Un informe de Amnistía Internacional critica el “ataque sostenido a la libertad de expresión” que se vive en España por el “aumento exponencial” de sentencias contra personas por el incumplimiento de “una ley draconiana que prohíbe el ‘enaltecimiento al terrorismo’ o ‘humillar a las víctimas del terrorismo’”.

Bajo estos términos presenta este martes la ONG el informe Tuitea… si te atreves: cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España. En éste, Amnistía Internacional se hace eco de recientes y mediáticos casos como la condena de cantantes como Pablo Hasel o Valtonyc y tuiteros particulares como Casandra Vera y sus chistes sobre el asesinato de Carrero Blanco.

Según Amnistía, estos casos han tenido “un efecto profundamente escalofriante, ya que crea un ambiente en el que las personas temen cada vez más expresar puntos de vista alternativos o hacer bromas controvertidas”.

”Enviar raperos a la cárcel por letras de canciones y prohibir la sátira política demuestra cuán estrechos se han vuelto los límites de la libertad de expresión online en España”, apunta Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Artículo 578 del Código Penal

Estos delitos se recogen en el artículo 578 del Código Penal español, artículo que la organización considera “vago” en sus términos. Según este artículo, los condenados pueden enfrentarse a multas, prohibiciones de trabajos en el sector público e incluso sentencias de prisión. El número de personas acusadas según este artículo, tal y como apunta Amnistía en su informe, aumentó de tres en 2011 a 39 en 2017 y casi 70 personas fueron condenadas solo en los dos últimos años.

Para realizar el informe, Amnistía Internacional ha contactado con varias personas relacionadas con recientes casos. Por un lado, el abogado Arkaitz Terrón, que fue detenido en 2014 con otras decenas de personas por mensajes en redes sociales, dice que fue “tratado como un terrorista” por nueve tweets, a pesar de que luego fuera absuelto. Otro hombre, J. C.V., a quien se le impuso una condena condicional de un año por 13 tweets, afirmaba que el “objetivo es crear un clima de autocensura en la población”.

La organización también recuerda que en el juicio contra Cassandra Vera, la sobrina de Luis Carrero Blanco acudió como defensa de la tuitera y afirmó ante el tribunal que estaba “temerosa de una sociedad donde la libertad de expresión, por lamentable que sea, podría conducir a la prisión”.

Peticiones de AI al Gobierno

Entre las principales reclamaciones de Amnistía internacional al Gobierno de España están la derogación del artículo 578 del Código Penal y “garantizar que ninguna de sus disposiciones viola las obligaciones contraídas por España con las leyes y normas internacionales de derechos humanos, y en concreto el artículo 19 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Este artículo recalca que “sólo se penalizan las expresiones que animen a otras personas a cometer un delito reconocible con la intención de incitarlas a cometer dicho acto y con una probabilidad razonable de que lo lleven a cabo, y cuando exista una relación causal clara entre la declaración y el delito”.

Además, también pide al Estado “garantizar que ninguna disposición del Código Penal penaliza expresiones que no representan apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”. Por ello, en sus reclamaciones también está la retirada de todos los cargos y el compromiso de no detener, investigar, procesar ni encarcelar a ninguna persona en aplicación del artículo 578.

Como posible solución Amnistía Internacional propone al Gobierno “Adoptar leyes y procedimientos efectivos para que las víctimas del terrorismo puedan interponer demandas civiles”.

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