Hay pleitos que duran más que los alcaldes, y si no, véase el ejemplo. En el año 2007, el Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Jordi Hereu, concedió licencia para levantar un hotel en la calle Magdalenes, 13 a la cadena Catalonia. En el 2010, el Consistorio consideró que esa licencia había caducado y paró las obras. La empresa opinaba que no era correcto y acudió a los tribunales. El litigio duró todo el mandato del alcalde Xavier Trias. Ahora, con Ada Colau como alcaldesa, la comisión de gobierno del Ayuntamiento ha ordenado indemnizar al promotor del hotel de acuerdo con la resolución del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), y le abonará más de 800.000 euros.

La historia de este asunto se encuentra en los documentos del pleito. En el año 2007, siendo el socialista Jordi Hereu el alcalde, el Ayuntamiento concedió tres licencias –de derribo, medioambiental y de obras– a la empresa de Catalonia Hotels para la edificación de un establecimiento en el número 13 de la calle Magdalenes, que limita con los números 6 y 8 de la calle Amargós, en el Barri Gòtic. Pero el problema es que cuando llegó la piqueta había dos pisos con vecinos, uno habitado por un hombre de 89 años y otro por una pareja de pensionistas, y doce viviendas más okupadas por una veintena de personas.

Los okupas llamaron al lugar Espai Social Magdalenes. Se trataba de un grupo que provenía de otra okupación, la que se llevó a término en el lugar denominado Miles de Viviendas, en la Barceloneta, que fue desalojado en mayo del 2007. En el Gòtic bautizaron su plataforma como Proyecto PVRP (siglas de Promoción de Vivienda Realmente Pública). Según recogieron entonces los medios de comunicación, entre las personas que frecuentaban el Espai Social Magdalenes estaban la actual alcaldesa, Ada Colau, y la ahora concejal de Ciutat Vella, Gala Pin. En los documentos del litigio se puede leer que la okupación se produjo con posterioridad a que se otorgara la licencia hotelera, a la que se oponían los activistas. En cualquier caso, esta era anterior a la moratoria decidida por el Ayuntamiento.

El Consistorio ha ordenado el pago de la compensación, fijada por el TSJC en 801.183 euros

La cuestión es que las obras tuvieron que interrumpirse como consecuencia de una orden municipal en este sentido cursada el 17 de marzo del 2008. El 21 de mayo del 2009, los servicios municipales de inspección emitieron un informe según el cual en aquel momento continuaban residiendo allí tres personas amén de una veintena más de okupas. Al final, el Espai Social Magdalees fue desalojado por los Mossos d’Esquadra el 8 de abril del 2010.

El problema es que las licencias tienen fecha de caducidad, y el 19 de febrero del 2010, la concejal de Ciutat Vella emitió un informe señalando que habían finiquitado. La empresa estimó que esto no había ocurrido por su culpa y acudió a los tribunales ese mismo año. El caso cayó en el juzgado contencioso administrativo 1 de Barcelona, que dictó una primera sentencia el 15 de noviembre del 2012, siendo entonces el alcalde el convergente Xavier Trias. Catalonia, además de exigir que no se consideraran extinguidas las licencias, solicitaba una indemnización de 8.245.053 euros. En la resolución se lee que el proyecto era edificar allí un hotel de tres estrellas, con 65 habitaciones, 130 plazas, comedor y piscina y que, en cualquier caso, el procedimiento para declarar la caducidad había sido correcto y no había lugar a la indemnización.

Sin embargo, Catalonia recurrió al TSJC, que si bien confirmó la prescripción de la licencia, estimó que existían unos daños y perjuicios que fueron valorados en 801.183 euros.

El pasado 22 de marzo, la comisión de gobierno del Ayuntamiento, presidida por la hoy alcaldesa y antes activista del Espai Social Magdalenes, Ada Colau, autorizó el pago. El pleito ha durado tres alcaldes. Hoy, en el lugar se levanta el hotel de cuatro estrellas, el Catalonia Magdalenes, el último inaugurado por esta cadena en Barcelona

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