El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha ratificado este martes con forma de decreto el acuerdo que firmó la semana pasada con los sindicatos para adaptar la jornada laboral de los 250.000 funcionarios andaluces a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC). La Consejería de Hacienda ha incluido un plan de seguimiento y control de los horarios para “velar por el cumplimiento de la jornada de 37,5 horas semanales” impuesta por los jueces, solventando así las dudas jurídicas y políticas que obligaron a la Junta a bloquear su propio decreto hace una semana. Esas dudas recaen, sobre todo, en las 2,5 horas semanales que la Junta computará como jornada no presencial, dedicada a la preparación de tareas, consulta bibliográfica o formación del personal funcionario.

Hacienda ha diseñado un catálogo de las tareas domésticas que podrán computarse como jornada no presencial, y que estará listo tras las vacaciones navideñas, a partir del 8 de enero. Los funcionarios andaluces tendrán que acreditar a qué dedican ese tiempo, pero la Junta controlará el cómputo de horas de trabajo a final de año, no mes a mes o semana a semana. “Las horas dedicadas a la investigación, por ejemplo, no se pueden computar día a día”, dice la consejera de Hacienda, María Jesús Montero. Con todo, la Junta insiste en que la mayoría de funcionarios públicos de la Junta —profesores y sanitarios— no están sometidos a un control horario. En la Administración general, algunos empleados fichan al entrar y al salir, pero no todos, porque no en todos los edificios institucionales hay reloj de entrada.

Aunque se han reforzado las garantías jurídicas —la Junta también ha remitido el acuerdo al TC para demostrar que acata el fallo—, el Partido Popular aún acusa al Ejecutivo de Susana Díaz de haber “improvisado una chapuza” para sortear el mandato de los jueces y someter a los funcionarios a una situación de “inseguridad jurídica”. El debate sobre las 35 horas está siendo especialmente duro entre la Junta y el PP, que primero apoyó la medida en el Parlamento, luego anunció que mediaría con el Gobierno de Rajoy para que no pidiese la ejecución de la sentencia, y finalmente ha vuelto a acusar a Díaz de defender la Constitución “con la boca grande” cuando se trata de hacer cumplir la ley en Catalunya, y “con la boca chica” si hay que cumplirla en Andalucía.

Hace unas semanas, el Tribunal Constitucional tumbó la implantación del horario de 35 horas semanales en Andalucía, que llevaba en vigor desde el pasado 1 de enero, y obligó a la Junta a restituir la jornada de 37,5 horas impuesta por el Gobierno de Rajoy en 2012 para contener el gasto público. La Junta ha ratificado esta martes una solución intermedia: mantendrá las 35 horas como jornada presencial en el puesto de trabajo, y computará las 2,5 horas restantes como jornada no presencial, destinada a preparación de tareas, consulta bibliográfica o formación. Así evita trastocar las plantillas y la planificación horaria de médicos, profesores y demás personal administrativo. Pero, sobre todo, no tendrá que despedir a los 7.000 empleados públicos que contrató con el excedente de horas ganadas al bajar la jornada de 37,5 a 35 horas semanales.

Fórmulas inventivas

Andalucía es la tercera comunidad autónoma que ve cómo su decisión de reponer las 35 horas semanales a sus funcionarios es recurrida por el Gobierno y frenada por los jueces. Antes cayeron Euskadi, Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de Madrid, siempre con el mismo argumento por parte de los jueces: la invasión de competencias estatales y la vulneración del Real Decreto de 2012 que fijó la jornada laboral mínima de los empleados públicos en 37,5 horas, para ahorrar costes en personal.

Tampoco es la única comunidad que ha buscado fórmulas “alternativas” para sortear las 37,5 horas impuestas por el Gobierno a sus funcionarios. Extremadura, Euskadi, Catalunya, Aragón e incluso agencias estatales como AENA también computan horas no presenciales dentro de la jornada laboral, algunas con fórmulas muy inventivas que bordean la legalidad, argumentando reivindicaciones históricas de los sindicatos del sector púbico como la “flexibilidad horaria”, la “conciliación laboral y familiar”, “la calidad de vida”, “la potenciación de la corresponsabilidad”, “el favorecimiento de la igualdad”, “la reducción del absentismo”, “el aumento de la productividad” y “la mejora del clima laboral”.

De todas las situaciones conocidas, al Ejecutivo andaluz le llama especialmente la atención el caso de Euskadi, donde se mantienen la jornada de 35 horas a pesar de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la anuló. El fallo está recurrido ante el Supremo, pero el lehendakari Íñigo Urkullu ha optado por no cumplir el mandato judicial que obliga a restituir las 37,5 horas hasta que éste no resuelva el recurso de casación.

Susana Díaz considera que la fórmula vasca es “especialmente discriminatoria” respecto al caso de Andalucía y Castilla La Mancha, porque a pesar de tener una sentencia del TSJ de Euskadi que ha declaro nula la jornada de 35 horas, el Estado no ha pedido la ejecución del fallo mientras se sustancia el pleito ante el Supremo. También Díaz reclamó a Rajoy que no pidiera la suspensión cautelar de las 35 horas en Andalucía cuando el Constitucional falló en contra, pero en este casi sí pidió la ejecución inmediata de la sentencia. El trasfondo de esto, según la presidenta andaluza, es el acuerdo presupuestario que ata a Rajoy con el PNV, y que le haría más laxo a la hora de presionar al Gobierno vasco en esta materia.

