Era el primer día del juicio del procés en el Tribunal Supremo y ya muchos estaban pensando en lo que ocurrirá el primer día después del fin del último recurso que tenga lugar en España. Todo el mundo era consciente de eso. La Sala de lo Penal del Supremo lo es desde hace tiempo. Los abogados de los doce acusados (nueve hombres y tres mujeres; nueve en prisión y tres en libertad) no dejaron de mencionarlo de una u otra manera. Siempre con respeto, nunca como amenaza. Este es un sitio donde te pueden matar pero antes te dirán que lo van a hacer “con el máximo respeto”. 

Quien fue más preciso fue el abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas. “Cuando el presidente de Omnium acuda al Tribunal de Estrasburgo, quien va a ser condenada no va a ser Turquía o Rusia, sino España”, dijo. Después citó una reciente sentencia condenatoria del TEDH contra el régimen autoritario de Azerbaiyán, cuyo Gobierno detuvo y encarceló a varios dirigentes de la oposición acusándoles de terrorismo. Vino a decir que eso es lo que puede ocurrir a España a causa de un patrón denunciado por las defensas: violación de derechos de los acusados, juicio sin garantías, condena sumaria y finalmente derrota en Estrasburgo.

Ese fue el argumento principal de las defensas en la primera jornada del juicio, destinada a las cuestiones previas, donde las partes plantean al tribunal que se admitan pruebas que han sido rechazadas o se protesta por vulneraciones de derechos durante la instrucción. Es una forma de prepararse para el día después de la sentencia cuando haya que ponerse con el recurso. Aquí exponen la munición que tendrán que emplear si vienen mal dadas. Y no pueden dejar nada en el maletín.

Son cuestiones netamente jurídicas, pero en este juicio nada es convencional. El clima político se respira por todos los lados. Está en el banquillo de los acusados, en el sumario, en la lista de asistentes del martes entre los que estaba Quim Torra, en los alegatos de las defensas, en los tuits de los políticos. En la forma en que el Tribunal Supremo gestiona el juicio más complicado que afronta el sistema político de este país desde los años 80.

El PP alegó en Twitter que este juicio se celebra gracias al Gobierno de Rajoy. Es posible que la Fiscalía y el Tribunal Supremo hayan tenido algo que ver. Lo que es seguro es que si lo vio el presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena, no le debió de gustar mucho. El tuit del PP viene a confirmar las tesis de los partidos independentistas de que esto es un juicio político promovido por organizaciones políticas para obtener réditos políticos, no un asunto en que se dirimen presuntas violaciones del Código Penal. 

Sin embargo, la política está agazapada en cada rincón de este juicio. Si uno tiene la tentación de olvidarlo, sólo tiene que mirar un poco a la derecha –inevitablemente en un extremo– y ver al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, uno de los dos letrados que representan a la acusación popular.

Pedro Fernández y Javier Ortega Smith, número dos de Vox, en la sala como representantes de la acusación popular.

J.J. Guillén / Pool EFE

La extrema derecha en representación del “pueblo” es una de las grandes cuestiones inauditas de este juicio y las consecuencias que tendrá no están aún claras desde el punto de vista jurídico. Lo que es indudable es que la vista será una plataforma mediática de primer orden para Vox, y eso a unos meses de las elecciones de mayo no será irrelevante. 

Trasladados a prisiones de Madrid, los acusados recibieron el apoyo de familiares y amigos que viajaron desde Catalunya. Digamos que el tribunal fue considerado con su situación. Permitió que los que están presos tuvieran unos breves segundos para abrazos y besos en la salida. No hubo prisa para sacarlos de la Sala. Jordi Cuixart fue el más sonriente de ellos. Durante la vista, no resistía la tentación de mirar atrás para sonreír a los suyos e infundirles ánimos. Oriol Junqueras fue el más sobrio. Saludó a Quim Torra de forma bastante seca. Estaba más interesado en dar un beso a su esposa y hablarle un poco al oído. 

