La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. dictó sanciones contra otras cuatro figuras destacadas del gobierno venezolano, anunció este viernes el Departamento del Tesoro.

En un comunicado publicado en la página de ese Departamento, se sostiene que estos altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro, todos ellos militares, se encuentran “asociados a la corrupción y a la represión en Venezuela”.

Los sancionados en esta oportunidad son:

  • Rodolfo Clemente Marco Torres: gobernador del estado Aragua. Anteriormente ocupó los cargos de ministro de Economía y Finanzas, presidente del Banco de Venezuela y ministro de Alimentación. Es general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
  • Francisco José Rangel Gómez: exgobernador del estado Bolívar. Es general retirado de la FANB.
  • Fabio Enrique Zavarse Pabón: comandante de la Zona Operacional de Defensa Integral de la Capital, encabezó antes la División General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Es general de división de la GNB.
  • Gerardo José Izquierdo Torres: ministro para la Frontera. Es general de división del Ejército.

Los activos que puedan tener estos funcionarios en EE.UU. están congelados, explica el texto del Departamento del Tesoro, y no podrán sostener relaciones comerciales con personas de ese país.

Miembros de la ANC durante una ceremonia de juramentación en el Palacio Federal Legislativo

Lo pidió Almagro

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien dentro de ese organismo ha llevado adelante una sostenida campaña en contra del gobierno de Maduro, se había pronunciado ya el pasado jueves en favor de más sanciones para Venezuela, recoge Panorama.

Este conjunto de penalidades se suma a las que recaen sobre por lo menos 30 funcionarios venezolanos, entre los que se encuentra el propio presidente Maduro.

Caracas, por su parte, ha catalogado esas sanciones de la administración de Donald Trump como un “bloqueo económico” para “ahogar a Venezuela”.

Maduro ha manifestado que estas medidas han entorpecido e impedido la compra de alimentos y medicinas por parte del gobierno venezolano, en medio de una crisis económica causada por el alto precio de los productos y la escasez de algunos insumos, además de dificultar los pagos a los acreedores internacionales.

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