La Comisión Europea (CE) ha abierto un procedimiento de infracción formal contra España por la construcción de un complejo turístico en un espacio protegido con un tramo de playa virgen en el norte de la isla de Fuerteventura, en concreto, en el municipio de La Oliva, en la costa de Majanicho.

El procedimiento podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y “exponer a las arcas nacionales a una multa millonaria”, según ha informado SEO/BirdLife en un comunicado.

La Comisión ha abierto el proceso de infracción al considerar que el hotel “se construyó sin que se determinara la necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental (EIA), tal como exige la Directiva de Impacto Ambiental, y sin que se haya realizado dicha evaluación, tal como exige la Directiva Hábitat en este tipo de casos”.

Además, coincide con el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que en 2006 reconocía en una sentencia un “cúmulo de irregularidades” en el procedimiento de autorización del proyecto, lo que conllevó a declarar nulo el plan parcial. El fallo no impidió en cambio que se siguiera con el proyecto urbanístico que en la actualidad es explotado por el grupo inmobiliario y turístico francés Pierre & Vacances Center Parcs.

El resort Origo Mare, con 323 villas y una superficie edificada de unos 500.000 m2, se construyó en un espacio identificado como Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA, por sus siglas en inglés) y declarado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por el Gobierno canario, e incluido en la Red Natura 2000, la red integrada de espacios naturales protegidos de la Unión Europea.

La apertura del proceso permite al Gobierno de España presentar sus observaciones y alegaciones en el plazo máximo de dos meses. Si la respuesta fuera considerada como insuficiente o no se recibiera, Bruselas podría entonces emitir un dictamen motivado, segundo paso del procedimiento en el que expondría las razones por las que considera que España habría incumplido el derecho de la UE.

A partir de este momento el Gobierno tendría otros dos meses para ajustarse a dicho dictamen, pudiendo llevar la Comisión Europea a España ante el TJUE, lo que conllevaría que España se enfrentara a la obligación de hacer cumplir la legislación europea y a una posible sanción económica que puede ser millonaria si se llegase a una segunda sentencia por incumplimiento.

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