Antes de verse obligado a posponer la aprobación de los presupuestos para 2018 por la situación en Cataluña el pasado mes de septiembre, el Gobierno tenía cerrado un acuerdo con Ciudadanos y contaba con sumar, sin mayores problemas, a los dos diputados canarios y a los cinco del PNV. Sin embargo, pasadas las elecciones catalanas, a las largas de los nacionalistas vascos, que insisten en que no se sentarán a negociar mientras el 155 esté activo en Cataluña, se suma ahora un aumento de la presión por parte del partido de Albert Rivera, que asegura que no le dará sus 32 ‘síes’ si no dimite la senadora ‘popular’ Pilar Barreiro, recién imputada por corrupción.

El escenario se le complica a Mariano Rajoy, que confiaba en poder sacar las cuentas de este año adelante y garantizarse así llegar al final de la legislatura con el apoyo del PNV, cuyas reticencias esperaban solventar, después de la aprobación en diciembre de la actualización del Concierto y el Cupo vasco. Sin embargo, pasado el 21D, esta misma semana esta formación ha avisado de que siguen sin darse las condiciones para afrontar esta negociación. 

Y a estas dificultades, que en el Gobierno no ven de fondo, se añade ahora el giro en Ciudadanos, que pone una nueva condición a las ya pactadas. El partido de Albert Rivera reaccionó este miércoles con rapidez a la decisión del Tribunal Supremo de llamar a declarar como investigada a la senadora por Murcia y avisó al PP de que si no deja su escaño, están dispuestos a no aprobar los presupuestos.

Fuentes de este partido consultadas por Vozpópuli defienden que lo único que están haciendo es “exigir que se cumplan los acuerdos” y niegan que se trate de “aumentar la presión” al Gobierno. Según dicen, si el proyecto de presupuestos del Gobierno recoge lo pactado en el “preacuerdo” de hace unos meses, lo apoyarán. “Pero los acuerdos están para cumplirse y Ciudadanos ya cumplió su parte”, recalcan.

Aquel pacto incluía la ampliación a cinco semanas del permiso de paternidad, la rebaja del IVA del cine y la equiparación salarial en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero están dispuestos a tumbarlo si Pilar Barreiro, como también están exigiendo en el Gobierno de Murcia, no se va.

En ‘Génova’ no sienten peligro

Sin embargo, en el PP no se creen esta amenaza y, según apuntan en Génova, creen que “no irá a más”. Sostienen que no es más que un intento de “enredar”, como ocurrió en noviembre cuando pidieron acelerar el calendario de equiparación salarial de policías y guardias civiles con los mossos, en plena crisis catalana, cuando inicialmente habían pactado un periodo de cinco años. El Gobierno accedió entonces.

Ahora, los ‘populares’ atribuyen esta petición a que el partido de Albert Rivera está “nervioso” y quiere evitar que se hable del informe del Tribunal de Cuentas que rechaza avalar su contabilidad de 2015. Eso, y que quieren aprovechar el tirón de las elecciones del 21D, en las que Ciudadanos fue la primera fuerza política, y el PP cayó hasta la última posición. 

Después de la fuerte subida en Cataluña, los de Rivera se sienten fuertes y en algunos partidos está cundiendo ya la sensación de que cada vez van a jugar más esa baza también a nivel nacional, donde pretenden reducir su distancia con el PP y arañar votos en su espacio. Precisamente ahora, con las encuestas de cara, podría beneficiarles un adelanto electoral del que Rajoy no quiere oír hablar y que les vendría aún mejor antes de las autonómicas y municipales de 2019, donde pueden tener más complicado hincar el diente al bipartidismo. 

Sea como sea, en el PP insisten en que el acuerdo de presupuestos no está en riesgo. Para empezar, rechazan tomar cualquier medida contra la senadora antes de que tenga lugar esa declaración, que, subrayan, ella pidió “voluntariamente”. “Hay que esperar“, defienden, mientras acusan a Ciudadanos de “frivolizar” con los intereses de los españoles. 

Eso sí, mientras Ciudadanos y el PNV parecen dificultar el camino del Gobierno hacia la estabilidad de la legislatura, el Ejecutivo desvía la presión y la traslada al PSOE, pese a que el partido de Pedro Sánchez ya le ha dicho que no cuente con sus votos: Hacienda mantiene y aumenta su presión a las comunidades autónomas, vinculando su financiación a la aprobación de las cuentas. 

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