El auto del Tribunal Supremo por el que tres magistrados rechazaron dejar en libertad al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, aleja aún más la opción de que el ex presidente, Carles Puigdemont, vuelva a España. El líder de la formación independentista más votada en Catalunya se marchó para no enfrentarse ante la Justicia después de la declaración unilateral de independencia. Desde su salida no ha vuelto y no aclara si pretende hacerlo.

Sin embargo, la resolución dictada este viernes por el alto tribunal apuntala la presunta comisión de un delito de rebelión no sólo de Junqueras sino de todos los miembros del ex Govern, con Puigdemont a la cabeza. Este delito, recogido en el artículo 472 del Código Penal, establece penas de prisión de 15 a 25 años para “los que, induciendo a los rebeldes hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta”.

Pero es más, la pena asciende a los 30 años de cárcel si para conseguir sus propósitos se distrajeran los caudales públicos de su legítima inversión. En la misma resolución, los tres magistrados que revisaron el recurso de apelación contra el auto de prisión de Junqueras acordado por el instructor Pablo Llarena, también sostiene que hay indicios de malversación de caudales públicos. Sospechan que se utilizaron fondos públicos para organizar el referéndum del 1 de octubre, lo que sitúa a los investigados en la horquilla superior de la pena.

No obstante, los magistrados que compusieron la Sala de Apelaciones abrieron la opción de que el Govern -cesado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución por orden del Gobierno central- pudiera haber cometido un delito de conspiración para la rebelión que supone la rebaja en uno o dos grados la pena.

Activar de nuevo la OED

Puigdemont se encuentra en Bruselas (Bélgica) pero a día de hoy puede moverse por todos los países de Europa y de fuera de ésta. El magistrado sólo mantiene la orden nacional de detención para él y los otros cuatro ex consellers huidos después de desactivar la orden europea e internacional de detención e ingreso en prisión.

La razón de que el magistrado del Tribunal Supremo dejara sin efecto la orden emitida por la primera juez que inició la investigación, Carmen Lamela, fue para evitar que las autoridades belgas acordaran la entrega del ex presidente con alguna limitación. Es decir, se podría haber dado la circunstancia de que la Justicia belga hubiese accedido a entregar a Puigdemont pero no por todos los delitos por los que se le persigue lo que impediría el enjuiciamiento de éstos en España.

Llarena consideró que era más oportuno esperar a que el candidato de Junts pel Catalunya decidiera volver a España voluntariamente, dado que el líder catalán había anunciado públicamente su regreso en caso de ganar las elecciones.

Esperar a la condena de Junqueras

Sin embargo, pasan las semanas y Puigdemont sigue sin regresar. Su situación judicial cada vez se pone más complicada. Ya nadie duda de que en caso de ser detenido va a ser enviado de manera inmediata a prisión incondicional, probablemente hasta la celebración del juicio, tras el que podría ser condenado a más de una década de prisión.

Según fuentes jurídicas, el instructor no tiene prisa por activar de nuevo la Orden Europea de Detención (OED). Incluso podría esperar a que Junqueras y el resto de investigados sean enjuiciados y en su caso condenados, Una vez que se disponga de una sentencia firme sería más factible que las autoridades belgas o de cualquier país donde se encontrara el ex presidente catalán acceda a su entrega por todos los delitos por los que es perseguido.

Han ido “muy lejos”

El auto dictado el pasado viernes marcó las bases de lo que será la acusación formal contra el ex Govern, la Mesa del Parlament y los líderes y portavoces de los principales partidos independistas catalanes. El Tribunal Supremo insiste en desmentir las proclamas de los ex gobernantes catalanes y les recuerda que no se les persigue por sus ideas. Destacan que la Constitución admite la defensa de cualquier posición política, incluso las que defienden la desaparición de la misma Constitución y la instauración de un régimen no democrático.

”Pueden defender la pertinencia, la convivencia o el deseo de lograr la independencia de una parte de España, sin cometer delito alguno. La presente causa no se ha incoado, pues, para perseguir la disidencia política, ni la defensa de una opción independentista. Es por ello que no puede hablarse de presos políticos, pues nadie es perseguido por defender una idea, y el sistema permite la defensa de cualquier opción, ofreciendo cauces sobrados para sostenerla”, señala en auto.

Pero en el caso de los investigados, no se han situado en esa posición política teórica, “ni tampoco en una defensa de la misma dentro de las vías o cauces legales propios de un sistema democrático, sino que ha ido mucho mas lejos”.

Independencia por la vía de hecho

La resolución recoge que hay indicios de que el ex Govern, con la ayuda de otras instituciones, idearon un plan para proclamar la independencia de Catalunya. “En ejecución de su plan y acudiendo a vías de hecho, se han alzado contra el Estado español, contra la Constitución, contra el Estatuto de Autonomía de esa Comunidad y contra el resto del ordenamiento jurídico”.

Para el tribunal, este comportamiento “constituye un hecho ilegítimo, gravísimo en un Estado democrático de Derecho, en el que el cumplimiento de la ley como expresión formalizada de la voluntad popular aprobada por sus representantes legítimos, y también la misma lealtad al propio sistema democrático que nos rige, imponen ciertos límites que deber ser respetados en aras de una convivencia pacífica y ordenada”.

No existe diálogo

Para Puigdemont, tampoco es buena noticia para su futuro judicial el hecho de que la Sala no acepte como válida la propuesta de Junqueras de abandonar la vía unilateral para ofrecer diálogo y acuerdo al Gobierno central para conseguir sus pretensiones. “El diálogo al que se hace referencia, hasta ahora, solamente se ha pretendido o planteado por el recurrente (Oriol Junqueras), y por quienes le acompañan en su proyecto político, como referido exclusivamente a la forma en la que Estado español pudiera presentarse a reconocer la independencia de Catalunya”, recoge el auto.

Los magistrados concluyen que el ofrecimiento de esa clase de diálogo o la invocación de la bilateralidad en esas condiciones, no puede valorarse como un indicio de abandono del enfrentamiento con el Estado mediante vías de hecho con la finalidad de obligar a aquel a reconocer la independencia de Catalunya”.

Y finaliza: “No se trata por lo tanto de impedir que vuelva a defender su proyecto político, sino de evitar que lo haga de la misma forma en la que lo ha hecho hasta ahora y que ha dado lugar a hechos bien conocidos por su notoriedad, que, como hasta ahora se ha dicho, y sin perjuicio del resultado de la fase de instrucción o de lo que en su día pudiera decidir un tribunal, presentan sólidos caracteres delictivos”.

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