En su momento, algunos de estos casos acapararon los titulares de todos los medios y acumularon minutos en los informativos de la mayoría de las televisiones. Pero fue efímero: las grandes revelaciones sobre la Operación Lezo, Gürtel o Púnica, y en especial la vertiente judicial del ‘procés’ con más de cincuenta imputados, acabaron por relegar a estas noticias del panorama informativo.

Del caso del expresidente de Murcia a la trama Pretoria pasando por el Caso Nóos o los ERE, estos son seis de los casos de corrupción y fraude que han ido saltando de los titulares.

1. Las tres imputaciones de Pedro Antonio Sánchez

El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tiene a día de hoy tres frentes judiciales abiertos: los casos Auditorio, Púnica y Pasarelas. Esta tercera imputación la ha sumado hace un mes con  la reapertura del caso, que investiga un presunto delito de prevaricación en su etapa como alcalde en otra construcción en Puerto Lumbreras entre 2006 y 2007.

La Justicia investiga también las conversaciones durante su etapa como consejero de Educación para concertar un contrato de formación con empresas de Alejandro de Pedro –el conseguidor del caso Púnica– y pagar con dinero público servicios para mejorar su imagen “de cara a su postulación como futuro presidente de la Región de Murcia”, un contrato no se llegó a firmar porque el experto en redes fue detenido.

Esta semana se ha conocido que la senadora del PP Pilar Barreiro, también imputada en la pieza separada que investiga los delitos de la trama de Murcia, va a declarar el 15 de enero ante el Tribunal Supremo. En la exposición razonada que dejó el juez Velasco antes de abandonar el juzgado acusaba a Barreiro, al igual que a Sánchez, de utilizar fondos públicos para mejorar su imagen.

Hoy defenestrado políticamente, la presunta implicación de Sánchez en la Púnica desató una oleada de solidaridad. Jorge Fernández Díaz, entonces ministro de Interior en funciones, desacreditó el informe de la Guardia Civil en el que se le acusaba de malversación y fraude y arremetió contra los agentes que dependían de su propio departamento: “El informe está lleno de presuntos, de eventuales y de posibles”. Finalmente, el propio PP forzó la dimisión de Sánchez.

En cuanto al caso Auditorio, el expresidente murciano está siendo investigado por prevaricación continuada, fraude contra la administración pública y malversación de caudales públicos por  irregularidades en las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras. El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia cerró la fase de instrucción a finales de noviembre de 2017. Este 2018 continuará la tramitación de la pieza principal.

2. Caso Nóos, a la espera del Supremo

Iñaki Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de cárcel el 17 de febrero del pasado año. La condena para su socio, Diego Torres, fue de ocho años y seis meses. El tribunal presidido por la magistrada Samantha Romero absolvió a la infanta Cristina de Borbón. Los condenados recurrieron ante el Tribunal Supremo, que debe fallar sobre el complejo caso. Cuando lo haga, la sentencia será firme y, de confirmar la pena, Urdangarin deberá entrar en prisión. 

Hasta entonces, el exduque de Palma se encuentra en libertad y no tuvo que abonar una fianza de 200.000 euros, como pedía la Fiscalía. El tribunal le obliga a comparecer el día uno de cada mes ante la autoridad judicial de su país de residencia (Suiza) y a informar de sus cambios de residencia. A Diego Torres la Audiencia sí le retiró el pasaporte y se le prohibió la salida del territorio nacional.

3. El final de Pretoria y Palau

Este año se pondrá fin a los juicios de los dos grandes casos por corrupción de Catalunya: el caso Palau – cuyo fallo se hará público el 15 de enero– y el caso Pretoria, en el que se están implicados dos hombres de confianza del expresident de la Generalitat Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, y que afecta asimismo a exdirigentes del PSC.

En el caso Pretoria se investigan tres pelotazos urbanísticos entre los años 2000 y 2009 en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras. La Justicia tiene que esclarecer si los acusados, liderados por el exdiputado del PSC Luis Andrés García, “Luigi”, recibieron comisiones a cambio de inversiones en terrenos de los municipios que, tras posteriores modificaciones urbanísticas para revalorizarlos, se vendían a un precio mayor.

