Arranca este martes el juicio del ‘procés’ que revisará el golpe más grave al Estado de la democracia

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Dieciséis meses han pasado desde que el Parlament de Cataluña declaró unilateralmente la independencia de esa comunidad y quince desde que el Tribunal Supremo abrió la causa contra los líderes independentistas que la hicieron posible. El principal de todos ellos, Carles Puigdemont, huyó inmediatamente después de la DUI a Bruselas para evitar que el alcanzar el brazo de la justicia y le acompañaron cuatro exconsejeros de su equipo de Gobierno. De los que se quedaron, doce se sentarán este martes en el banquillo de los acusados para enfrentarse a penas que suman 177 años de cárcel, de las que sobresale una cifra, el 25, que es la condena solicitada para Oriol Junqueras que era vicepresidente cuando sucedieron los hechos que se juzgan.

El juicio tiene una indudable trascendencia nacional, hasta el punto de marcar la agenda política. Pero además, va a ser seguido con mucha atención por los medios internacionales, sobre todo por la campaña de desprestigio de la justicia española llevada a cabo por el independentismo. De hecho, algunos de los abogados defensores sostienen que el juicio es político y que la sentencia está escrita de antemano. Estas acusaciones han jugado en contra de sus intereses, que son los de sus representados, y es posible que haya sido uno de los argumentos (aunque no el único) que han pesado en contra de conceder la libertad provisional a los acusados. Y es que si admiten estar convencidos de que la justicia española es cualquier cosa menos imparcial, parece lógico suponer que intenten poner tierra de por medio uniéndose a los prófugos que ya han buscado refugio fuera de nuestras fronteras.

Otro de los argumentos a favor del mantenimiento de la prisión provisional ha sido precisamente la intensa actividad desplegada por Puigdemont y el resto de los huidos que les ha permitido montar una especie de estructura paralela del Estado ficticio en el que simulan estar viviendo y que podría acoger a los que fueron sus compañeros a los mandos del ‘procés’. Y el tercer factor que ha pesado en el tribunal es la importancia de las penas que se solicitan en correspondencia con la gravedad de los delitos que se imputan, especialmente el de rebelión.

Es la Fiscalía la que acusa a nueve de los doce procesados de rebelión al entender que hubo violencia, pero la Abogacía del Estado ve solo sedición. La clave del juicio del procés estará, no obstante, en si el alto tribunal considera si hubo violencia o no en el proceso que culminó con la declaración de independencia el 27 de octubre de 2017. La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que la “violencia” fue un medio más en la “estrategia” que presuntamente diseñaron los encausados con el propósito de lograr la independencia de Cataluña y pone como ejemplo el “asedio” a la Consellería de Economía y Hacienda que tuvo lugar el 20 de septiembre del mismo año, cuando se llevó a cabo un registro previo a la consulta ilegal del 1-O para tratar de evitar las votaciones.

La Abogacía del Estado considera que hechos como este se enmarcan dentro de “incidentes contra el orden público” y habla de “ambiente crispado y hostil”, pero no ve la violencia necesaria para tipificar de rebelión lo ocurrido. La diferencia no es irrelevante. Las peticiones de cárcel de las acusaciones solo por el delito de rebelión oscilan entre los 16 y 25 años que pide el Ministerio Público hasta los 50 años que reclama el partido de ultraderecha, mientras que las de sedición se enmarcan en una horquilla de 8 a 12 años.

Los delitos: rebelión, sedición, malversación, desobediencia…

A la postura de la Fiscalía hay que sumar la de la acusación popular que ejerce Vox que, como el Ministerio Público, considera que los acusados se valieron de la “fuerza intimidatoria”, de la “actuación tumultuaria” de las movilizaciones ciudadanos y del “uso de los Mossos d’Esquadra como un cuerpo policial armado”. Y todo eso, dicen se hizo patente el 20 de septiembre con la destrucción de coches policiales y el cerco a una comisión judicial. Pero, además, consideran que los llamamientos a la participación de cara al 1-O buscaban “el enfrentamiento directo entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad”. Estas actuaciones, sostienen la Fiscalía y Vox, encajan en los artículos del Código Penal que regulan la rebelión -472, 473 y 478- en los que se establece que son reos de dicho delito los que “se alzaren violenta y  públicamente” para “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”, “declarar la independencia de una parte del territorio nacional” o “sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia (debida) al Gobierno”.

