El frente judicial del proceso soberanista sigue su curso, ajeno al resultado de las urnas. Mientras los partidos analizaban este viernes los resultados del 21D, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha imputado en la causa por rebelión a Artur Mas, Marta Pascal y Neus Lloveras (PDeCAT), Marta Rovira (ERC) y Mireia Boya y Anna Gabriel (CUP).

La macrocausa contra la cúpula del ‘procés’ –con los seis de este viernes se alcanzan los 28 imputados– abierta en el Supremo tendrá una incidencia directa en la legislatura catalana. En las manos y los autos del Supremo estarán decisiones tan relevantes como dejar salir de la cárcel al exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras. La vista sobre su libertad provisional,  a la que se opone la Fiscalía, se celebrará el 4 de enero, veinte días ante del plazo máximo para que se constituya el Parlament.

La nueva tanda de imputaciones de Llarena de este viernes añade complejidad al tablero independentista. Marta Rovira, la encargada de ERC para dirigir las negociaciones post21D, ya ha recibido la comunicación de que está imputada por rebelión, sedición y malversación por su papel en el ‘Comité Estratégico’ independentista. No ha sido llamada a declarar, pero fuentes jurídicas no prevén que su citación se demore.

Lo que pase con el fugado Carles Puigdemont –que tras la noche electoral es el primer candidato independentista a la presidencia– es todavía una incógnita. A día de hoy el líder de JxCat se inclina por volver a España bajo el compromiso de que la Fiscalía no pedirá su ingreso en prisión. Un pacto ya de entrada difícil y del que Mariano Rajoy no se siente parte. “La situación procesal de esas personas no depende de las elecciones sino de la Justicia”, ha dicho este viernes Rajoy.

El reglamento del Parlament permite a los diputados electos tomar posesión del acta sin tener que acudir presencialmente a la cámara. Sin embargo, el candidato a president tiene que presentar su discurso ante todos los diputados. Y esto, en principio debe hacerse de forma presencial, aunque la disposición del reglamento quedará a la interpretación final de la mesa.

El Supremo tendrá la última palabra para decidir si los tres diputados electos encarcelados –Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquim Forn– y los cinco que permanecen en Bruselas –Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret– pueden participar en la nueva legislatura y de qué manera. En los partidos ya cuentan con que algunos podrían renunciar a su escaño y cederlo a un miembro de la lista que no esté encausado.

Llarena frena a la Guardia Civil

La otra parte relevante de las nuevas imputaciones es que por primera vez exdiputadas de la CUP –Anna Gabriel y Mireia Boya, portavoz y presidenta de su grupo parlamentario la pasada legislatura– serán investigadas junto a los exconsellers de ERC y el PDeCAT, los miembros soberanistas de la Mesa y los líderes de las entidades independentistas.

Con su decisión, Llarena se reafirma una vez más en la tesis de una actuación concertada entre partidos políticos, entidades e instituciones para lograr la independencia ya fuese por vías pacíficas o no. Lo hace una vez más en base al documento ‘Enfocats’ –un powerpoint sin sello oficial incautado en casa del exnúmero dos de Junqueras, Josep Maria Jové– y su famosa agenda ‘Moleskine’ en la que, en palabras del magistrado, se tomó acta “de algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para idear y pergeñar el proceso de ruptura”.

Cabe recordar que la CUP, a lo largo de la pasada legislatura, se ha quejado de que no la invitaban a las reuniones entre ERC y PDeCAT para abordar la estrategia independentista, y que en la ‘Moleskine’ de Jové la mayoría de encuentros están relacionados con las negociaciones presupuestarias.

No obstante, Llarena ha rebajado a seis las nuevas imputaciones frente a los 19 nombres que le deslizó la Guardia Civil. En su último informe conocido este jueves mientras los catalanes votaban, el instituto armado situó en el supuesto ‘Comité Estratégico’ a políticos de distintos partidos y activistas que el juez no ha imputado: Neus Munté (PDeCAT); Quim Arrufat y la diputada electa Natàlia Sànchez (CUP); los vicepresidentes de Òmnium y la ANC Marcel Mauri y Agustí Alcoberro; pero también a los asesores Carles Viver Pi–Sunyer –que sí está imputado en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona– y Josep Maria Reniu.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.