El abogado de y excoordinador de régimen interno de CDC, Francesc Sànchez, ha asegurado a las puertas de la Audiencia Nacional que recurrirán la sentencia comunicada este lunes por la sección décima sobre el caso Palau, y que ha condenado por primera vez a la extinta formación a pagar un total de 6,6 millones de euros por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión de obras públicas.

Sànchez ha dicho estar de total desacuerdo con el fallo judicial contra la formación y contra el extesorero de la misma, Daniel Osàcar, a quien el tribunal ha condenado a cuatro años y cinco meses por un delito de tráfico de influencias, según la sentencia hecha pública este lunes. De hecho, el dirigente ha lamentado que el tribunal haya “comprado” la tesis de la Fiscalía y ha defendido la inocencia y la honorabilidad de la formación y de Osàcar.

“La recurriremos tanto en lo que hace referencia a Daniel Osàcar y en lo que se refiere a CDC porque no estamos de acuerdo”, se ha limitado a comentar Sànchez ante los medios tras asistir a la comunicación del fallo judicial. El decomiso de los 6,6 millones de euros que fija la sentencia correspondería a las “ganancias obtenidas” por CDC en el expolio del Palau, del total de 23 millones de euros en que la Audiencia cifra el saqueo del Palau por parte de Fèlix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull.

Los jueces han considerado que la formación se benefició con 6,6 millones de euros en comisiones ilegales. Tal como concluyó la Fiscalía, la Audiencia de Barcelona ve probado que Ferrovial pagó comisiones al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de grandes obras públicas como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro. La constructora camuflaba esas mordidas como donaciones altruistas al Palau de la Música.

La sentencia confirma las comisiones del 4% de Ferrovial a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública. De esta forma CDC se quedaba el 2,5% y el 1,5% restante iba a parar a Millet y Montull (el 80% se lo quedaba el presidente del Palau y el 20% el director general).

Osàcar ha sido considerado culpable de un delito continuado de tráfico de influencias, uno de blanqueo de capitales, en concurso con uno continuado de falsedad en documento mercantil, y uno de falsedad contable. Por contra, el tribunal absuelve por prescripción a los dos directivos de Ferrovial acusados, Pedro Buenaventura y Juan Elízaga, al haber prescrito sus delitos.

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