En cambio, en sus artículos 544 y 545, el Código Penal considera reos de sedición a los que, “sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen públicamente y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. La principal diferencia entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado es que esta última acusa a los líderes independentistas de llamar a la participación el 1-O con “plena consciencia” de que podían producirse “altercados, tumultos y disturbios” pero no cree que lo hicieran con intención de buscar y promover enfrentamientos.

Sobre nueve de los procesados pesa también la acusación de desvío de fondos públicos conforme a lo establecido en el artículo 432 del Código penal, que considera malversación la administración desleal del dinero público que comete una autoridad o funcionario público causando un perjuicio sobre el patrimonio. En cuanto a la desobediencia grave, de la que solo están acusados tres exconsejeros, el artículo 410.1 en relación con el artículo 74 del Código Penal establece que incurren en este delito las autoridades o funcionarios públicos que se niegan abiertamente a cumplir resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales.

Vox es, por otra parte, la única acusación que pide que se condene a los doce procesados por un delito de organización criminal y pide 12 años de cárcel para cada uno de ellos. El Código Penal describe una organización criminal en su artículo 570 bis como una “agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos”. El partido de extrema derecha considera que de la instrucción “se puede concluir que los procesados pertenecen y han desempeñado sus actividades como miembros de una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente”.

El banquillo de los acusados y las peticiones de penas

Así las cosas, estos son los acusados que se sentarán en el banquillo y las peticiones de penas para cada uno de ellos:

– Oriol Junqueras: Exvicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda. Fiscalía pide 25 años de prisión y 25 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 12 años de cárcel por sedición y malversación; mientras que la acusación popular ejercida por VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

La Fiscalía relata en su escrito de acusación que participó en el diseño del proceso independentista y autorizó a los diferentes departamentos del Gobierno catalán a realizar las acciones y contrataciones necesarias para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Asimismo, señala que asistió a la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña en los días previos a la votación, en la que fue advertido por los máximos responsables de los Mossos d’Esquadra de la alta probabilidad de que se produjeran incidentes violentos tras el antecedente ocurrido el 20 de septiembre de 2017, durante el registro de la Consejería de Economía.

El ‘número dos’ de Puigdemont defiende la legalidad del referéndum, en cuya jornada –asegura– no hubo ningún alzamiento violento ni el delito de rebelión. Además, denuncia la existencia de una causa para escarmentar el independentismo.

– Joaquim Forn: Exconsejero de Interior. Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

La Fiscalía asegura que Forn impulsó un operativo policial para que el 1-O saliese adelante, pese al mandato judicial de que se impidiese. Al igual que Junqueras, indica que participó en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, donde ambos fueron advertidos de posibles altercados violentos durante el referéndum.

La defensa del exconsejero de Interior asegura que defendió la independencia por vías pacíficas y que no dio ninguna consigna política ni operativa a la policía autonómica, ni diseñó los operativos policiales del 20 de septiembre y del 1 de octubre.

– Jordi Turull: Exconsejero de Presidencia y portavoz del Govern. Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

El Ministerio Público afirma que también participó en el diseño del plan del ‘procés’ y autorizó a los diferentes departamentos del Gobierno catalán a realizar las acciones y contrataciones necesarias para el 1-O. En este sentido, el escrito explica que desde su Consejería se financió la creación de páginas web, la publicidad institucional, cartelería, gasto en papeletas, censo electoral y citaciones a los miembros de las mesas de votación.

Turull también niega la violencia y asegura que no tuvo ninguna responsabilidad en las contrataciones para el referéndum. Además, rechaza la malversación de fondos públicos que se le atribuye porque, según indica, aún no ostentaba el cargo en la Generalitat.

