El Gobierno de Susana Díaz ha respondido de inmediato al requerimiento del Ministerio de Hacienda que advertía de una supuesta desviación de la regla de gasto en Andalucía y reclamaba ajustes adicionales para cerrar el ejercicio 2017 dentro del objetivo del 2,1% fijado por el Ejecutivo central. Del análisis de los datos de ejecución presupuestaria, el departamento de Cristóbal Montoro deduce que Andalucía se ha desviado hasta el 2,8% “poniendo en riesgo” el cumplimiento de la regla de gasto y, por tanto, ha exigido “medidas correctivas antes del presente ejercicio presupuestario”. La Junta ha rechazado de plano los cálculos de Hacienda y teme que Montoro esté tratando de extrapolar a las comunidades la fórmula que aplicó hace una semana al Ayuntamiento de Madrid, al que intervino sus cuentas por incumplir la regla de gasto.

El mininstro envió esa carta el pasado 5 de diciembre y su remitente en Andalucía, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, le respondió de inmediato asegurando que esta región “cumple de sobra” la regla de gasto. Andalucía, dice la carta de respuesta, no puede aprobar gastos extras antes del 31 de diciembre ni tampoco aplicar los nuevos ajustes que pide el ministerio por la sencilla razón de que adelantó el cierre de su ejercicio presupuestario a noviembre. Un mes antes de que el ministro enviara la carta a 10 comunidades alertando del desvío de la regla de gasto en sus territorios, Andalucía ya había cerrado las cuentas para garantizar el cumplimiento de los mecanismos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La consejera andaluza ha aprovechado la carta de Montoro para exigir al ministro que le explique qué fórmula utiliza para computar la previsión de cumplimiento de la regla de gasto en las comunidades, un sistema que Andalucía ya denunció como “poco transparente” en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Montero acusa al ministro de Hacienda de haber imputado a Andalucía más de 700 millones de euros de gasto el año pasado que no estaban computados en los Presupuestos autonómicos de 2016. Los interventores de la Junta, que velan por el uso del dinero público, también acudieron a la Intervención General para conocer el origen de ese repentino desvío en las cuentas andaluzas. La conclusión a la que llegaron es que hay una parte del gasto del Estado en I+D+i que el Gobierno está repartiendo en el cómputo de deuda de las comunidades.

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