Cuatro de los cinco presidentes que ha tenido en su historia la Comunidad de Madrid han pertenecido al Partido Popular y los cuatro aparecen en investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado con distintos grados de intensidad. A Ignacio González, los fiscales lo consideran el presunto cabecilla de una organización criminal entorno a la corrupción. Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón tienen en común que su futuro judicial depende de próximos informes que redacte la Fiscalía Anticorrupción para el juez de los casos Lezo y Púnica. 

El juez Manuel García-Castellón mantiene abierta una vía de investigación en el caso Púnica que conduce a Cifuentes. Su origen está en los  informes de la Guardia Civil que trascendieron con el levantamiento del secreto de una parte del sumario el pasado mayo. El empresario Arturo Fernández, adjudicatario del servicio de cafetería y restaurante de la Asamblea, aparece como donante del PP a través de Fundescam. Por su parte, Cifuentes compatibilizaba un asiento en el comité de contratación de la cámara autonómica, con otro en el patronato de la fundación y un tercero en el comité de campaña electoral del PP.

La Guardia Civil tomó declaración a varias personas vinculadas al proceso de adjudicación del contrato a Arturo Fernández. El juez García-Castellón ha imputado por el momento a una de ellas, la jefa de los servicios jurídicos de la Asamblea, Teresa Recoder, quien prestó declaración en la Audiencia Nacional el pasado octubre y exculpó a Cifuentes. Está pendiente que las fiscales del caso Púnica, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, siguen ahondando en los hechos y propongan al juez seguir adelante o descartar los indicios contra Cifuentes.

El anterior instructor, Eloy Velasco, deslizó informalmente a algunos periodistas, antes de dejar el juzgado, que no apreciaba responsabilidad penal en la conducta de Cifuentes, lo que la presidenta de Madrid, su partido y varios medios de la derecha mediática utilizaron para cargar contra el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que atribuye indiciariamente a Cifuentes en sus informes los delitos de cohecho y prevaricación.

El caso Púnica ya ha costado el puesto a uno de los máximos colaboradores de Cifuentes, el que fuera su número tres y consejero autonómico, Jaime González Taboada. La presidenta, a diferencia de la actitud tomada con otros miembros de su partido, siempre puso la mano en el fuego por González Taboada. Lo hizo hasta que un sábado por la tarde prescindió de él. Según la versión ofrecida por ambos, el relevo se produjo a petición del afectado. 

Las dos próximas semanas resultarán determinantes para Ruiz-Gallardón. El juzgado del caso Lezo ha citado a una ristra de testigos e imputados, entre estos últimos a los técnicos del Canal de Isabel II que pilotaron la compra de una sociedad colombiana en 2001 a través de un paraíso fiscal y los miembros del Consejo de Administración de entonces. Lo hace a la espera de recibir nueva documentación y entonces, previo informe de Anticorrupción, decidir si cita a Ruiz-Gallardón y su Gobierno autonómico de entonces. De éste,  ya ha llamado como imputados a los consejeros de Hacienda, Juan Bravo, y de Medio Ambiente, Pedro Calvo. Ambos como investigados.

El “cúmulo de irregularidades” de Gallardón

Ruiz-Gallardón fue el segundo presidente de la Comunidad de Madrid, entre 1995 y 2003, después del mandato del socialista Joaquín Leguina. En su última etapa en la Puerta del Sol, la empresa pública de aguas comenzó a expandirse por Latinoamérica, una decisión que derivó en importantes plusvalías para el Canal, según los responsables de la operación, pero que conllevó “un cúmulo de irregularidades”, según el último escrito de Anticorrupción.

El Canal de Isabel II compró el 75% de Inassa por 65,2 millones de euros de dinero público, un año después de que la empresa privada española Agbar hubiera vendido el 20% por solo 6 millones. En la querella original de Anticorrupción se apuntaba a unas plusvalías de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a manos de distintos implicados en la operación. 

“Existen claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que CYII debió velar, al haberse financiado esta operación con fondos públicos”, ha escrito la fiscal Ana Cuenca.

Aguirre y el campo de golf

Esa misma fiscal debe decidir sobre la sucesora de Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid en una pieza separada de ese mismo caso Lezo. Su antecesor, Carlos Yáñez, sopesó solicitar la imputación de Esperanza Aguirre en la investigación de la construcción de un Campo de Golf en terrenos del Canal en el centro de Madrid. Aguirre tomó el relevo de Ruiz-Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid y gobernó durante nueve años, hasta 2012.

La expresidenta de Madrid ha salido hasta ahora indemne en el plano penal de los los graves problemas con la justicia que han tenido sus consejeros en el Gobierno autonómico, entre ellos Ignacio González y Francisco Granados, sus máximos colaboradores en política.

Sin embargo, la actividad de González puede terminar acarreando problemas a la política y aristócrata. La UCO y la Fiscalía Anticorrupción revisan las modificaciones en el acuerdo para adjudicar el Canal Golf para que Tecnoconcret, empresa vinculada al hermano de González, se hiciera con la explotación en contra de un informe del Ayuntamiento de Madrid.

El presunto delito de prevaricación en la concesión habría prescrito hace tiempo, pero en Anticorrupción valoran si el hecho de que el posible papel de colaboradora de Aguirre, firmante del acuerdo, en la trama liderada por Ignacio González pudiera ser susceptible de encajar en otro tipo delictivo. Los investigadores sospechan que González se llevó una comisión por esa operación.

Ignacio González, el negro futuro de la mano derecha

El hombre que tomó las riendas de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Esperanza Aguirre por motivos personales tiene graves problemas con la justicia, pero no por su época de presidente autonómico sino cuando era número dos y ejercía el control sobre el Canal de Isabel II. Fue, sin embargo, la investigación por el origen del ático de lujo que tiene en Estepona (Málaga) la que le obligó a renunciar a a ser candidato en 2015.

La gravedad de los delitos que se le imputan y los riesgos de que interfiriera en la investigación llevaron al juez Eloy Velasco a ordenar su ingreso en prisión preventiva, situación que se alargó siete meses. Hoy, González está en libertad mientras la investigación del caso Lezo sigue activa. El arranque de la investigación fue la sospecha de que guardaba dinero en Suiza y su aspecto central la compra de una sociedad brasileña por parte del Canal de Isabel II con un modus operandi que a la Fiscalía Anticorrupción identifica en algunos aspectos con la operación realizada en tiempos de Gallardón, cuando la empresa pública de aguas buscó expandirse por Latinoamérica.

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