Los consellers cesados Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig se han entregado este jueves a las autoridades belgas y ya están en dependencias judiciales para declarar ante un juez de instrucción, según confirma la Agència Catalana de Notícies (ACN). El juez instructor decidirá si dicta medidas cautelares mientras se resuelve la euroorden de detención y entrega, si salen en libertad con condiciones -como sucedió en noviembre- o si entran en prisión preventiva, como ha pasado con Carles Puigdemont en Alemania.

Los tres exconsellers ya se habían puesto a disposición de las autoridades judiciales de Bélgica al emitirse la orden europea el pasado 23 de marzo, con el auto de procesamiento ya dictado, y la fiscalía ya los tenía localizados. “Nos han informado. Tenemos que ir este jueves al juez”, avanzó este miércoles su abogado belga, Paul Bekaert, que esperaba que el juez de instrucción dicte este mismo jueves “las condiciones para la libertad”.

Antes de comparecer ante el juez de instrucción los tres exconsellers, acompañados de sus abogados han pasado por una comisaría de Policía, donde se les” notificó” la euroorden y se les ha informado de su “privación de libertad”, explicaron fuentes judiciales a Europa Press. “Es el procedimiento normal. Primero deben ser escuchados por la Policía, que les notifica (la euroorden) y les informa de su privación de libertad. Esto significa que no son libres para irse pero no que sean esposados y entren en prisión”, apuntan las fuentes.

En concreto, el juez de instrucción deberá decidir en un plazo de 24 horas si procede dictar prisión o decreta libertad con medidas cautelares mientras se resuelve el caso. Bekaert espera que se repita “el mismo escenario” que en noviembre, cuando los políticos catalanes tenían prohibido abandonar Bélgica sin permiso de las autoridades pero quedaron en libertad. Además tuvieron que comunicar un domicilio fijo y debían comparecer personalmente ante toda citación policial o de los jueces.

Tras la declaración ante el juez de instrucción, el caso pasará a la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia), donde el juez tendrá un plazo de 15 días para determinar si la orden es ejecutable o no.

En caso de que fuera recurrida, las partes podrían acudir primero al Tribunal de Apelación y posteriormente al Tribunal de Casación. En los dos casos, la sala tiene 24 horas para decidir si admite a trámite el recurso y otros 15 días par tomar una decisión y concluir si la orden de extradición puede ser ejecutada o no.

La legislación comunitaria sobre las euroórdenes prevé que la extradición de un ciudadano reclamado por otro Estado miembro se resuelva en 10 días si el afectado acepta la orden. No obstante, los plazos se alargan hasta los 60 días si las personas requeridas se niegan a la extradición. Este tiempo puede alargarse otros 30 días en casos excepcionales.

Comín es el único de los tres exconsellers que siguen el Bélgica al que Llarena ha procesado por un delito de rebelión, al que se suma el de malversación y es el único que mantiene su escaño en el Parlament de Catalunya. Serret y Puig, por su parte, han sido procesados por delitos de desobediencia y malversación.

El 5 de diciembre Llarena retiró las euroordenes contra Puigdemont y los exconsellers que le acompañaban en Bélgica, dictada por la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional, por el temor de que no se aceptaran los delitos de rebelión y sedición. Ponsatí, por su parte, se enfrenta a la extradición desde Escocia.

El proceso actual no es una continuación del anterior si no uno nuevo en base a la nueva orden emitida por Llarena.

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