aire para los alcaldes que salgan del 26 de mayo

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Los alcaldes recibirán algo de oxígeno financiero pero será después de las elecciones del 26 de mayo. El Gobierno aprobó hace más de una semana el decreto ley con el que levanta la mano para que los consistorios, cuyo gasto está constreñido desde 2013, cuando Cristóbal Montoro impuso una regla de gasto que limita sustancialmente su capacidad inversora, puedan gastar su superávit. Ni siquiera los cumplidores que consiguen superávit (ingresar más de lo que gastan) pueden utilizar el excedente. En los últimos años, esa norma se ha suavizado en la práctica y el Gobierno de Mariano Rajoy y ahora el de Pedro Sánchez han ido permitiendo que los municipios que cumplan una serie de condiciones utilicen el superávit.

El pasado año los ayuntamientos pudieron gastar un total de 1.268 millones de euros del superávit que habían logrado el año anterior, según los datos de la ministra María Jesús Montero. Ahora podrán invertir el excedente acumulado en 2018 gracias a un decreto ley que fue aprobado por el Gobierno y convalidado el miércoles por el Congreso. En Hacienda no tienen por ahora el dato de a cuánto asciende el superávit de los ayuntamientos y la cifra global se conocerá cuando vayan licitando las inversiones que ahora les serán autorizadas.

La posibilidad de gastar el superávit es una reclamación generalizada de los ayuntamientos independientemente de su color político. Sin embargo, el ‘regalo’ que les ha llegado en forma de decreto ley es insuficiente para muchos de ellos, que critican no poder invertirlo en lo que les «dé la gana» –aunque agradecen que el Gobierno de Pedro Sánchez haya ampliado los conceptos de gasto– y, en el caso de los alcaldes de la órbita de Podemos, también critican que se priorice el pago de deuda.

«Los alcaldes están encantados porque van a poder invertir cantidades importantes», afirma el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el socialista Abel Caballero, que celebra, además, que las condiciones para esas inversiones se hayan ampliado: «No poderlo gastar por ley orgánica es una imposición del PP en 2013. Se limitaba mucho y cuando se permitía era en inversiones financieramente sostenibles (obras en la práctica para infraestructuras de carácter viario)», explica Caballero.

Las inversiones financieramente sostenibles las resume en aquellas que no supusieran «un gasto posterior, por ejemplo una escuela o una biblioteca» cuyo funcionamiento en los años siguientes conllevaría un gasto. «Ahora se amplía a cultura, sanidad, escuelas infantiles…», enumera Caballero, que pone como ejemplo al Ayuntamiento de Manuela Carmena: «Madrid tenía mucho superávit pero no podía gastar en comprar muebles para sus escuelas».

Sin embargo, desde el Consistorio de la capital, que ha logrado un superávit en 2018 de 1.072 millones, no se muestran tan optimistas: «El decreto es el mismo. No hay ningún cambio con respecto al del año pasado y la fecha es parecida. Podía haber mejorado», señala el concejal de Hacienda, Jorge García Castaño: «Cualquier paso está bien porque puedes hacer reformas, pero no un cambio sustancial. Este año podemos hacer algo pero no nos va a sacar de pobres».

Acabar con la regla de gasto de Montoro ha sido uno de los caballos de troya de esta legislatura para el gobierno municipal de Ahora Madrid, que vio cómo Hacienda le intervenía sus cuentas en 2017. «No nos vamos a conformar con esto –expresó Carlos Sánchez Mato, que era entonces concejal de Hacienda de Madrid, sobre el decreto del Gobierno–. Seguiremos exigiendo la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de la que, paradójicamente, son paladines precisamente aquellos que han sido incapaces de cuadrar sus presupuestos como sí hemos hecho nosotros allí donde hemos gobernado», agregó el dirigente de IU.

Unidos Podemos propuso reformar la regla de gasto para eximir de ella a los consistorios con las cuentas saneadas. Al llegar a Moncloa, Sánchez se comprometió a suavizarla. Pero es uno de los deberes pendientes para la próxima legislatura, aunque el PP está hasta cierto punto de acuerdo. 

Alcaldesa del PP: «Es una forma de estar intervenidos»

«Los ayuntamientos venimos demandando que podamos invertir en lo que queramos porque es una forma de estar intervenidos. Somos mayores de edad y muy responsables», dice la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, del PP, que es vicepresidenta de la Comisión de Hacienda de la FEMP. «Daría más libertad a los ayuntamientos con cuentas saneadas para decir en qué gastamos y que no sea el Gobierno el que decida. Se lo hemos dicho a Montoro y a Montero», dice la dirigente conservadora, que considera que el municipalismo es la parte de la política menos ideologizada.

