Ya sea bajo lluvia o con un sol radiante, Barakaldo está siempre en el centro de la tormenta. Esta localidad de la Margen Izquierda de Bizkaia, considerada alguna vez el motor industrial de Euskadi, es hoy uno de los lugares más golpeados por la crisis. Entre las víctimas está Joseba Martínez, un joven de 28 años que se vio obligado a recurrir a las ayudas sociales para sobrevivir. Sin embargo, lo que en un principio no debía ser más que un trámite se ha convertido en una tarea titánica para este profesor de karate: quiere demostrar, sentencia mediante, que Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, vulnera los derechos de la ciudadanía.

Su historia se parece bastante a la de Daniel Blake, el personaje de la última película del director británico Ken Loach. En aquel film, un ciudadano anónimo se veía obligado a pelear contra las arbitrariedades de la administración a la hora de tramitar ayudas sociales. Martínez, el Blake vasco, se ha visto obligado a actuar de la misma manera. ¿El motivo? Hace aproximadamente un año y medio, intentó acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), una ayuda dirigida a quienes carecen de los recursos necesarios para cubrir todas sus necesidades.

Aquel mes de junio de 2016, el trámite en la oficina de Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) de Beurko (un barrio de Barakaldo) se convirtió en odisea. “Me denegaron la ayuda alegando que no había entregado la documentación en el plazo correspondiente, cuando lo que ocurrió en realidad fue que no quisieron recogerla en el registro, entre otras malas prácticas”, recuerda Martínez. De hecho, este trabajador autónomo tiene en su poder un resguardo que acredita la presentación de los formularios solicitados.

Tras varias idas y venidas, el solicitante decidió recurrir a los tribunales para pedir justicia. Respaldado por la plataforma por los derechos sociales Berri Otxoak, en mayo pasado presentó una denuncia judicial, tal como informó Público. El momento más álgido de este proceso llegará este lunes a las 9.30 de la mañana, cuando el director de la oficina de Lanbide de Beurko se verá obligado a declarar como testigo en el juicio que se celebrará en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria, donde deberán aclararse responsabilidades.

A criterio de Berri Otxoak, la celebración de este juicio “demuestra que son constantes los recortes y malas prácticas que se aplican desde Lanbide”. Entre otros aspectos, la plataforma denunció en un escrito la “falta de operatividad y citas previas limitadas por día, lo cual retrasa la atención a las familias” y los “impedimentos para entregar documentación requerida desde los Servicios Centrales de Lanbide”. También incidieron en el “escaso personal” en la oficina de Barakaldo, lo que obliga a las personas usuarias a “esperar más de un mes para ser atendidas”.

Advertencias del Defensor del Pueblo

El asunto llegó incluso a manos del Ararteko (Defensor del Pueblo en Euskadi), que mediante una resolución advirtió que “las oficinas de Lanbide están obligadas a realizar funciones de registro y emitir una relación exhaustiva de los documentos presentados o entregar una copia sellada de los documentos aportados”, recordaron desde Berri Otxoak.

“Criminalización y recortes”

Este colectivo social sostiene que detrás del caso de Martínez se esconde una realidad muy grave: “el claro endurecimiento de requisitos” para acceder a la RGI, la “reducción de cuantías” y el “incumplimiento de la normativa” por parte de los responsables de Lanbide, así como las “continuas campañas de criminalización contra las personas perceptoras de las prestaciones sociales”. De esta manera, advierte Berri Otxoak, se busca “recortar los derechos que asisten a miles de personas con dificultades para llegar a fin de mes”. Joseba, el Daniel Blake vasco, es uno de ellos.

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