La Fiscalía ha llegado a un acuerdo de conformidad con Prenafeta y Alavedra por el que ambos reconocieron haber mediado en operaciones urbanísticas y el cobro de comisiones a cambio de una rebaja en la petición de la pena de 6 a 2 años de cárcel. Para el líder de la trama, la aumentó de 8 a 13 años de prisión. 

Mientras, en Catalunya prosigue la investigación  sobre la causa del 3% de Convergència, la pieza abierta sobre la supuesta financiación irregular de la formación y en la que están imputados algunos de sus máximos responsables.

Rato se escuda en la supervisión del Banco de España y CNMV para exculparse de la salida a bolsa de Bankia

EFE

4. Rato vuelve al banquillo por el caso Bankia

La antigua cúpula de Bankia se sienta en 2018 en el banquillo por delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011  para facilitar la salida a Bolsa de la entidad. El pasado 17 de noviembre el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó un auto en el que acordó la apertura de juicio oral contra su expresidente Rodrigo Rato y otras 31 personas físicas, entre las que se encuentran el exministro Ángel Acebes, el exconsejero de OHL Javier López Madrid o el empresario Arturo Fernández.

El exministro de Economía y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato basa su defensa en la “fiscalización” y en la supervisión del Banco de España y de la CNMV. En su escrito de defensa, se exculpa de cualquier responsabilidad y señala que su conducta estuvo “ajustada a derecho”. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, pide cinco años de cárcel para él.

El exvicepresidente de Bankia -‘número dos’ de Rodrigo Rato en el banco- José Luis Olivas también se ha eximido de responsabilidad en la operación. Su defensa argumenta que dimitió de su cargo “muchísimo tiempo antes” de que se celebraran los consejos de administración en los que se reformularon las cuentas del año 2011. Anticorrupción pide para él cuatro años de prisión por el delito de fraude de inversores. 

5. El juicio de los ERE sigue este enero

El 9 de enero se reanudará el juicio de los ERE con la declaración de los 22 acusados, 56 peritos y los testigos citados. El juicio de la primera pieza del caso de los ERE arrancó el pasado 13 de diciembre  después de cerca de siete años de investigación. En el banquillo se sientan 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos seis exconsejeros y los dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Audiencia de Sevilla juzga si estos cargos tuvieron algún tipo de participación en la creación de un sistema sin convocatoria pública y eludiendo la fiscalización previa para otorgar ayudas públicas sociolaborales a empresas entre los años 2001 y 2011. Esas ayudas habrían sido objeto de un “reparto discrecional o, incluso, arbitrario” y en total sumaron 854 millones de euros, una cantidad que la Fiscalía rebaja a 741 millones. Parte de ese dinero acabaría en “entidades y personas que no reunían los criterios” para ello.

6. Dancausa, investigada por Mercamadrid

En 2018 continuará también la investigación sobre una presunta operación fraudulenta en Mercamadrid. El titular del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid citó como investigada a la delegada del Gobierno en la comunidad, Concepción Dancausa, por un delito societario en una causa que salpicó también a Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González e imputado en la Operación Lezo. Están investigados los  16 exmiembros del Consejo de Administración de Mercamadrid en 2013.

El juez investiga los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento entre Mercamadrid y Merca Ocio 22 S.L. En un escrito de la Fiscalía figura que Mercamadrid asumió el pago de un alquiler de unas naves a esta segunda empresa durante veinte años para evitar un litigio. El documento detalla que “si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad” lo que “es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio”.

Concepción Dancausa declaró en noviembre ante el juez que la operación fue “buena” para la empresa porque con ella se obtenían “beneficios para Mercamadrid”, según explicó. La delegada del Gobierno aseguró ante el magistrado que con la transacción se “eludía una posible responsabilidad patrimonial” y “se ponía en marcha unas naves que eran muy importantes”.

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