Mucho más específico es el caso de Catalunya. El 22 de diciembre del año pasado, la Consellería de Justicia firmó un acuerdo con los sindicatos judiciales STAJ, CSIF, UGT y CCOO que entró en vigor el pasado 16 de enero y que supuso la recuperación en la práctica de las 35 horas semanales. La nota de prensa que difundieron los cuatro sindicatos tras firmar el pacto rezaba así:

“En el calendario laboral aparecerán siete horas y media diarias en horario de invierno con la coletilla no se considerará falta de puntualidad el retraso de hasta un máximo de 30 minutos diarios, o la parte proporcional en el caso de reducción de jornada, sobre su totalidad en cómputo semanal, siempre que este período de tiempo no afecte al horario de presencia efectiva”. Los sindicatos reconocen que esta redacción del acuerdo está motivada en que “no nos puedan impugnar el horario de 35 horas ni el Ministerio de Justicia ni Función Pública de Catalunya”, termina la nota, recordando el caso vasco.

También algunas agencias estatales, dependientes del Gobierno central, han articulado fórmulas alternativas para mantener las 35 horas. El convenio colectivo de los trabajadores de AENA y de ENAIRE, por ejemplo, establece que la jornada laboral es de 37,5 horas, pero añade que “si se accede al puesto de trabajo antes de una determinada hora, se podrán realizar solo siete horas diarias y no siete y media”.

En el caso de Aragón, esta comunidad regula desde 2008 el calendario laboral de sus funcionarios de Justicia sin tener en cuenta ausencias del puesto de trabajo hasta un máximo de media hora al día, dada la “máxima disponibilidad” de estos empleados. La resolución de la Junta, aprobada en noviembre de ese año, advierte: “No se tomará en consideración las ausencias de hasta un máximo de treinta minutos diarios sobre la totalidad de la jornada ordinaria en cómputo semanal, siempre que dicho período no afecte al horario de obligada presencia y se cumpla con el resto de la jornada ordinaria semanal de 37,5 horas”.

De todas las administraciones que han puesto en marcha regulaciones alternativas para mantener la jornada laboral de 35 horas, Andalucía ha optado por mirarse en el espejo de Extremadura. El pasado septiembre, el Gobierno de Guillermo Fernández Vara firmó un acuerdo con los sindicatos del sector público para introducir más flexibilidad horaria para los empleados de la Administración general. Estos dispondrán diariamente de un tiempo de trabajo máximo de 30 minutos para efectuar las controles de entrada (15 minutos) y salida (15 minutos), equivalente a la media hora diaria de tareas en casa que Andalucía computará como jornada no presencial. Extremadura también ha diseñado una una plataforma de formación online para que se pueda completar la parte de la jornada no realizada hasta las 37,5 horas, mediante la acreditación de la realización de las actividades e itinerarios formativos propuestos en esa plataforma.

El profesorado como referente

Más que dudas jurídicas, a la presidenta Susana Díaz le asaltó una preocupación real de que su acuerdo sindical se leyera como una forma de sortear, esquivar o burlar la sentencia del TC, en un momento en el que todas las fuerzas constitucionalistas habían hecho una encendida defensa de la legalidad vigente frente al órdago independentista catalán. Sobre el papel, la importancia de esa jornada no presencial se ha visto sobredimensionada por el contexto político actual. “El control es el mismo para toda la jornada laboral, no tendría sentido poner el foco en las 2,5 horas no presenciales”, dice Montero.

La consejera de Hacienda siempre tuvo como referencia el calendario laboral de los docentes universitarios y no universitarios, que con carácter general tienen regulada la organización de su jornada en todas las comunidades autónomas distinguiendo dos grandes bloques: el presencial y el no presencial. El profesorado universitario se rige por un Real Decreto de 1985: ocho horas lectivas a la semana y seis de tutorías o asistencia al alumnado. A partir de hay, el Ministerio de Educación determina que corresponde a cada universidad traducir en cada caso esta referencia legal al número de horas de actividad docente, distinguiendo entre actividades de investigación, docencia presencial, tutorías y otras actividades que serían básicamente las no presenciales (formación, preparación de clases, etcétera).

Por ejemplo, el caso de la Universidad de Sevilla que, dentro de su autonomía organizativa, ha optado por detraer 100 horas al año dentro de la jornada laboral de su personal administrativo con excusa de que la “conciliación aumenta la productividad”. Los trabajadores podrán demandar la realización de esas horas “sólo en caso de extraordinaria y urgente necesidad”, según la resolución rectoral firmada el 3 de mayo de 2016.

Desde 2013, los profesores de Castilla y León que asisten a cursos de formación fuera del horario fijo, tienen derecho durante el tiempo de su duración “a dos horas y treinta minutos diarias de ausencia al trabajo distribuidas dentro del horario flexible”. Y en las escuelas de Murcia, el tiempo de asistencia a los cursos de carácter voluntario se considerará en un 50% como tiempo de trabajo a los efectos de cumplimiento de la jornada semanal establecida, independientemente de que el curso se celebre durante la mañana o por la tarde. “El tiempo de compensación horaria que pueden disfrutar los alumnos por este concepto no podrá exceder de 40 horas al año”, reza una orden de 1998.

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