La senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, ha declarado este lunes ante el Tribunal Supremo en la rama murciana del caso Púnica, acusada de cinco delitos relacionados con el pago con dinero público de trabajos de publicidad y reputación on line para mejorar su imagen. A la salida de su declaración, que ha durado hora y media, su abogado ha explicado a los medios que todo es una “invención” y que su cliente tan solo contrató y pagó unos trabajos por publicidad y que lo referente a la reputación en internet lo iba a sufragar el partido, pero finalmente no se materializó.

José Pardo, abogado de Barreiro, ha realizado una crítica general hacia los investigadores y los medios de comunicación a los que ha solicitado que se preparen para “pedir perdón” a su cliente cuando resulte absuelta. La imputación de Barreiro, que declaró en el Alto Tribunal por su condición de aforada, ha llevado a Ciudadanos a pedir su cese o dimisión al PP a cambio de apoyar los presupuestos generales del Gobierno. El abogado de la senadora ha calificado esta petición como “una locura gravísima”.

“No me hagan hablar de la UCO”, ha llegado a decir el letrado ante las preguntas de los medios sobre los indicios contra Barreiro. Ha ubicado a los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en este caso en la lógica de “Alícia en el país de las maravillas de Lewis Carroll”. A su juicio, tanto el Instituto Armado como el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que elevó al Supremo su exposición de motivos, “se han inventado la acusación”.

“No hay delito ninguno”

“No hay delito ninguno, el pago es una invención”, ha insistido el letrado mientras la propia Barreiro ha abandonado el Supremo sin hacer declaraciones. José Pardo ha comparado esta situación con la investigación Nova Carthago en la que Barreiro resultó absuelta en diciembre de 2016 de un caso de vulneración de la legislación sobre la protección medioambiental tras una descalificación. “Estamos igual que hace unos años”, ha reiterado varias veces su abogado.

El pasado mes de octubre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó abrir un procedimiento a Pilar Barreiro por presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho. La Sala designó instructora de esta causa a la magistrada Ana María Ferrer.

En su auto la Sala recogía los hechos imputados a la aforada en la exposición razonada enviada por el entonces juez del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

En y pago la misma, exponía que Pilar Barreiro ante las noticias negativas que se publicaban sobre ella en las redes sociales relativas a su participación en delitos de corrupción urbanística se puso en contacto con Alejandro de Pedro, investigado en el caso Púnica, para que su empresa realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las redes sociales, costeando el erario público los trabajos personales de la alcaldesa. Según la investigación, el pago por los trabajos de publicidad -reconocidos por el abogado- ascendieron a 4.840 euros pagados por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento y la Consejería

Para el Tribunal Supremo, los hechos más relevantes imputados a la aforada se refieren a la existencia de un supuesto concierto para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y de otro para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

Respecto al primero, el juez de la Audiencia Nacional recogía en su exposición los indicios incriminatorios que revelaban que Pilar Barreiro asistió a reuniones donde germinó con abuso de su cargo al frente de la gestión del Ayuntamiento de Cartagena, el plan defraudador, con la puesta en marcha de sus redes sociales y la creación de un diario digital a su servicio que costearía el Consistorio subrepticiamente. Sobre la existencia del diario y su finalidad, añadía que se refería a la intervención de correos que prueban indiciariamente que Pilar Barreiro conocía el diario digital utilizado para introducir noticias que le favoreciesen.

Según la exposición razonada, los datos incriminatorios obtenidos demuestran que la concertación llegó a ejecutarse mediante la adjudicación a la mercantil MADIVA de un contrato menor que simulaba la contratación de publicidad institucional y el pago, por los responsables del dinero público, de las facturas que iban mes a mes presentándose al cobro bajo el concepto no real de “campaña de publicidad turismo de Cartagena”.

Pedro Antonio Sánchez

En Cartagena, explicaba el juez Eloy Velasco, la concertación para defraudar se tradujo, con el abuso por Pilar Barreiro de sus funciones al frente del Consistorio, en una lesión efectiva del patrimonio público al culminar el pacto fraudulento con la efectiva apropiación de los caudales destinados a la promoción turística (malversación de caudales públicos).

En relación con la concertación para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia, el juez daba cuenta de los indicios que revelaban que la aforada participó en la elaboración concordada de un nuevo plan criminal para que esta consejería sufragase subrepticiamente el gasto por los trabajos de reputación más completos que la EICO iba a realizarle a ella y al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez por la adjudicación de un contrato de cobertura, con el objeto simulado de “formación”.

En dicha exposición razonada, el juez afirmaba que Pilar Barreiro intervendría directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con la anuencia de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de su jefa, la apoyaron y encubrieron enmascarando el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de educación.

Tras reproducir lo que recoge la exposición razonada en relación con la senadora del PP, la Sala Segunda concluye que la valoración jurídica de los hechos posibles y atribuidos a la aforada “son susceptibles de ser calificados como constitutivos de un delito de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho”. 

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