El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha anunciado formalmente este martes su dimisión como presidente del PDeCAT, con la que hace “un nuevo paso al lado” el mismo día en que se cumplen dos años de que lo hiciera también para apartarse de la Presidencia de la Generalitat en favor de Carles Puigdemont.

Mas ha señalado que esta decisión ya estaba acordada con la ejecutiva del partido y con el propio Carles Puigdemont desde el año pasado

La decisión de Mas ha sido anunciada a menos de una semana que se conozca la sentencia del caso Palau de la Música, cuando debe afrontar con más tranquilidad la defensa de sus causas judiciales relacionadas con el 1-O y para facilitar un impulso del partido en su operación de “ensanchamiento”, tras la experiencia positiva de Junts per Catalunya (JxCat). 

La decisión de abandonar la primera línea del partido se acordó finalmente en noviembre del año pasado, pero los acontecimientos relacionados con el proceso soberanista obligaron a retrasarla hasta este martes.

Precisamente, este martes se cumplen dos años del anuncio de Mas de dar “un paso al lado” de la presidencia de la Generalitat en favor de Carles Puigdemont, que entonces era alcalde de Girona, para que pudiera arrancar la anterior legislatura tras el veto de la CUP a que siguiera en el cargo.

En una candidatura sin rivales, Mas fue elegido presidente del PDeCAT el 23 de julio de 2016 en primarias con el 95,07% de los votos, formando tándem con Munté como vicepresidenta, con lo que ha estado al frente del partido un año y medio.

En la reunión de la ejecutiva PDeCAT del lunes, Mas trasladó que rechazaba la posibilidad de repetir elecciones y que apuesta pasaba por mantener una legislatura larga y, en consecuencia, estable.

El posicionamiento de Mas chocaría con la voluntad de JuntsxCat, que prefiere volver a las urnas antes que buscar un candidato alternativo al presidente de la Generalitat cesado Carles Puigdemont.

El Tribunal de Cuentas ordenó el pasado 12 de diciembre el embargo preventivo de inmuebles del expresidente de la Generalitat y de las exconsellers Joana Ortega e Irene Rigau después de que concluyera el plazo que les dio para hacer frente a una fianza de 5,25 millones que debían depositar mientras se estudia su presunta responsabilidad contable por los gastos generados en la consulta popular del 9 de noviembre de 2014.

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