Para que los acusados sean condenados, no valdrá con la cuestionada instrucción del juez Llanera, que la fiscalía intentará confirmar con pruebas y testimonios en la vista. Por eso, es lógico que las defensas tengan como prioridad restar credibilidad a lo realizado hasta ahora. Se aplicaron a ello desde el primer minuto, hasta el punto de que la primera intervención escuchada –la de Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras– fue como si presentara las conclusiones de toda la defensa con un discurso apasionado e inevitablemente muy político en el que no faltó una referencia lateral al código samurái. 

Un teniente coronel, en primera línea del juicio

Ahí se ha comenzado a cuestionar una de las bases del proceso: todo lo que se hizo jurídicamente antes de que la causa llegara al Supremo. Las defensas están escandalizadas por el hecho de que hay una huella digital que se distingue sobre las demás. Es la del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena. “Ha firmado nada más y nada menos que 35 atestados policiales” en esta investigación, dijo Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell. 

Baena era el jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Catalunya y se responsabilizaba de las investigaciones que surtían a varias instancias judiciales. Además, fue acusado de tener una cuenta anónima en Twitter desde la que atacaba a los políticos independentistas. No es que las defensas estén preocupadas por su hiperactividad, sino que creen que todo el edificio judicial que se les viene encima fue levantado por Baena y por el juez, ya fallecido, del Juzgado número 13 de Barcelona.

La abogada Arderiu afirmó que las defensas tienen la intención de “poner en duda la credibilidad” del teniente coronel Baena. En una causa que ha tenido una cobertura permanente en los medios de comunicación, aún puede haber sorpresas o surgir con fuerza personajes que sólo aparecían citados a partir del quinto párrafo de los artículos.

“Las acusaciones se sustentan únicamente en los atestados policiales”, dijo Ana Bernaola, abogada de Jordi Turull. Según esta versión, la Fiscalía sólo ha pedido una diligencia, y todas las importantes ya se hicieron en el Juzgado número 13 donde el caso fue cocinado y servido en la mesa con mantel del Tribunal Supremo. “La instrucción ha durado nueve meses, una duración insólita (por corta) en una macrocausa, y se ha hecho así a costa de rechazar las diligencias propuestas por la defensa”, dijo un letrado. 

Algunos abogados de la defensa no estaban personados en el caso abierto en el 13, otros sí, por lo que llegaron a la conclusión de que la suerte de su cliente estaba casi sellada antes de que ellos empezaran a trabajar. Será el tribunal el que decida si eso les ha provocado indefensión y por tanto materia prima de calidad para un futuro recurso. De nuevo, la vista puesta en Estrasburgo.

Desde luego, la Fiscalía se vio muy beneficiada de esa secuencia de acontecimientos que comenzó en el Juzgado número 13 de Barcelona y que ha terminado en el Supremo. Los partidos independentistas no eran los únicos que llevaron mucho tiempo preparando los pasos que debían dar.

El discurso del rey

El abogado de Jordi Sànchez y dos exconsellers acusados presentó la propuesta con menos posibilidades de sobrevivir al filtro del tribunal: la comparecencia del rey como testigo. Lo hizo con el argumento de que la Fiscalía utilizó “como elemento incriminatorio” el discurso de Felipe VI del 3 de octubre, dos días después del referéndum de independencia. El que fue el discurso más político de un monarca español desde la muerte de Franco. 

El letrado Jordi Pina sabe que va a recibir un ‘no’ por respuesta. Él mismo justificó la negativa al señalar que si el monarca estima que la ley le permite no declarar, no hay ningún problema. Sólo pretende que el tribunal lo solicite. El Supremo no suele ser tan imaginativo en sus decisiones. 

Lo cierto es que el auto de acusación de la Fiscalía finaliza con un resumen del discurso del rey, antes de incluir, como es habitual, el listado de las penas que se reclaman a cada acusado. Los fiscales decidieron que las palabras del monarca “instando a los poderes del Estado al cumplimiento de sus funciones y a garantizar la convivencia democrática” eran el colofón perfecto para su alegato. Como si fueran las instrucciones que el jefe del Estado imparte a una de sus instituciones principales, el Tribunal Supremo. 

Todo en este juicio tiene que ver con la política. 




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