El juez que investiga la organización del referéndum del 1 de octubre en Catalunya ha aceptado la personación de la Abogacía del Estado, en representación del Estado español, como perjudicado por los fondos que presuntamente la Generalitat habría desviado de manera irregular para su preparación.

Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso La Vanguardia acordada por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, el pasado 11 de diciembre. Según consta en las actuaciones de este proceso judicial, fue el instructor quien tomó la iniciativa de ofrecer a la Abogacía del Estado su personación en la causa.

El magistrado la aceptó después de recibir un informe de la Abogacía del Estado anunciando su interés por estar presente. Según fuentes jurídicas, la razón por la que el instructor tomó la iniciativa fue que tras la aplicación del artículo 155 consideró que es el Estado el responsable de velar por la contabilidad de la Generalitat.

Tras la aprobación del artículo 155 de la Constitución el pasado 28 de octubre -un día después de la declaración unilateral de independencia por parte del Parlament-, el Gobierno central cesó a los máximos responsables del gobierno catalán y tomó las riendas de la Generalitat. Hasta ahora, los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico no se habían personado en la causa que se investiga la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos, al entender que la Generalitat no era perjudicada.

La Generalitat no se ve perjudicada

La razón de que el Govern catalán no se personara es que son sus máximos responsables los que se encuentran investigados. Es decir, juez, Fiscalía y Guardia Civil sospechan que la Generalitat concedió durante los últimos años adjudicaciones irregulares a empresas y asociaciones que se encargarían de organizar y preparar el referéndum.

La Guardia Civil ha empezado ya con la investigación sobre la malversación y ya ha detectado dos campañas de publicidad de 500.000 euros destinadas a promocionar el 1-O a pesar de estar prohibido por el Tribunal Constitucional.

Los investigadores están mirando a fondo todas las adjudicaciones y subvenciones concedidas por la Generalitat tras las sospechas de su irregularidad y de que esos fondos realmente han estado destinados a sufragar el referéndum.

En busca de fondos estatales

La perjudicada de ese mal uso de fondos públicos es la propia Generalitat, que sin embargo no se considera afectada al negar tales extremos. Sin embargo, el juez ha abierto la puerta a la Abogacía del Estado para que pleitee junto a la Fiscalía y las acusaciones populares, representadas por el partido Vox y por el abogado Miguel Durán, contra los máximos responsables del Ejecutivo regional cesado.

Por ahora, se encuentran investigados en esta causa el ex secretario de Hisenda, Lluis Salvadó, y el ex secretario general de Vicepresidència y de la Conselleria de Economia i Hisenda, Josep María Jové, entre otros. No obstante, los máximos responsables del Govern también están siendo investigados por el delito de malversación de caudales públicos en la causa seguida en el Tribunal Supremo por la presunta rebelión al declarar la independencia de Catalunya.

Una de las sospechas de los investigadores es que desde el Govern catalán se podría haber utilizado dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para la organización del 1-O. La Guardia Civil está ya trabajando para intentar acreditar que efectivamente se pudo utilizar parte de esta línea de crédito que concede el Ministerio de Hacienda a raíz de la crisis económica para que las comunidades autónomas no tuvieran que financiar su deuda en los mercados.

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