Este lunes se conoce la sentencia del caso Palau, que podría tener más de 600 páginas. El juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona investigó entre 2009 y 2016 los delitos de malversación, apropiación indebida, falsedad documental, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y delito societario de administración desleal.

La sección décima de la Audiencia de Barcelona, encargada del juicio y presidida por la magistrada Montserrat Comas d’Argemir, ha convocado a los acusados, a sus abogados y al resto de partes -38 en total- a las 9:30 horas en la sala de vistas del Tribunal del Jurado del Palacio de Justicia para entregarles la sentencia en mano de forma simultánea.

El juicio arrancó el 1 de marzo pasado y acabó el 16 de junio, tras una cincuentena de sesiones. El tribunal está formado también por los magistrados José Antonio Lagares y Julio Hernández -que ha sido el ponente-. En el juicio intervinieron 38 partes procesales: 16 acusados, dos acusaciones públicas, cuatro acusaciones populares, cinco responsables civiles a título lucrativo (entre ellos CDC) y once entidades jurídicas como responsables civiles subsidiarias.

La investigación de la macrocausa duró entre 2009 y 2016 y el juicio se celebró entre marzo y junio de 2017 con una cincuentena de sesiones

La sentencia sobre esta macrocausa se conocerá ocho años y medio después de que los Mossos d’Esquadra irrumpieran, el 23 de julio de 2009, en el Palau de la Música, un auténtico golpe a uno de los bastiones culturales de la burguesía catalana, en un caso que puso bajo la lupa la financiación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Un mes después del registro policial del Palau, Millet y Montull confesaron haberse llevado 3,3 millones de euros del Palau, cifra que desde entonces no paró de crecer -hasta los más de 30 millones de euros-, alimentada por nuevos hallazgos que destaparon un desvío sistemático de fondos públicos y privados para todo tipo de gastos particulares, desde el servicio doméstico de toda la familia a la boda de sus hijas y viajes de lujo.

Durante el juicio, que empezó en marzo de 2017, los saqueadores confesos Fèlix Millet y Jordi Montull admitieron, en un pacto con la Fiscalía para lograr una rebaja de condena, que hicieron llegar a Convergència Democràtica (CDC), a través del Palau de la Música, comisiones del 4% de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública durante la etapa en la que la Generalitat estaba presidida por Jordi Pujol. Este domingo, en una entrevista en RAC1, la hermana de Millet ha señalado que había más partidos implicados, aunque afirmaba no conocer muchos detalles.

Los protagonistas del caso Palau

Félix Millet
Felix Millet en la entrada de los juzgados Felix Millet en la entrada de los juzgados (David Airob)

Expresidente del Palau de la Música. El fiscal exige 14 años y 9 meses de prisión y el pago de una multa de 22 millones de euros. Ha reconocido que se apropió de fondos de la entidad en beneficio propio y que desvió comisiones a CDC. Antes de que acordara su confesión, la fiscalía solicitaba para él 27 años de cárcel.

Jordi Montull
Jordi Montull en la Ciutat de la Justícia Jordi Montull en la Ciutat de la Justícia (Roser Vilallonga)

Fue la mano derecha de Millet en el Palau de las Música. La Fiscalía reclama 10 años y 10 meses años de cárcel para él y 22 millones de euros. Como en el caso de Millet, la Fiscalía pedía en un primer momento penas de 27 años de cárcel.

Gemma Montull
Gemma Montull en la Ciutat de la Justícia Gemma Montull en la Ciutat de la Justícia (Roser Vilallonga)

Hija de Jordi Montull, era la responsable financiera del Palau de la Música. Fue quién desató la ola de confesiones. La petición de cárcel en su caso es de 2 años de prisión y diez millones de euros, por lo que evitaría entrar en prisión. La otra opción que planteó la fiscalía era tres años de cárcel. Antes de la confesión afrontaba 26 años de cárcel.

Daniel Osàcar
Daniel Osàcar a su llegada a la Ciutat de la Justicia Daniel Osàcar a su llegada a la Ciutat de la Justicia (David Airob)

Fue tesorero de CDC y gerente de la fundación CatDem. El fiscal solicita 8 años y una multa de 20 millones de euros. Está acusado de cobrar mordidas de Ferrovial a través de la institución. Negó la presunta trama de pago de comisiones de Ferrovial para que el Govern adjudicara a la constructora obras públicas como la Ciutat de la Justicia o la línea 9 del Metro. Afirmó que los convenios de CDC y el Palau a través de los cuales sospecha la Fiscalía que se canalizaban parte de las mordidas de la constructora eran legales y buscaban fomentar la cultura catalana, entre otros motivos para que en las fiestas mayores en Catalunya “no pusieran solo música andaluza”.

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Logo durante un Consell Nacional Convergencia Democratica de Catalunya en 2009 Logo durante un Consell Nacional Convergencia Democratica de Catalunya en 2009 (Llibert Teixidó)

El fiscal califica al partido que fundó Jordi Pujol de partícipe a título lucrativo; es decir, beneficiarse de un delito sin cometerlo. Exige que devuelva 6.676.105 euros por el cobro de comisiones, entre otras de Ferrovial. Figura como responsable civil y desde 2015 tiene embargadas quince de sus sedes por orden judicial. El fiscal Anticorrupción, que presentó su primer escrito de calificación del caso cuando CDC aún no se había reconvertido en PDeCAT, pidió en sus conclusiones que el decomiso se aplique a la antigua Convergència o a la formación “que la haya sucedido”.

La fundación del partido, que se llamaba Trias Fargas pasó a ser CatDem. La condena deberá pagarla el PDeCAT. Justo una semana antes de conocerse la sentencia dimitió el presidente del partido, Artur Mas, afirmando que hacía un segundo paso a un lado aunque negó cualquier relación con el hecho de que este lunes se conozca la sentencia.

Registros por parte de la Guardia Civil en la sede de CatDem , la Fundacion de CDC, en la calle Casp de Barcelona Registros por parte de la Guardia Civil en la sede de CatDem , la Fundacion de CDC, en la calle Casp de Barcelona (Luis Tato)
Juan Elizaga
Juan Elizaga en los tribunales Juan Elizaga en los tribunales (Ana Jiménez)

Es director de relaciones institucionales de Ferrovial. La petición fiscal es de 5 años de cárcel y 10 millones de euros de multa. El ministerio público elevó tras el juicio su petición de condena para él. Negó la presunta trama de pago de comisiones de Ferrovial a CDC.

Pedro Buenaventura
Pedro Buenaventura (a la derecha) Pedro Buenaventura (a la derecha) (Llibert Teixidó)

Fue director general de Ferrovial y ahora no está en la compañía. También afronta 5 años de prisión y diez millones de multa. El ministerio público elevó tras el juicio su petición de condena para él. También negó el pago de comisiones.

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