– Raül Romeva: Exconsejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia. Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

La Fiscalía afirma que fue otros de los miembros del Gobierno de Carles Puigdemont que participó en las reuniones para organizar el proceso independentista. Con la finalidad de celebrar el 1-O, su departamento se encargó de sufragar las delegaciones del Govern en el exterior (que funcionaban como embajadas); de la campaña internacional de la Generalitat; así como las página web internacionales y la contratación y financiación de expertos y observadores internacionales.

La defensa de Romeva insiste en que no hubo ningún alzamiento violento y, por tanto, se debería descartar el delito de rebelión. También dice que la votación del 1 de octubre era legal y que existe una causa general contra el independentismo.

– Josep Rull: Exconsejero de Territorio y Sostenabilidad. Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

El Ministerio Fiscal dice que participó en los encuentros donde se definió la estrategia independentista. Añade algunas de sus manifestaciones públicas como la del 21 de septiembre de 2017 en la que alardeó de haber impedido atracar un buque para alojar a los miembros de la Policía en la bahía de Palamós (Girona).

El exconsejero es otro de los acusados que insiste en que no hubo violencia y que la causa pretende escarmentar a políticos pacifistas, ya que, a su juicio, la Justicia ha creado un relato inexistente retorciendo el Código Penal. Asimismo, señala que el día 20 de septiembre de 2017 nadie intentó asaltar la Consejería de Economía ni impedir la comitiva digital.

– Dolors Bassa: Exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

La Fiscalía subraya que Bassa se responsabilizó de poner a disposición de la Generalitat los centros escolares y cívicos que dependía de su Consejería para garantizar el 1-O y que desarrolló una base de voluntarios para participar en la consulta.

El escrito de defensa no ha sido facilitado por lo que no se conoce aún sus argumento.

– Carme Forcadell: Expresidenta del Parlament, lleva en prisión desde marzo del 2018, cuando fue procesada por rebelión. La Fiscalía le pide 17 años por ese delito y la Abogacía del Estado 10 años por sedición. Y es que como principal representante del poder legislativo en Cataluña, las acusaciones la consideran “promotora” del 1-O y la DUI. Bajo su presidencia, la Mesa del Parlament tramitó las iniciativas que, durante el turbulento pleno del 6 y 7 de septiembre, acabarían convirtiéndose en las denominadas leyes de desconexión. También permitió la votación, con el rechazo frontal de la oposición, de la DUI y del inicio de un proceso constituyente para la república catalana.

– Jordi Sànchez: Expresidente de la ANC, también se le considera “promotor” de los acontecimientos que se produjeron entre septiembre y octubre de 2017 como responsable de la vertiente social del ‘procés’ en su condición de líder de una entidad que jugó un “papel crucial” como instrumento de presión al Estado. La fiscía pide para él 17 años de cárcel por rebelión y la Abogacía del Estado 8 por sedición. Actualmente, es diputado de JxCat y fue candidato a la presidencia de la Generalitat, aunque no pudo someterse a la investidura por estar encarcelado.

– Jordi Cuixart: Presidente de Òmnium Cultural, la otra entidad soberanista a la que se considera clave en la organización de las movilizaciones ciudadanas que acompañaron los pasos políticos y parlamentarios del ‘procés’. Como en el caso de Sànchez, la Fiscalía le pide 17 años de cárcel por rebelión y la Abogacía del Estado 8 por sedición. Tanto a Sánchez como a Cuixart se les acusa de dirigir y consentir el asedio a la Conselleria d’Economia el 20 de septiembre del 2017.

– Santi Vila: Exconseller de Cultura, la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para él 7 años por desobediencia y malversación. Como al resto de antiguos miembros del Govern, se le acusa de adoptar acuerdos para ejecutar y desarrollar el 1-O, “desobedeciendo el mandato judicial” y disponiendo para ello de forma “ilegítima” de fondos públicos.

– Carles Mundó: Exconseller de Justicia, se enfrenta a una petición de 7 años de cárcel de la Fiscalía y la Abogacía del Estado por adoptar acuerdos para ejecutar y desarrollar el 1-O, “desobedeciendo el mandato judicial” y disponiendo para ello de forma “ilegítima” de fondos públicos.

