La respuesta judicial a los pasos del movimiento independentista  marcó la campaña de las últimas elecciones y continuará en la legislatura que arranca el 17 de enero de 2018. A un día de cerrar el año, cuatro juzgados distintos mantienen imputados a cincuenta políticos, altos cargos y activistas independentistas. Cuatro de ellos están en prisión, como el exvicepresident Oriol Junqueras, y cinco, incluido el expresident Carles Puigdemont, se encuentran fugados a Bélgica.

La causa más importante la lleva el Tribunal Supremo, que investiga por rebelión, sedición y malversación al expresident, los consellers cesados; los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament; parlamentarios como Marta Rovira (ERC), Mireia Boya y Anna Gabriel (CUP) y a los líderes de Òmnium y la ANC.

Un total de 28 imputados, que componen el denominado ‘comité estratégico’ del proceso soberanista, al que el magistrado Pablo Llarena, la Fiscalía y la Guardia Civil atribuyen el control y la iniciativa para lograr la independencia fuera por vías pacíficas o violentas. El extremo de la violencia que implican los delitos de rebelión y sedición ha sido criticado no sólo por las defensas de los acusados, sino también por un centenar de catedráticos y profesores de Derecho de varias universidades españolas.

Llarena, ante la posibilidad de que Bélgica denegara la extradición de Puigdemont, retiró la euro–orden de detención contra el expresident, renunciando así a interrogarle en el corto plazo. El año empezará con movimientos en esta causa: el 4 de enero la sala de lo penal del Supremo celebrará una vista para decidir si deja en libertad a Junqueras, y el día 11 el magistrado Llarena tomará declaración a Jordi Sánchez, Joaquim Forn y Jordi Cuixart.

Además, la Fiscalía ha pedido a Llarena que incorpore a la causa como imputados al exnúmero dos de Junqueras, Josep Maria Jové, y al ‘exmajor’ de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, actualmente investigado por sedición en la Audiencia Nacional. El ministerio público cree que ambos forman parte del “núcleo central de los hechos” que se investigan.

Los Mossos, en la Audiencia Nacional

La investigación del papel de los Mossos en el proceso soberanista, por ahora, sigue en manos de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que además de Trapero tiene imputada a la intendente Teresa Laplana por la protesta frente a la conselleria de Economía del 20 de septiembre. Pero además, en una pieza secreta, se indaga sobre la presunta inacción de los Mosssos el 1-O, y si la policía catalana espió a políticos de la oposición.

Por su lado, Jové es el principal investigado en la segunda causa que acumula más imputados –un total de 21– y que comanda el juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Si la del Supremo es la causa contra la cúpula política del procés, la de Barcelona implica a altos cargos, técnicos, y asesores de la Generalitat, pero también una directiva de T-Systems.

El juez investiga los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Este procedimiento, iniciado en febrero a raíz de las polémicas  declaraciones del exjuez Santiago Vidal, terminó convirtiéndose en una investigación sobre el 1-O y la creación de estructuras de Estado.

‘Enfocats’ y la Moleskine

En la operación ordenada por el juez Ramírez Sunyer el 20-S, la Guardia Civil se incautó del documento ‘Enfocats’, un ‘powerpoint’ sin sello ni membrete oficial pero que ha alimentado la acusación de rebelión y sedición en el Supremo. También se halló la famosa ‘Moleskine’ de Jové, que ha confirmado que los políticos independentistas querían la independencia y que la relación entre ERC y el PDeCAT en el seno del Govern fue de lo más tumultuosa.

La Fiscalía ha pedido a Llarena que reclame algunas diligencias efectuadas por el juzgado de instrucción 13, como por ejemplo los pinchazos telefónicos, pero no que acumule toda la causa. El ministerio público sí ha pedido que Llarena asuma la causa que, a día de a hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tiene abierta contra el exGovern a raíz de las querellas derivadas de la aprobación de la ley del referéndum a principios de septiembre.

En el alto tribunal catalán catalán también se investiga otra causa relativa a la presunta participación en el referéndum de los líderes de las entidades de municipios independentistas, Miquel Buch y Neus Lloveras (también imputada en el Supremo). Y en los juzgados de instrucción de Barcelona la Fiscalía se querelló contra los cinco miembros –todos ellos profesores de derecho o ciencias políticas– de la Sindicatura Electoral del refréndum.

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