Si alguien merece el tratamiento de experto en los más intrincados recovecos de la Operación Nécora, es el letrado Manuel Álvarez de Mon. Ha sido funcionario de Instituciones Penitenciarias, juez, fiscal, y abogado. Como letrado, en 1993 consiguió la absolución de Manuel Abal, ‘Patoco’ –vinculado al clan de los Charlines y luego a Sito Miñanco– y dirigió la defensa del arrepentido Ricardo Portabales, uno de los dos testigos gracias a cuyo testimonio pudo iniciar Baltasar Garzón la investigación. En la actualidad también ha recurrido a sus servicios Manuel Fernández Padín: fue excorreo del clan de los Charlines –como Portabales, su testimonio le haría entrar en la categoría de testigo protegido– y su declaración fue pieza esencial para el desmantelamiento del narcotráfico en Galicia. Padín está casi tan enfadado con el libro Fariña como el legendario Laureano Oubiña lo está con su adaptación televisiva. Y es Álvarez de Mon quien ha aceptado llevar sus intereses.

En 1993 Manuel Álvarez de Mon consiguió la absolución de Manuel Abal, ‘Patoco’, y dirigió la defensa del arrepentido Ricardo Portabales. En la actualidad también han recurrido a sus servicios Laureano Oubiña y Manuel Fernández Padín

Laureano Oubiña Laureano Oubiña (LV)

Hasta la irrupción de Sito Miñanco en las pantallas, quien fuese propietario del robusto pazo Baión ostentaba los laureles como el más afamado de entre los excontrabandistas gallegos. En el primer episodio de la exitosa serie de Antena 3, Oubiña aparece retozando en la cama con su esposa cuando es detenido. Sin embargo, en el escrito presentado el pasado siete de marzo ante un juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el letrado Manuel Álvarez de Mon señala que la serie Fariña está basada en el libro homónimo de Nacho Carretero y que ni en sus páginas –ni en las del sumario de la Operación Nécora– figura ninguna escena sexual protagonizada por su cliente. Por ello, solicita un millón y medio de euros como indemnización por el daño moral sufrido, cantidad que será donada a la Fundación San Francisco de Asís.

Sito Miñanco elevó al Juventud Cambados de preferente a Segunda B. Sito Miñanco elevó al Juventud Cambados de preferente a Segunda B. (Atresmedia)

Si bien Antena 3 y Bambú Producciones, las dos entidades demandadas, coinciden en declinar amablemente realizar declaraciones al respecto, Álvarez de Mon sí ha querido explicar a La Vanguardia en qué consiste la pretensión de su cliente: “Es importante hacer una precisión inicial. No es cierto que mi cliente haya demandado a la productora y la cadena. Lo que ha planteado es una solicitud de conciliación con una triple finalidad: que se reconozca que ya no es un narcotraficante y que ha cumplido sus condenas, que con esas escenas se produjo una intromisión en su intimidad y que se le indemnice por ello. La voluntad es alcanzar un acuerdo pero si no fuese posible esa conciliación, nos planteamos la posibilidad de incoar acciones legales y llegar al fondo del asunto, es decir, lo que fue la misma Operación Nécora”.

Hay una trastienda: la Operación Nécora es un montaje. Naturalmente, no te puedo avanzar mis argumentos pero si hay que ir a una demanda, citaremos a testigos del más alto nivel”

Manuel Álvarez de Mon

Abogado

Manuel Álvarez de Mon ha sido funcionario de Instituciones Penitenciarias, juez, fiscal, y abogado. Hoy defiende los intereses de dos arrepentidos y de Laureano Oubiña. Manuel Álvarez de Mon ha sido funcionario de Instituciones Penitenciarias, juez, fiscal, y abogado. Hoy defiende los intereses de dos arrepentidos y de Laureano Oubiña. (LVD)

La sugestiva expresión ‘tirar de la manta’ augura siempre imprevisibles y fascinantes revelaciones. Si la traemos a colación para la más importante maniobra judicial contra el narcotráfico habida en España, las previsiones son aún más golosas. “¿A qué me refiero? A que hay una trastienda: la Operación Nécora es un montaje. Naturalmente, no te puedo avanzar mis argumentos pero si hay que ir a una demanda, citaremos a testigos del más alto nivel. Y no te extrañe que entre ellos se encontrasen el señor Garzón, Javier Zaragoza (entonces fiscal anticorrupción) y alguna persona más”. De Mon nos explica que además del muy conocido recurso de casación, existe el de revisión, pensado en otros supuestos para personas condenadas por un testimonio falso o para retractaciones de testigos.

El año pasado Ricardo Portabales presentó una declaración ante la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia manifestando que en la instrucción de la Operación Nécora declaró coaccionado y que sus denuncias no eran verdad. Con esto no se puede perseguir a Garzón ni a nadie porque se trataría de delitos prescritos, pero sí se abre la vía de un juicio de revisión, para el que están legitimados tanto el Ministerio Fiscal como los condenados en su día. Tanto Portabales como Padín se ofrecen a declarar y si se tira de la manta y hay que ir a juicio, se esclarecerá todo, comenzando por el momento de las detenciones”.

Laureano Oubiña (Carlos Blanco) frente a Sito Miñanco (Javier Rey). Laureano Oubiña (Carlos Blanco) frente a Sito Miñanco (Javier Rey). (Atresmedia)

Su cliente más conspicuo, Laureano Oubiña –que fue condenado por delito fiscal a resultas de la Nécora y no por narcotráfico–, podría ser uno de los interesados en reabrir aquel caso postulándose como demandante. Álvarez de Mon señala que el entonces juez Garzón contradijo de modo flagrante la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “La LECRIM señala que la detención debe practicarse del modo que menos atente a la fama y patrimonio del sujeto y todos recordamos cómo se produjo aquello, con cámaras de televisión incluidas. Si hay juicio, un caso que estaba muerto se verá resucitado”.

El tercero de sus clientes necorinos, Fernández Padín, niega ciertos pasajes que Carretero recoge en su libro. Le indigna particularmente el que relata que confió al clan de los Lulús haber recibido en 1990 una visita en la cárcel del abogado Jorge Argote, que le habría ofrecido un cheque en blanco a cambio de declarar contra Baltasar Garzón. La intención sería desacreditar al juez durante la instrucción de los GAL, extremo que no puede ser cierto porque esta se produjo a lo largo de 1994. Padín advierte que si esa parte de la Fariña literaria ha sido rodada, su seguridad se verá comprometida; por ello, adelanta que piensa exigir 150.000 euros de indemnización.

La LECRIM señala que la detención debe practicarse del modo que menos atente a la fama y patrimonio del sujeto y todos recordamos cómo se produjo aquello, con cámaras de televisión incluidas. Si hay juicio, un caso que estaba muerto se verá resucitado”

Manuel Álvarez de Mon

Abogado

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