El Gobierno de Andalucía ha exprimido sus competencias en materia de lucha contra la violencia de género. Aprovechando que tiene la obligación de adaptar su normativa a los últimos cambios de la legislación estatal y de las directrices europeas (principalmente el Convenio de Estambul, en vigor desde agosto), la Junta ha introducido diez nuevos artículos a la Ley andaluza de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.

Una de las decisiones de mayor calado ha sido ampliar la cobertura de protección a las víctimas del machismo y su entorno. La ley estatal incluye en la consideración de víctima a los hijos menores de la mujer maltratada, haciéndoles potenciales beneficiarios de los servicios y subvenciones que recoge la normativa. Y el Gobierno andaluz amplía ese concepto a mayores, discapacitados y dependientes “que estén al cuidado, tutela, guardia o custodia” de mujeres que sufren malos tratos o conviven en un entorno violento. Este colectivo se beneficiará ahora de atención especializada de los servicios sociales, defensa jurídica gratuita, protección y seguridad, exención de pago de matrículas universitarias, acceso prioritario a recursos, servicios y ayudas públicas, entre otros.

En Andalucía hay 185.700 dependientes atendidos (62.000 en lista de espera) y el año pasado el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) asistió a 4.535 mujeres maltratadas a través del servicio de atención psicológica y a 1.139 en acogida. La Junta aún no ha cruzado los datos para saber cuántas personas dependientes de mujeres víctimas de malos tratos podrían beneficiarse de esta medida, aunque ya ha encargado un estudio preliminar al servicio de Estadística.

La reforma de la ley andaluza contra la violencia de género empezó a tramitarse hace un año en el departamento de Igualdad y ha llegado al Consejo de Gobierno desde el área de Justicia. En el camino ha habido un trasvase de competencias, aunque el espíritu de la norma no ha cambiado mucho. En el ámbito de las competencias andaluzas, la Junta también establecerá la ventana única que integre todas las ayudas y servicios diseñados para las mujeres víctimas del maltrato (educativas, sociolaborales, asistencia legal y psicológica).

La norma también reforzará la formación del profesorado en materia de igualdad y violencia machista y obligará a los medios de comunicación públicos a difundir publicidad y contenidos que prevengan esta lacra social. En lo que va de año ha habido 46 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas (siete de ellas en Andalucía), y ocho menores víctimas mortales. La violencia machista ha dejado también este año 23 niños huérfanos (cuatro en Andalucía). Desde que existen estadísticas (2003), un total de 917 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas en España (179 en Andalucía).

La Consejería de Justicia ha perfilado mucho más la definición de violencia de género, siguiendo las recomendaciones del Convenio de Estambul. Se describe el modus operandi y los efectos del maltrato en el ámbito de la pareja o expareja, “con independencia de que exista o no convivencia”. La ley menciona explícitamente el “feminicidio las agresiones y abusos sexuales, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, la trata de mujeres y niñas; la explotación sexual; la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz o forzado, la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, la originada por la aplicación de tradiciones culturales que atenten contra los derechos de las mujeres, la derivada de conflictos armados y la ciberviolencia”.

Sobre ciberviolencia, la Junta plantea tímidamente la posibilidad de intervenir en las redes sociales, “un coladero” de violencia machista que va en aumento (comentarios, vídeos, agresiones verbales, acoso…).

En 2016, según el último informe que la Junta elevó al Parlamento andaluz, en Andalucía se registraron 29.997 denuncias, un 7,9% más que el anterior. De ellas, un total de 2.986 mujeres se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar en el juicio (un 9,9%). Hubo cuatro mujeres asesinadas y un menor.

El estudio puso énfasis en el aumento de los adolescentes maltratadores, menores de edad. Hubo 50 chavales acusados y enjuiciados por malos tratos a chicas (diez más que en 2015) y 45 (el 90%) terminaron siendo condenados por golpear, agredir e insultar a sus parejas o exparejas. A los tribunales andaluces también llegaron 4.548 hombres imputados por delitos de violencia de género y el 77,59% fue condenado. Desde los centros hospitalarios y de salud, la Junta derivó a los juzgados de guardia 4.422 partes de lesiones a mujeres, un 63% por agresiones físicas (92 de ellas estaban embarazadas).

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