El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la indemnización de 1.350,7 millones para las empresas promotoras (entre ellas ACS) del proyecto de almacén de gas de Castor que fijaba el decreto ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014, al considerarla inconstitucional.  El Gobierno había  descartado pedir la devolución de la millonaria indemnización, ya cobrada.

En su sentencia, el TC estima parcialmente los recursos presentados por el Parlamento, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acuerda declarar “inconstitucionales y nulos” los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los pequeños seísmos registrados en la zona.

El TC considera que no concurría una “situación de extraordinaria y urgente necesidad” que justificara aprobar un decreto ley para “atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista”.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó a Escal UGS, controlada por la constructora ACS (66%), la concesión de explotación del fallido almacenamiento subterráneo de gas natural Castor. El decreto incluía una polémica cláusula, inédita en este tipo de instalaciones y avalada por el Tribunal Supremo en octubre de 2013, que indicaba que en caso de extinción de la concesión, la adjudicataria tendría derecho a recibir una compensación por “el valor de residual de las instalaciones”, aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”. Ese es el origen de la multimillonaria indemnización (1.350 millones de euros) que cobró la adjudicataria tras renunciar al fallido almacén a finales de 2014.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.