La opción secular de las Administraciones Públicas por la gestión indirecta para la prestación de servicios básicos se encuentra en los últimos tiempos sujeta a debate, abriéndose paso una senda, lenta pero inexorable, hacia la gestión directa.

Impugnación gubernamental

El acuerdo fue impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa, tanto por la empresa concesionaria como por la Administración General del Estado, actuando una vez más en tenaz oposición no sólo a la autonomía local, sino también a los mandatos legales y constitucionales que compelen a las Administraciones a actuar bajo el principio de eficacia, respondiendo en la ejecución del gasto público a los criterios de eficiencia y economía, de conformidad con los artículos 31 y 103 CE, motivo que habría de resultar suficiente para respetar las decisiones tendentes a mejorar la gestión de los recursos y los servicios que les están encomendados, con mayor fuerza si cabe cuando, como es el caso, se trata de servicios públicos de prestación obligatoria.

Lejos de ello, recurre el Estado lo que constituyen legítimas opciones de gestión bajo la sorprendente, peregrina y genérica argumentación que la preside, consistente en evidenciar la difícil situación económica que presentan, en la actualidad, las Administraciones Públicas; hecho que, según afirma, no necesita ser probado, por su evidencia.

Coincide el fondo de la resolución con la dictada por la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Valencia en el Auto 431/17, pieza de medidas cautelares 320/17, relativa al procedimiento de reversión del Hospital de Alzira, cuya gestión indirecta venía prestando la UTE Ribera Salud II. Al imprescindible análisis sobre la concurrencia o no de los requisitos para adoptar una medida de este orden —apariencia de buen derecho, perjuicios de imposible o difícil reparación y ponderación de intereses en juego—, añade mención expresa a que la reversión se produce como consecuencia del vencimiento del plazo establecido en el contrato, sin que encuentre acomodo sin más la continuación de la prestación por quien venía realizándolo, en perfecta sintonía con el auto previamente comentado.

No solo ideología: sin lucro ni abusos

La preferencia en la opción por la prestación directa de los servicios públicos por parte de las Administraciones no es —no sólo— una cuestión ideológica. Llevado a cumplido efecto los trámites legales preceptivos para llevar a cabo la reversión, existen sobradas razones para que no sólo la titularidad del agua sea pública, sino también su gestión: la Administración no se guía por afán de lucro, se evitan situaciones de abuso del gestor por la propia situación de dominio, se garantiza sin intermediarios la universalización del servicio o la continuidad del suministro bajo parámetros de condiciones óptimas, tanto de salubridad como medioambientales, siendo extrapolables estas razones reforzadas al conjunto de servicios públicos, cuya gestión directa genera mayor confianza, pues lo contrario no deja de ser una gestión privada del interés público que no parece de recibo utilizar de forma indiscriminada, como se ha venido haciendo.

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