– Meritxell Borràs: Exconsellera de Gobernación, sobre ella pesa una petición de 7 años de cárcel que la Fiscalía y la Abogacía del Estado fundamentan, como en los dos casos anterior, en la adopción de acuerdos para ejecutar y desarrollar el 1-O, “desobedeciendo el mandato judicial” y disponiendo para ello de forma “ilegítima” de fondos públicos. Aunque Gobernación es el departamento que regula todos los procesos electorales, estas competencias fueron traspasadas a la Conselleria d’Economia, con Junqueras al frente, meses antes del 1-O.

El juicio como plataforma electoral de Vox y propaganda ‘indepe’

Al margen de las cuestiones procesales, no cabe duda de que el juicio tendrá una repercusión política tanto en Cataluña como a nivel de todo el territorio nacional. Ya la tuvo en las elecciones andaluzas que se celebraron el 2 de diciembre de 2018 y se repetirá en las autonómicas, municipales y europeas previstas para el 26 de mayo. Esa será la primera cita con las urnas a menos que se confirme la noticia que ha circulado este lunes: la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque las generales para el 14 de abril.

En cualquier caso, el partido de extrema derecha Vox, que fue la auténtica revelación en Andalucía al pasar de 0 a 12 escaños en el Parlamento regional, va a tener un altavoz impagable en plena precampaña. Su secretario general, Javier Ortega Smith, es quien lleva la voz cantante para defender las tesis de la acusación particular. El partido de Santiago Abascal se jacta de exigir la “suspensión de la autonomía catalana” como primer punto de su programa; ataca el modelo del Estado de las autonomías y promete desmantelarlo si logra tocar poder, e incluso presume abiertamente de querer ilegalizar los partidos independentistas. Y su secretario general va a poder publicitar su programa ante la atenta mirada de decenas de medios nacionales y extranjeros sin que nadie pueda impedírselo.

Además el juicio va a ser retransmitido en directo, lo que significa que la ciudadanía interesada en seguirlo podrá asistir sin perder detalle a los interrogatorios de Junqueras y los otros once acusados, así como de la larga lista de testigos, entre los que figuran Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro, Roger Torrent, Artur Mas…

Al juicio asistirá también, aunque como espectador, el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien este mismo lunes ha amenazado con activar la declaración de independencia del 27-O tras las sentencias, previsiblemente condenatorias. Torra también intenta llevar el agua a su molino y ha mantenido casi hasta el final la incógnita sobre si los partidos que sostienen a su Govern, ERC y el PDeCAT, permitirían o no la tramitación de los Presupuestos de Pedro Sánchez. Finalmente, y salvo sorpresa mayúscula de última hora, parece que será que no ya que no se han cumplido las condiciones que los independentistas han puesto al presidente para no tumbar sus cuentas: designar un relator, comprometerse a hablar de autodeterminación y “poner fin a la represión” lo que, en la terminología independentista quiere decir dar instrucciones a la Fiscalía para que rebaje las peticiones de penas a los líderes del ‘procés’.

Si las sentencias del juicio con severas, Torra está decidido a activar el mandato para el que considera que le pusieron al frente del Govern, activar la independencia, no una nueva convocatoria a las urnas. “Yo nunca me he planteado nuevas elecciones. Siempre he dicho que necesitamos una respuesta democrática sobre el derecho de autodeterminación”, ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Entretanto, el independentismo también multiplicará exponencialmente su propaganda, sobre todo fuera de España que es donde intenta conseguir apoyo y reconocimiento presentándose como víctima de una persecución política y judicial desmedida. Esa propaganda esgrime que a los líderes del ‘procés’ se les juzga por sus ideas y por haber permitido que los catalanes fueran a votar, cosa que no responde a la realidad porque olvida los hechos más graves que se cometieron para romper la legalidad vigente en el Estado español: la aprobación de las leyes de desconexión y la declaración unilateral de independencia.

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