en prisión. Sin embargo, un mes después de su interrogatorio, el instructor anunció el auto de procesamiento contra miembros del ex Govern y Mesa del Parlament por haber intentado declarar la independencia de Catalunya de manera ilegal.

El instructor había citado a los representantes de todos los investigados el viernes 23 de marzo para notificarles el auto de procesamiento por un delito de rebelión. Y además, a seis de ellos les citaba personalmente para modificarles sus medidas cautelares. Fue entonces cuando el instructor, previa petición de la Fiscalía y la acusación popular representada por el partido Vox, acordó el ingreso en prisión incondicional para el entonces candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, los exconseller Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva, así como para la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Orden internacional de detención

Rovira era la sexta investigada citada pero quince minutos antes de que estuviera prevista la comparecencia anunció a través de una c arta que se iba al “exilio”, es decir, que no acudiría al Tribunal Supremo y se marchaba fuera de España. Ese mismo día, Llarena activó una orden nacional, europea e internacional de detención e ingreso en prisión.

Tras su fuga, el instructor ha advertido a su fiador, el tesorero de ANC, Marcel Padrós, es decir a la persona que pagó la fianza de Rovira, que si en el plazo de diez días no entrega a su “fiadora” ante el tribunal, el Estado se quedará con los 60.000 euros de fianza. Así lo notificó en una providencia fechada el mismo 23 de marzo, tras conocer que se había marchado al extranjero.

Rovira ha sido procesada por un delito de rebelión por ser una de las organizadoras del referéndum del 1 de octubre a pesar de que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Rovira estuvo n las reuniones preparatorias e impulsó, según el juez, el plan para, después de la votación, declarar la independencia de Catalunya fuera de las vías legales.

Deja un comentario