El presidente de la FEMP recrimina al PP que haya roto «el consenso»: «No se entiende. Todos los alcaldes están de acuerdo», reprocha Caballero. Pero la alcaldesa de Cáceres justifica el voto en contra de los de Pablo Casado al decreto ley –lo hicieron en los seis que se convalidaron el miércoles en el Congreso para denunciar electoralismo por parte del Ejecutivo–: «Me parece razonable el voto en contra, mucho bombo pero efecto práctico mínimo».

Aunque Nevado tiene previsto invertir los seis millones de superávit que tiene Cáceres fundamentalmente en accesibilidad, zonas peatonales y dinamización del comercio local, reconoce que no llegará a tiempo antes de que su mandato concluya por las elecciones del 26 de mayo: «Pedimos en febrero que aprobara el decreto para que no se echaran encima las elecciones. Como estamos en año electoral va a ser difícil que gastemos nada porque no va a dar tiempo», zanja Nevado.

El sentimiento es compartido por otros ayuntamientos que se han sentido agraviados con determinados titulares que acusaban a Sánchez de haber regado a los ayuntamientos con miles de millones antes de las elecciones. «Es dinero nuestro», dice el concejal madrileño García Castaño, que prevé licitar antes del 26 de mayo unos 450 millones del superávit pero admite que los efectos de cara a los comicios serán nulos: «Antes de las elecciones se verán los efectos de las del año pasado», explica el candidato de Más Madrid, que considera que la fórmula para invertir el superávit es «un calvario administrativo».

«Que nos dejen gastar en lo que nos dé la gana»

«Llega mal y llega tarde. Estamos en abril y en un periodo electoral en el que solo se pueden aprobar cuestiones ordinarias», critica la primera teniente de alcalde de Santiago, María Rozas. «Era una demanda de la FEMP desde el inicio del mandato. Han hecho una propuesta muy similar a la del año pasado, pero con muy poco margen de tiempo para los ayuntamientos», remata.

El Ayuntamiento de Martiño Noriega tiene unos siete millones de los que ahora podrá disponer, pero critica que la propuesta del Gobierno de Sánchez «tiene pocas diferencias con Montoro: «Una parte tiene que destinarse a la amortización anticipada de la deuda», es decir, al pago de facturas, «es cierto que incluye más conceptos sociales, pero la filosofía es la misma: primero la deuda con las entidades financieras». La concejala de Hacienda de Santiago denuncia que «lo que hay detrás de esa filosofía es quitar la autonomía a las entidades locales»: «Puede ser interesante para obras y escuelas, pero a lo mejor la necesidad del Ayuntamiento es otra, como gasto social, contratación de personal , política de empleo…», dice poniéndose como ejemplo.

«Lo de la regla de gasto y las inversiones financieramente sostenibles es un rollo que se inventó Montoro. Que nos dejen gastar en lo que nos dé la gana», dice el alcalde socialista de Cañada Rosal, un municipio de unos 3.500 habitantes a 90 kilómetros de Sevilla. En su caso, se beneficiará de unos 203.000 euros a través del Plan Supera 7 de la Diputación Provincial, que reparte unos 53 millones entre los municipios sevillanos. Rodrigo Rodríguez Hans aún está estudiando en qué invertir: equipamiento deportivo, señalización… El año pasado usó ese dinero para arreglar parte de una carretera o para un coche de la policía municipal, según relata a eldiario.es. 

«Si no estuviera recogido en los Presupuestos o aprobado el decreto este plan no se activaría. No es que sea una campaña electoral porque sale todos los años pero es verdad que hemos encontrado más margen, más flexibilización», dice este regidor del PSOE, que reprocha a quienes se quejan de que las inversiones no tendrán efecto esta legislatura que no pongan las luces largas.

En el Congreso, el decreto ley que Montero calificó de «imprescindible» salió adelante con el voto a favor de todos los grupos a excepción del PP. No obstante, los aliados parlamentarios de Sánchez durante su corto mandato le afearon que solo diera «migajas» a los ayuntamientos, según ERC, y que los siguiera «asfixiando», como denunció Lucía Martín, candidata de En Comú con Ada Colau. La campaña se trasladó una vez más al Congreso, pero a su vuelta la financiación local será una de las tareas que han quedado pendientes.



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